Por María del Pilar Viqueira
En diciembre, Thelma Fardín confirmó que denunció a Juan Darthés por abuso sexual, por un hecho supuestamente cometido en 2009, cuando tenía 16 años, durante una gira en Nicaragua.
La prudencia es buena consejera, pero nadie la escuchó. Las redes sociales, el grueso de la comunidad artística y algunos medios sentenciaron casi en el acto que Darthés es un violador; incluso,
en una de las últimas sesiones de 2018, en el Congreso se visualizaron carteles con la leyenda “Mirá como nos ponemos”, la consigna lanzada por el colectivo Actrices Argentinas que llegó a una remera de la marca Ona Saez en tiempo récord.
Pese a que negar la posibilidad de que la versión de Fardin sea veraz es tan insensato como darla por cierta, la ex jueza del TSJ María Esther Cafure de Battistelli opinó sobre el caso para el matutino La Voz del Interior y sostuvo: “estamos obligadas a creer ese testimonio”. Además, estimó que los ilícitos de género no pueden tratarse “con los criterios de un delito común”.
Edu Vázquez
Recientemente, trascendió la triste noticia del suicidio del DJ cordobés Edu Vázquez, de 37 años. Batallaba contra un cuadro depresivo generado por el hostigamiento y las acusaciones de su ex pareja en las redes.
Llegó a exponer públicamente su situación. En su cuenta de Facebook, entre otros ruegos, pidió que se considerara que la violencia de género puede venir “de ambas partes”.
Vázquez fue víctima de unos 200 escraches en pocos meses, pero sus planteos no tuvieron repercusión.
Hace una semana, mientras se hacían actos y marchas por el Día de la Mujer, un grupo de personas vinculadas a las ciencias sociales, a la filosofía, a la psicología, al arte y a la docencia manifestó su preocupación por casos como el de Darthés y Vázquez, entre otros, y lanzó la plataforma “Libertad & Equidad”.
Se trata de un colectivo apartidario y laico, conformado por profesionales que dejaron de lado sus diferencias ideológicas para promover la libertad individual y la equidad jurídica.
“Libertad & Equidad nace como respuesta a prácticas inquisitoriales que vulneran derechos fundamentales de los ciudadanos, tendiendo a imponer un pensamiento único y que, en ciertos casos, evocan etapas oscuras de nuestra historia que no estamos dispuestos a repetir”, consignaron los miembros de la agrupación en su declaración de principios.
Como pilares fundacionales, citaron el respeto a la presunción de inocencia, a la igualdad ante la ley y a la libertad de expresión, “valores irrenunciables, superiores a cualquier creencia, teoría u opinión”.
Asimismo, en el documento que difundieron el 8 de marzo condenaron la violencia “indistintamente del género” y de “cualquier otra característica particular de quién la practique”.
Paralelamente, se comprometieron a denunciar “la censura, la persecución y el amedrentamiento contra la disidencia que efectúan ciertos referentes del discurso monopólico sobre género, en diversas esferas de la vida pública argentina” y a combatir “la práctica de la falsa denuncia promocionada como metodología y sistema”; el juicio desigual a hombres y mujeres; la apropiación mediática de atribuciones judiciales y “todo tipo de abuso producido por el feminismo autoritario”.
En tanto, anunciaron que tomarán medidas concretas, incluyendo vías legales.
También adelantaron que refutarán de “manera pública y rigurosa falacias o manipulaciones de la realidad” para desenmascarar “intereses políticos, económicos y personales”.
Entrevistado por Alfil, el periodista Nicolás Morás, que impulsó la iniciativa junto con el escritor Gonzalo Garcés, la comunicadora Romina Rocha, el abogado Francisco Oneto y la médica Chinda Brandolino, entre otros, detalló que uno de los disparadores para poner en marcha la organización es la afectación a garantías constitucionales que se registra en la actualidad.
“En algunas provincias, como Mendoza, debieron ampliar o construir nuevas cárceles para albergar a los imputados por violencia doméstica o sexual; tres cuartos de ellos sin condena. Muchos iniciaron una huelga de hambre para hacer valer sus garantías constitucionales no respetadas, pero nadie en la prensa hegemónica se pronunció al respecto”, enfatizó.
Además, alertó que músicos, escritores y periodistas han sido escrachados o censurados por “blasfemar contra el dogma obligatorio del Estado”.
Morás se refirió a la causa en contra del cantante Gustavo Cordera, que se juega seis años de prisión “por un chiste malo grabado sin su consentimiento” y valoró que el primer y “más insigne” de todos los ejemplos se dio en 2014, con el documental “Borrando a Papá”, de las periodistas Ginger Gentile y Sandra Fernández, que fue censurado (no pudo estrenarse) y reveló “las prácticas nefastas del feminismo judicial y sus efectos devastadores para los niños”.
Entre lo que definió como medidas de índole represiva que impactan sobre la vida privada de los ciudadanos, Morás citó las penas previstas para “la amplísima figura del acoso callejero” y “las nuevas normativas puritanas sobre publicidad”.
Para Morás, estamos en un “hoguera de odio colectivo” y destacó que la “guerra-civilista” ya produjo linchamientos y, en un solo verano, dos suicidios de inocentes, incluyendo el de un chico de 17 años “cuya denunciante confesó su perjurio sin ninguna consecuencia penal”.
