Boletear las instituciones electorales

La maniobra para negar el tramo presidencial a las listas que quieren usar las PASO para dirimir internas no solo es ilegal, sino que además atenta contra el espíritu de la ley.

Por Javier Boher
javiboher@gmail.com

Uno de los grandes problemas de la Argentina es la falta de instituciones sólidas. Tal afirmación resulta de comparar a nuestro país con otros algo más prósperos (o mejor encaminados hacia el desarrollo). Por supuesto que algunos creen que la riqueza generada está antes, aunque en realidad se necesitan mutuamente.
Las instituciones generan incentivos o desincentivos para la gente y las organizaciones, que modifican su comportamiento en la medida en que sea necesario. Básicamente, cada uno se adapta a lo que las reglas prescriben.
Tomemos por ejemplo el caso de las PASO. La existencia de tal evento operó como un incentivo a la unidad. Seguramente las definiciones se hubiesen dilatado algo más de no haber existido una fecha clara sobre cuándo va a producirse el primer enfrentamiento en las urnas.
La discusión sobre la pertinencia de suspenderlas carece de sentido, tal como hemos tratado oportunamente en estas páginas. Sin embargo, lo que revela esa postura antiprimarias es que -en realidad- no se quiere abrir el juego democrático a otras líneas dentro de cada espacio.
La discusión actual sobre las formalidades gira casi absolutamente en torno a eso. Pasada la novedad de la definición de los colores de las boletas (otra de las cosas que incorporó la ley que estableció las PASO en nuestro sistema electoral) la disputa pasa por esperar que la justicia defina sobre los planteos de aquellas listas disidentes a las que se les ha negado el tramo presidencial por no alinearse con la voluntad de la conducción central.
Esto es un mal que afecta a los principales frentes en disputa, sea el sector que responde a Mauricio Macri como el que lo hace a Cristina Fernández. En uno y otro espacio han decidido negarles la cara conocida a los que decidieron acogerse al mecanismo de las internas por estar disconformes con el reparto en las listas.
No hace falta tener un doctorado en ciencia política para saber que esa maniobra está mal. Quizás no sea legalmente inválida, pero sí contradice el espíritu de la ley, que -contrariamente a lo que ocurrió con gran parte de la legislación propuesta durante el kirchnerato- busca democratizar el acceso al poder en lugar de concentrarlo.
Al principio del reglamento de rugby -extremadamente largo y exhaustivo- hay una definición que ordena toda la construcción legal que sigue. Allí dice que ante una duda el árbitro deberá definir respetando “el espíritu del juego”, una entelequia absolutamente abstracta que, sin embargo, es perfectamente asequible para los que aprendieron los valores del deporte.
La maniobra por la cual se quiere dejar sin competencia a los disidentes va absolutamente en contra del espíritu de la ley, que aunque no se pueda tocar es fácil saber cuál es. No importa lo que dice la letra en sí, que puede fallar o quedar fuera de tiempo, sino aquello para lo que fue creada.
La jugada no resiste mayor análisis. Los díscolos (que en el caso del oficialismo nacional se encuentran en alrededor de media docena de provincias) adhieren a la fórmula presidencial, pero quieren hacerse escuchar para representar a los que no encuentran referentes válidos en las listas aprobadas por la lapicera del poder central del partido.
La excusa de que esos espacios no son orgánicos es puramente infantil. Si bien tal afirmación es cierta, también lo es que ninguno quiere abandonar el partido al que pertenece. ¿Acaso hubiese sido preferible que armen un partido aparte? Innecesario, toda vez que coinciden en el trazo político grueso. Además, nada mejor que una buena interna para combatir la profusión de boletas en el cuarto oscuro.
Fue tanta la insistencia del gobierno nacional en aprobar el voto electrónico que finalmente se perdieron la posibilidad de usar la boleta única, un instrumento que cuando bien diseñado (no como el mamarracho cordobés) disminuye el arrastre y facilita el registro de la voluntad del elector. Ante la supervivencia de la boleta partidaria, afloran las mismas viejas mañas de siempre.
Las instituciones no están para ser cambiadas sobre la marcha, porque eso altera los incentivos de los participantes, traicionando la buena voluntad de todos. En el caso de que las reglas den lugar a interpretaciones polémicas, tal vez lo correcto sería orientarse en el espíritu de la ley y no en la necesidad política del momento. Además, esa voluntad habla demasiado mal de un gobierno que se dice institucionalista, republicano y con vocación para hacer un cambio cultural en Argentina. Estas cosas dejan demasiadas dudas.