Por Gabriel Osman
El juez federal Miguel Vaca Narvaja resolvió procesar a 27 estudiantes por haber tomado durante 30 días, en septiembre de 2018, el Pabellón Argentina, en la Ciudad Universitaria, al acusarlos de usurpación por despojo. Este delito no conlleva prisión preventiva. Además, por ser la pena de una escala que va de los seis meses a tres años, no tiene prisión efectiva, en el caso más que improbable que llegue a juicio oral y público y posterior condena. Más barato, imposible.
El grupo de estudiantes procesados mantuvo tomado el edificio central de la UNC en adhesión a reclamos salariales del gremio docente. Una adhesión que lejos de pedirla el sindicato, siempre la rechazó, al punto que llegaron a un acuerdo salarial y la toma prosiguió, agregando los usurpadores reclamos de los más disparatados, entre ellos el que se llevó el primer premio: la incorporación a una dieta vegana para los que asisten al Comedor Universitario (el menú cuesta $4). El juez que llevó a cabo la instrucción consideró que está suficientemente acreditado que los acusados privaron a autoridades, agentes de la Universidad, al concesionario del bar y al público en general, de las instalaciones de la sede donde funcionan oficinas importantes para la administración de la casa de estudios, entre otras, los despachos del rector y del vicerrector. El magistrado sostuvo en su dictamen que los imputados recurrieron a la violencia y a las amenazas, tanto para ingresar al Pabellón como para mantenerse en el lugar, y que ejercieron fuerza sobre los mecanismos de defensa en el inmueble y destinados a impedir la usurpación. El juez cometió en sus consideraciones la impropiedad de citar a Jean Paul Sartre, al poner en su boca la frase “la libertad de uno termina donde comienza la de los demás”. Tal ramplonería no es del calibre de Sartre, que no se hubiera ganado un lugar en la historia de las ideas por esta calidad de filosofemas.
Más importante es señalar que los estudiantes, cuyo claustro integra los organismos de gobierno de la UNC, no pueden hacer lo que hicieron en su propia casa. Esto no rima ni es de filósofo alguno, pero es verdad. Con los temas importantes que tiene la justicia federal es poco probable que el caso llegue a juicio oral, más teniendo en cuenta la disposición de la mayoría de los estamentos universitarios de instar esa etapa. Esto ya estuvo insinuado en la actuación de las autoridades. El vicerrector Pedro Yanzi Ferreira, a cargo por entonces del Rectorado en ausencia de Juri, fue a los tribunales federales a plantear un “hace presente”, que en el argot judicial significa simplemente dar cuenta de un hecho, pero jamás denunció la posibilidad siquiera de que se estaba cometiendo un delito. Más todavía. Tampoco se constituyó en querellante. Este temperamento anticipa lo que ya podría resolver administrativamente la UNC al existir semiplena prueba de los ilícitos cometidos por los estudiantes: nada. El eventual sumario administrativo que debería sustanciarse jamás se iniciará y si se inicia dormirá en un cajón hasta la prescripción.
Las franquicias con que cuentan estas revueltas estudiantiles y la condonación sistemática que reciben es un fantástico sistema de señales para promover, por omisión, nuevas tomas y destrozos: tomemos tal o cual pabellón o sede, total no pasa nada, sería la pertinente conclusión de los revoltosos. Contrariamente a la declinación del derecho y el deber de ejercer la autoridad, insistentes versiones anticipan que la sesión del próximo martes de Consejo Superior será foco de concentración de manifestantes para protestar por este “escandaloso linchamiento judicial”. Otra posibilidad de ganar visibilidad pública con un nuevo show de protesta. Casi anticipando lo que se presume para el martes, un grupo de estudiantes fueron ayer a la Legislatura para expresar su protesta por la resolución judicial, tal vez buscando quórum entre legisladores de izquierda, que ante cualquier tumulto suman su adhesión por presumir una revolución en marcha.
