Institucionalización o barbarie

La creciente participación de la justicia electoral es una muestra de que las instituciones que versan sobre el tema no consiguen dar respuesta a prácticas que a esta altura ya las exceden.

Por Javier Boher
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Las candidaturas municipales han dejado muchas lecturas posibles. Una de ellas -quizás la más acertada- es la que realizó Pablo Esteban Dávila en estas mismas páginas a raíz de la altísima fragmentación del escenario municipal, con cinco candidaturas que se roban votos en distintas direcciones, en una especie de Piedra, Papel o Tijera electoral.
En aquel análisis se pone el acento en que la cláusula de gobernabilidad (por la cual el ganador obtiene la mayor parte de la representación en el Concejo Deliberante) sería la única manera de pasar por alto la terrible dispersión que se ve de antemano, sumado a que en las dos últimas elecciones el candidato vencedor se impuso por alrededor de un tercio de los votos.
Esa situación por la que un candidato puede ser ungido intendente con solo tres de cada diez votos válidos (un 22% del padrón y un 17% del total de habitantes) es una de las tantas “irregularidades” de un sistema que aún no ha sabido adaptarse al paso de los años, dejando inexplicablemente afuera la figura de la segunda vuelta electoral como herramienta de construcción de legitimidad.
Esos momentos en los que el funcionamiento institucional no acompaña la cultura política de una sociedad genera situaciones por las cuales la justicia debe intervenir más de lo deseable en los procesos eleccionarios. Toda sociedad en la que la justicia sea protagonista es una sociedad sin reglas claras, y toda sociedad sin reglas claras es una sociedad menos libre.
El affaire de las últimas semanas respecto a la capacidad del vicegobernador y diputado en uso de licencia de ser candidato a intendente es una clara muestra de ello. La situación de Martín Llaryora requirió de una interpretación legal que habilite lo que el sentido común determinó en contrario.
El bajo nivel de institucionalización en la ciudad (que no se compensa con un portal de datos abiertos sino con mecanismos más claros de selección de candidatos, lejos de las ambigüedades que tanto gustan a los abogados que redactan las leyes) repercute en el desencanto de los vecinos y en la brecha que separa a los militantes de las posibilidades para candidatearse.
Por eso no es casual que se repitan tantos linajes políticos, con apellidos y cargos que se pasan de padres a hijos, excluyendo en el mismo acto a otros que pretenden acercarse a la actividad pública. Todos esos nombres de aristocracia burocrática que se repiten son tanto causa como consecuencia de la decepción colectiva de los cordobeses respecto a su clase política.
Haciendo un repaso rápido, en las principales listas a intendente se repiten algunos nombres que dan vueltas desde hace más de 15 años. Eso no es necesariamente malo, pero es una clara muestra de que no hay oxigenación en los partidos, básicamente porque la mayoría de los que se repiten son los nombres de los que no ganan nunca.
Nunca está de más decirlo: las instituciones son las que generan los incentivos para que los intereses se agrupen y se canalicen hacia la creación de políticas públicas de calidad. La falta de instituciones, por el contrario, disuade de la participación y alienta las prácticas del amiguismo o la viveza criolla, todas contrarias a un verdadero funcionamiento republicano.
La habilitación de la candidatura de Llaryora, la insistencia de Riutort, el regreso de Juez o la aventura independiente de Quinteros son todas reflejo de que los partidos están sufriendo -hoy más que nunca- las consecuencias de las políticas barbáricas que durante tanto tiempo se sostuvieron para el Estado, esas de la imprevisión y los favoritismos.
No debería sorprendernos que las próximas elecciones, aún cuando parezcan tener una tendencia más o menos clara, terminen con acusaciones cruzadas de manipulación, clientelismo o coerción sobre los votantes, todos manotazos a los que deben recurrir los derrotados cuando el agua les empieza a llegar al cuello.
Las instituciones cordobesas (tanto en la ciudad como en la provincia) deben actualizarse a las demandas de la sociedad, que pretende reglas claras que generen previsibilidad y faciliten los procesos de renovación periódica de los cargos, sin polémicas judiciales sobre los candidatos elegidos.
La realidad es que ningún partido parece verlo de igual modo. Quizás por eso la justicia sólo consagró lo que aquellos eligieron antes.