Por Felipe Osman
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La bancada oficialista parece decidida a dar, en el Concejo Deliberante, un “empujoncito” a un tema que llevaba en carpeta algunos meses: la modificación al régimen electoral de los centros vecinales.
El asunto viene así: durante los 7 años y medio que la gestión radical lleva al frente del Palacio 6 de Julio los procesos electorales de los centros vecinales han estado (y de momento aún están) regidos por la Ordenanza de Centros Vecinales, en su capítulo electoral. Esta norma dispone, entre otras cosas, que la máxima autoridad de un proceso electoral vecinal es la Dirección de Asuntos Vecinales, que conduce Jaime Juaneda.
Esta oficina, que bajo el actual esquema depende directamente del Ejecutivo Municipal, está a cargo de ejercer el control y la fiscalización de los centros y comisiones vecinales y puede, entre otras cosas, decidir la nulidad de un proceso eleccionario vecinal (art. 57, Ord. 10713).
Ahora bien, para dotar de mayor transparencia a tales asuntos, el proyecto actualmente bajo análisis en el Legislativo Municipal propone derogar todo el capítulo que regula los actos eleccionarios en la Ordenanza de Centros Vecinales y suplantarlo por uno nuevo dentro del Código Electoral Municipal.
Este cambio supondría que, a partir de su sanción, la autoridad máxima en estos procesos dejaría de ser la Dirección de Asuntos Vecinales, quedando a cargo de un juez electoral municipal -por ejemplo- decidir acerca de la nulidad parcial o total de un proceso electoral vecinal.
Veamos otras modificaciones. Según la normativa vigente, es la Asamblea de Vecinos (convocada por la Comisión Directiva de un centro vecinal) quien debe fijar el calendario electoral. Excepcionalmente, la autoridad de aplicación (Dirección de Asuntos Municipales) puede hacerlo. A partir de la hipotética entrada en vigencia del nuevo régimen, el cronograma electoral sería fijado por el juez electoral municipal.
Por otro lado, conforma a la Ordenanza de Centros Vecinales es la Dirección de Asuntos Vecinales la oficina que se encuentra a cargo de proveer los padrones según los cuales se realizan las votaciones para centros vecinales. Según el proyecto en cuestión, en cambio, estos padrones empezarían a ser provistos por el juez electoral municipal.
Estas son, a modo de ejemplo, algunas de las modificaciones que sufriría el régimen electoral vecinal de aprobarse el proyecto que por estos días impulsa el oficialismo. Y de su análisis no queda más que concluir que, con su aprobación, el sistema seria en efecto más transparente. Lo que sorprende, en realidad, es el criterio de oportunidad adoptado por el oficialismo, que aparece ahora decidido a implementar este cambio… justo antes de que su gestión termine y comience la de Martín Llaryora.
El concejal Santiago Gómez, de Hacemos por Córdoba, cuestionó la iniciativa de Juntos por Córdoba en duros términos: “Lo que el oficialismo quiere hacer con la Ordenanza de Centros Vecinales es realmente insólito, pretenden eliminar la participación de la Dirección de Asuntos Vecinales en los procesos electorales de cada centro vecinal y darle esa responsabilidad a Jueces y Fiscales electorales municipales que curiosamente tienen afinidad con el Gobierno que se va. ¿Luego de 8 años donde los funcionarios responsables fueron muy cuestionados por intervenir en las elecciones barriales, a días de irse, proponen cambiar las reglas de juego? Es como si quisieran hacer una ordenanza prohibiendo al Gobierno que viene que le dé el 70% del transporte a una sola empresa, como paso con Ersa. Claramente hay que actualizar las ordenanzas, pero hay que hacerlo de manera seria y pensando en una política de gestión, no cuando se está en retirada y durante 8 años se hicieron los distraídos.”
