Justicia Legítima, santa patrona de la obra pública trucha

El juez federal de Dolores que investiga a uno de los fiscales del caso “cuadernos” pertenece al grupo. En 2015 congeló una causa conexa con “la ruta del dinero K”, por la protección del Fisco a Lázaro Báez. Fue denunciado por la Coalición Cívica.

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Carlos Stornelli. Recusó a Ramos Padilla por riesgo de parcialidad.

En el marco del revuelo judicial por la denuncia en contra de Carlos Stornelli, uno de los fiscales de la pesquisa “cuadernos de las coimas”, por presunta extorsión, el presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, Juan Carlos Marino (Cambiemos), ratificó que el caso se analizará el próximo jueves.

El senador advirtió que no permitirá que el cuerpo sea desprestigiado con información falsa. “Hemos trabajado con consensos y transparencia hasta el día de hoy y esta causa no cambia las cosas”, indicó en un un comunicado.

En tanto, cruzó a la oposición, que protestó por supuestas demoras en la convocatoria, y sostuvo que si la Bicameral no se reunió antes fue porque los legisladores que la integran no confirmaron su presencia.

Además, precisó que una eventual citación al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla se definirá mediante  votación en la audiencia de la semana que viene y ratificó que el magistrado envió documentación, luego de que le cursara la solicitud de rigor.

“Recibimos una caja lacrada que se encuentra reservada y que será abierta frente a todos los legisladores”, especificó Marino.

La causa que involucra a Stornelli la inició el empresario Pedro Etchebest, quien aseguró que el falso abogado Marcelo D’Alessio le pidió dinero en nombre del agente para no involucrarlo en el expediente en el cual se investiga la cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo.

La defensa del fiscal ya objetó la competencia de Ramos Padilla para intervenir en las actuaciones, ya que el hecho habría ocurrido en la ciudad de Buenos Aires y, por ello, debería tramitarse en Comodoro Py.

Pocos días después de del planteo de Etchebest,  Stornelli denunció por defraudación a D’Alessio ante el juez federal Julián Ercolini, quien ya reclamó la causa que tiene Ramos Padilla, miembro activo del colectivo K Justicia Legítima.

Paralelamente, Stornelli lo recusó, por temor a parcialidad.

El letrado del fiscal, Roberto Ribas, alega que los cargos sobre su asistido forman parte de una operación para entorpecer la instrucción del caso “cuadernos”.

Lo propio estima la Coalición Cívica (CC), que con las firmas de Elisa Carrió, Paula Olivetto y Mariana Zuvic amplió ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Gerardo Pollicita su denuncia en contra de Ramos Padilla, en la cual lo sindica como partícipe de una maniobra orquestada por ex funcionarios del anterior gobierno alojados en Ezeiza.

La CC interpreta que  Ramos Padilla integra una estructura que intenta blindar a la ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner por los  avances en la causa que se inició por las anotaciones del chofer Oscar Centeno, y la líder de aquel espacio ya anticipó que pedirá su juicio político.

El miércoles, con la confirmación del procesamiento del ex titular de la Afip, Ricardo Echegaray, por encubrir la operatoria irregular de empresas de Lázaro Báez, en 2012, obstaculizando procesos de fiscalización, el derrotero de Ramos Padilla como magistrado  quedó en la mira; en especial, por su pertenencia a Justicia Legítima, cuyas filas se nutren de funcionarios que, durante años, tuvieron escaso interés por profundizar en denuncias vinculadas a la obra pública trucha.  Cabe citar la indiferencia del ex número uno de la Procelac, el cordobés Carlos Gonella, por investigar a Báez en el tramo inicial de “la ruta del dinero K” (que le costó un procesamiento), o la parsimonia de Sebastián Casanello para activar la instrucción.

Hace siete años, Echegaray cerró la oficina del Fisco en Bahía Blanca y trasladó personal cuando los movimientos de las firmas de Báez empezaron a generar sospechas de lavado.

En 2015 se intentaba avanzar con el expediente, pero en junio un subrogante llegó a juzgado federal de la ciudad costera y lo paralizó: era un tal Ramos Padilla.

Fue designado por el Consejo de la Magistratura, controlado por el kirchnerismo, para reemplazar a Santiago Ulpiano Martínez, quien poco antes de ser desplazado dispuso medidas de prueba en las actuaciones por facturas apócrifas, antecedente de la causa por lavado que llevó a Báez, primero a la cárcel y luego al banquillo de los acusados.

Tras la renuncia de Ramos Padilla a la subrogancia, el 31 de  diciembre de 2015, para volver al puesto que ocupaba desde 2011 en Dolores, los suplentes que lo relevaron tampoco aceleraron la investigación. Recién con la llegada de Walter López Da Silva a la sede, en noviembre de 2017, se registraron avances.