La reforma que todos quieren evitar

Es la previsional; todos preferirían seguir poniendo parches a un sector que  genera un gasto creciente y que, sin cambios, volverá a complicar el rojo fiscal argentino.

Por Gabriela Origlia

La semana que pasó se cumplió el plazo para que la comisión creada ad-hoc cuando se aprobó a Ley de Reparación Histórica presentara “un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto”. No sólo no hay novedades sino que, en tiempos electorales, el oficialismo le huye al concepto reforma previsional. Después de la pésima experiencia en diciembre de 2017 cuando el Congreso aprobó la nueva fórmula de la actualización de las jubilaciones, el tema genera preocupación y prefieren no abordarlo.
De todos modos, la campaña terminará y en la próxima gestión quien llegue tendrá que ocuparse de la cuestión previsional. Si no lo hace, el déficit fiscal será indomable porque su principal componente es el gasto en Seguridad Social. No queda más por dónde seguir ajustando. O se avanza en una reforma o al rojo se lo cubre con emisión o deuda.
En Córdoba el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, afrmó: “Ya lo dijimos, no vamos a entrar en una reforma. Lo que sí somos conscientes es que el sistema previsional tiene que ir mejorando”. Aunque en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ese punto no aparece explícitamente como una exigencia es una sugerencia fuerte. Y ya se sabe que el que gobierne los próximos cuatro años desde diciembre o sigue tratando con el organismo o pega un portazo de los que ya Argentina supo dar y asume las consecuencias de hacerlo una vez más.
Un estudio de este año del FMI sobre sistema previsional sostiene que para “lidiar con los costos del envejecimiento”, muchos países instrumentaron significativas reformas de los sistemas previsionales en los últimos años. En ese mismo texto refuerza las recomendaciones para la Argentina y Brasil.
“Las reformas apuntaron en gran parte a contener el crecimiento del número de jubilados, modificando los parámetros claves del sistema; por ejemplo, incrementando la edad de jubilación, endureciendo las reglas para acceder a los beneficios o reduciendo el tamaño de las jubilaciones a través del ajuste en las fórmulas de cálculo de los beneficios”, añade.
Entre sus recomendaciones más generales están extender la edad jubilatoria, reformar el sistema previsional para que haya más participación del ahorro privado y repensar las leyes laborales para la inclusión de los trabajadores de edad más avanzada, entre otras.
El avance de los cambios en Brasil pone más presión a la Argentina; allí se hace también con el objetivo de ahorrar US$ 312.000 millones en 10 años. El déficit estimado para 2019 es de US$ 60.000 millones. El primer punto de la reforma brasileña es la edad mínima y otra importante pasa por la percepción de la jubilación.
Aun con la nueva fórmula de movilidad en la Argentina, hay que el gasto previsional se expande no sólo por aumentos de haberes sino también porque los nuevos jubilados superan a los beneficiarios que fallecen. Por eso es un desafío resolver el tema de fondo; hace dos años el Gobierno pago el costo político de los días de furia frente al Congreso y en el recinto pero las modificaciones quedaron a mitad.
Mientras desde el Gobierno prefieren no hablar del tema, Alberto Fernández repite: “Yo le quiero decir a todos los argentinos que tengan presente, porque me lo ha dicho el enviado del Fondo, que el Gobierno se comprometió a hacer una nueva reforma laboral y una nueva reforma previsional después de las elecciones”.
En cambio, sin dar detalles del cómo, apuntó que en el próximo gobierno “deben tener prioridad en las políticas de Estado a los jubilados y jubiladas, más aun teniendo en cuenta el presente adverso en el que las políticas neoliberales del gobierno de cambiemos los ha tenido como víctimas”.