Sin Córdoba, mayoría de provincias fue a la Corte por fondos

Desde el Ministerio del Interior hubo llamadas a algunos ministros de Economía provinciales; intentan encausar la disputa. En el Senado está el proyecto del peronismo para que se compense con ATN los recursos que se pierdan por las medidas paliativas. En juego hay unos $35.000 millones hasta fin de año.

Sin Córdoba -el gobernador Juan Schiaretti todavía analiza qué camino seguirá- 16 provincias se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia para pedir que se declare inconstitucional el decreto del presidente Mauricio Macri que establece la rebaja de impuestos (IVA y Ganancias, entre otros) con impacto en la coparticipación. Además, pidieron una cautelar “urgente” para que, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, no se retraigan los recursos de los fondos coparticipables. En la Casa Rosada, desde Interior, hubo llamados a algunas jurisdicciones para tratar de encausar el conflicto.

Las presentaciones ante la Corte -que fueron individuales- las realizaron Formosa, Tierra del Fuego, Río Negro, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones, Santa Fe y San Juan.

La semana pasada, los gobernadores opositores advirtieron que irían a la Justicia sino había una compensación al recorte de fondos coparticipables. El monto total de la pérdida de recaudación para las provincias es de unos $35000 hasta fin de año, el 35% del costo fiscal global de las medidas.

En el encuentro donde resolvieron ir a la Corte, indicaron en un documento: “Las medidas que se han dado a conocer, realizadas en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontar las mismas, nos hace compartir estos costos fiscales al no disponer con ellas de compensaciones necesarias a las provincias argentinas”.

Agregan en el texto que se trata de “un despojo de nuestros recursos colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento” y sostuvieron que quedan “en grave peligro de no poder afrontar gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la Paz Social”.

El ministro de Economía tucumano, Eduardo Garvich, advirtió sobre el riesgo de que las provincias caigan en déficit: “Hay que intentar encontrar una salida porque, de otro modo, el futuro será complicado”. En declaraciones a El Destape Radio, el subsecretario de Hacienda de La Pampa, Guido Bisterfeld, coincidió. Aseguró que las medidas “desequilibran todos nuestros presupuestos” y “el flujo de ingresos se reduce considerablemente”.

Los mandatarios cuestionan que la medida haya sido inconsulta y que, además, le sirve al Gobierno para tratar de recuperar votos de cara a octubre. El IVA se eliminó por 90 días y en el caso de Ganancias se elevó el piso 20% para los ingresos de todo este año y, además, en el caso de los autónomos se redujo en un 50% el monto de los anticipos a pagar en octubre y diciembre.

En el caso del IVA, de lo recaudado y una vez descontados los reintegros a las exportaciones, 11% va a la Anses (destina 6,27% de lo que recibe a financiar Cajas Previsionales no transferidas por las provincias) y el 89% se coparticipa.

Ganancias es coparticipable en su totalidad desde 2018. El 3% es para la Anses; hay un monto fijo, que tiene por destino final a las provincias y después 38,14% va al Tesoro para gastos del Estado nacional; 56,66% se deriva en forma automática a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires; 4,2% se destina a Tierra del Fuego y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por normas específicas, y 1% queda bajo gestión del Ministerio del Interior para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Además de la ofensiva judicial, senadores del PJ presentaron un proyecto para que le reintegren a las provincias 40.000 millones de pesos para compensar “el desequilibrio que trajeron aparejadas las medidas del gobierno nacional sobre IVA y Ganancias”. Lleva las firmas de Dalmacio Mera, Carlos Caserio y Alfredo Luenzo, entre otros y apunta a que a se pone “en peligro el pago de sueldos y de otros servicios esenciales ya previstos por las provincias”.

El fondo -de lograrse- sería distribuido entre las provincias según el Régimen de Coparticipación de Impuestos. El oficialismo no cuenta con mayoría propia en ninguna de las dos cámaras del Congreso.