Negri toma agenda de seguridad nacional: va por flagrancia

El radical sigue la hoja de ruta del Gobierno central. Promete agilización de causas penales, combate a “motochorros” y extinción de dominio a nivel local.

Negri tomó nota de los buenos resultados de la ley de flagrancia.

En plena campaña para la gobernación, Mario Negri tomó la agenda de seguridad del Gobierno central.
El candidato insiste con que la jurisdicción sucumbió ante la delincuencia y denuncia que no hay un plan en la materia.
Entre otras medidas, anunció que si llega al poder se triplicará el número de cámaras de vigilancia; que se impulsará la sanción de una Ley de Extinción de Dominio local, para recuperar los bienes del narcotráfico; que se pondrá en marcha una brigada anti “motochorros” integrada por 800 efectivos y que se promoverá una nueva modificación del Código Procesal Penal cordobés (la última fue hace poco menos de dos años), a fin de incorporar la figura de la Flagrancia, que rige a nivel nacional y en provincias como Mendoza y San Juan, con buenos resultados.
El radical tomó la hoja de ruta del presidente Mauricio Macri, quien a mediados de marzo volvió a destacar la necesidad de aplicar a rajatabla aquella normativa, sancionada en septiembre de 2016.
“No se entiende cómo alguien que agredió y robó a las pocas horas pueda recuperar la libertad”, disparó el mandatario durante una conferencia de prensa en Jujuy, tras ser consultado sobre una de las tantas liberaciones de “motochorros” en tiempo récord.
En ese sentido, indicó que la legislación que Negri quiere para Córdoba es una “herramienta innovadora” y “fundamental para darle una dinámica distinta al combate del crimen”.
En tanto, argumentó que se trata de un instrumento que va a permitir que los argentinos vean que “la Justicia reacciona en tiempo y forma frente a la acción de las fuerzas de seguridad”.
Asimismo, aseguró que la modalidad delictiva de los “motochorros” pone en jaque a todos los centros urbanos del país.
En octubre de 2016, luego de que la Cámara Alta aprobara la Ley de Flagrancia (número 27.272), que establece un proceso criminal rápido para quienes son sorprendidos delinquiendo, se generó una ola de alarmismo.
La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal emitió una resolución administrativa en la cual plasmó una serie de inquietudes con respecto a la implementación de la manda y alegó que para que el avance que se pretendía tuviera éxito debían adecuarse aspectos estructurales que, según expuso, no estaban “suficientemente preparados”.
Uno de los puntos que tocó fue la supuesta falta de recursos técnicos, electrónicos y de infraestructura en los tribunales y subrayó que debía asegurarse un escenario que permitiera tanto darle pleno efecto a los objetivos de la regulación como asegurar los derechos y garantías de los encausados.
Un mes más tarde, en la misma sintonía, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata resaltó distintas cuestiones y carencias que complicarían a la implementación de la reforma.
Tras aclarar que no estaba facultada para pronunciarse sobre sus fines, señaló que su intención era hacer conocer su opinión a los órganos y autoridades intervinientes en la administración de Justicia sobre las “manifiestas dificultades” que causaría su aplicación; al menos, en el fuero federal Penal con asiento en la provincia de Buenos Aires.
Entre otras críticas, argumentó que el hecho de que las personas aprehendidas en flagrancia debieran comparecer ante los jueces en 24 horas ponía en duda su operatividad.
Pese a los cuestionamientos que se exteriorizaron ni bien el Senado le dio luz verde a la reforma, y con la constitucionalidad del régimen confirmada aún en casos que involucran a menores, la nueva modalidad fue definida como “un éxito” por la titular de la Defensoría General de la Nación, Stella Maris Martínez.
Hace un año, la funcionaria elogió los resultados y enfatizó que es fundamental que el sistema de Justicia sea rápido.
En esa oportunidad, la cartera que comanda Germán Garavano precisó que los procesos orales relevados mostraban que el 69 por ciento de las decisiones definitivas se dieron en menos de 30 horas y que el promedio de duración de las audiencias fue de 28 minutos.
El sistema también funciona en San Juan, en donde está vigente desde agosto de 2017. Según publicó el servicio informativo de la provincia, tuvo 100 por ciento de efectividad: hasta el 7 de marzo del año pasado, ningún caso fue resuelto fuera de término.

 

LEY NACIONAL

La ley nacional 27.272 empezó a regir en 1 de diciembre de 2016.
Prevé que las personas detenidas in fraganti, tanto al intentar cometer un delito o inmediatamente después, y con las pruebas de rigor, tienen que comparecer ante un juez entre 24 y 48 horas después, para una audiencia oral y pública en la cual se decidirá su libertad. La norma se aplica sólo cuando se trata de ilícitos cuyas penas no superan los 15 años de prisión.