En tiempos de campaña, al Surrbac le alcanza con amenazar

El sindicato de recolectores lanzó este miércoles una medida de fuerza que levantó ayer. Un día de trabajo a convenio fue suficiente para llamar la atención a Municipalidad y que ésta actualizara el plan de pago para liquidar la indemnización extraordinaria que los recolectores cobran por cambiar de empleador.

surrbacDespués de un fin de semana de cuatro días el sindicato de recolectores volvió a la carga con nuevas medidas de fuerza. En este caso, de “trabajo a convenio” y “quite de colaboración”. Eufemismos para decir que se cumple horario, aunque no se preste el servicio.

Como es habitual en el sindicato capitaneado por el tándem Mauricio Saillen-Pascual Catrambone, los motivos expuestos como causa del reclamo no fueron los que realmente lo ocasionaron.

En los papeles, el gremio decidió que los barrenderos y los empleados que prestan funciones en el predio de disposición final de Piedras Blancas trabajaran a convenio porque el Esop (Ente Municipal de Servicios y Obras Públicas) no brindaba a los trabajadores los elementos de seguridad necesarios para desarrollar sus tareas.

Sin embargo, desde el Palacio 6 de Julio desmintieron estas versionas. Por el contrario, afirmaron que la Municipalidad brinda y siempre ha brindado los elementos necesarios para garantizar la indemnidad de los operarios.

Avalando esta versión, el conflicto se destrabó rápidamente cuando el Esop acordó un plan de pago para liquidar a los operarios del Surrbac las últimas cuotas de la indemnización que los representados por Saillen cobran por cambiar de empleador.

Este novedoso concepto es una particularidad del convenio colectivo del Surrbac. Por él, lo recolectores, barrenderos y operarios del predio de disposición final, cobran una indemnización igual a la que le corresponde por ley a un trabajador que es despedido aún sin que esto suceda, por el sólo hecho de cambiar de empleador.

La presunta justificación de esta disposición sería que al cambiar la empresa que presta el servicio, los trabajadores se verían desamparados si ésta entrara en cesación de pagos y terminara perdiendo el capital necesario para responder ante sus empleados. En tal caso, plantean, los trabajadores perderían su fuente de trabajo sin recibir indemnización alguna.

Sin embargo, obligar a las prestadoras a constituir un fondo de reparo parecería ser una solución más razonable que indemnizar a todo el personal cada vez que el servicio pasa de manos y absorbe a todos los trabajadores de la anterior concesionaria.

Ahora bien, en el caso de los trabajadores que pasaron de las prestadoras privadas al Estado, la indemnización carece de cualquier sentido. El Estado, por definición, no puede “quebrar”, dejando desamparados a sus empleados. En este caso, el pago de la indemnización no encuentra siquiera una justificación parcial, y es simplemente una ventaja lograda por el Surrbac a fuerza de prepotencia.

Ese es y ha sido siempre el modus operandi que implementa el sindicato de recolectores. Aunque desde luego, en tiempos previos a la campaña electoral, la administración es más concesiva, y ahora le ha bastado con sólo “amagar”. La proximidad de los comicios aumenta la exposición del Palacio Municipal y lo hace más frágil a medidas de fuerza tan visibles como las que puede desplegar un gremio que tiene a su cargo la recolección de residuos en la ciudad.