Campaña no postergará debate de leyes penales

Pese al frenético calendario electoral, el oficialismo alienta la sanción de la reforma del ordenamiento criminal y el cambio del régimen para menores que delinquen.

A pesar de las objeciones sobre los proyectos, por defecto o por exceso, y del frenético calendario electoral, el oficialismo busca que el Poder Legislativo debata leyes penales clave.
Esta semana, durante su primera presentación del año ante el Congreso, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, pidió que se sancione el nuevo Código Penal “independientemente de la campaña”, para darle
“herramientas a la Justicia, a las fuerzas de seguridad y a los ciudadanos”.
Al brindar su informe de gestión en la Cámara Alta, recordó que el cuerpo normativo fue modificado más de 900 veces y que en los últimos 100 años se crearon 18 comisiones para reformarlo, destacado que la variación que impulsa el Gobierno es la primera que logró consenso.
Según Peña, el texto que ingresó el lunes al Parlamento incorpora “miradas contemporáneas sobre el delito” y “hace especial hincapié en el cuidado de las víctimas”. También aseguró que tiene “perspectiva de género transversal”.

Aborto
Así, de manera implícita, se refirió a la discusión sobre aborto, al sugerir que la discusión se desarrolle “previendo, si hace falta, salvaguardas para temas que se han debatido hace poco tiempo”.
La propuesta que surgió del trabajo de los expertos que Mauricio Macri designó en enero de 2017 incluyó normas sobre la interrupción voluntaria del embarazo a mediados del año pasado, mientras el tema monopolizaba la agenda parlamentaria, y retrasó el envío del articulado al Legislativo.
Aunque mantiene la sanción para las mujeres que se someten al procedimiento, abre la posibilidad de que los jueces decidan si corresponde eximirlas. Además, reglamenta el fallo “FAL”, dictado en 2012 por la Corte, que legaliza la interrupción de gestaciones producto de abusos sexuales.
El planteo no satisface las expectativas de los sectores que intentaron poner en marcha un “plan B” mientras le legalización naufragaba en el Senado, cuando hicieron gestiones para discutir una alternativa más suave: la despenalización.
La idea comenzó a definirse ante el escenario de derrota. El presidente del PRO a nivel nacional, Humberto Schiavoni, intentó sumar voluntades dentro del oficialismo, pero no tuvo éxito y se consolidó la grieta interna.
Sin embargo, los partidarios de “sacar algo” no desistieron e internaron concretar la estrategia, como una manera para avanzar en el camino hacia una eventual legalización suprimiendo el castigo, pero no tuvieron éxito. El jefe del bloque Justicialista, Miguel Pichetto, se inclinó por el todo o nada y frenó las tratativas, que tampoco contaban con el visto bueno de los representantes del FpV.
El proyecto no era ideal y la intransigencia a la hora de repensar puntos críticos, como la objeción de conciencia, tuvo su costo. Ahora, es previsible una verdadera batalla en el Congreso por la tibia sugerencia de la comisión encargada de redactar la reforma; en especial, por el margen de maniobra que le da a los magistrados, una atribución cuestionada por “verdes” y “blancos”, con distintos argumentos.
Otro punto que generará controversia si finalmente hay debate es la virtual despenalización del consumo y del autocultivo de marihuana en cantidades compatibles con el uso personal, en función de los lineamientos que fijó la Máxima Instancia en “Arriola”, en 2009, cuando declaró que el castigo de la tenencia y del uso de drogas es inconstitucional.
El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, presidente de la comisión reformadora, ya precisó que cuatro de cada diez causas por tenencia simple de estupefacientes y consumo o cultivo personal terminan en sobreseimiento, indicando que el cambio que diseñó junto a sus colegas se direcciona a que el Ministerio Público Fiscal pueda dirigir sus recursos a la persecución del crimen organizado.
Pese a los datos, Usina de Justicia, la ONG que lucha contra el denominado abolicionismo penal, ya se pronunció en contra de la idea, en el entendimiento de que “fomenta la cultura de la droga”.
Otro asunto delicado que podría debatirse este año es el Régimen Penal Juvenil. Un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Presupuesto ya convocó a audiencias públicas.
El nuevo Régimen Penal Juvenil volvió a la hoja de ruta política en el tramo final del receso de verano, enmarcado en diversos anuncios sobre seguridad.
El tenor de la iniciativa se conoció en febrero. Con el ministro de Justicia Germán Garavano y la titular de Seguridad, Patricia Bullrich, como caras visibles, el Gobierno difundió su anteproyecto de ley, que contiene un centenar de artículos y baja de la edad de imputabilidad de 16 a 15 años para delitos graves, como robo con armas de fuego y homicidio.
Entre otras previsiones, establece que la cárcel será el último recurso y por el plazo más breve posible.
El Frente Renovador cuestiona la propuesta, por tibia, y alienta la mano dura con una iniciativa propia que fija la edad de imputabilidad a los 14 años.
El espacio cuestiona al oficialismo por plantear un régimen que, según valora, “trata a los menores con algodón para que no se paspen”.
En el otro extremo, el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina sostuvo que la iniciativa oficial conlleva una “inocultable tensión” entre la decisión política estatal dirigida a bajar la edad de imputabilidad y el reconocimiento pleno de derechos y garantías de los menores, sujetos privilegiados.