La recesión económica y su reflejo en la caída de la recaudación provincial determinó, el año pasado, que la Provincia diera por caduco el acuerdo paritario celebrado con los gremios públicos y los convocara a renegociar la paritaria a partir de octubre. Esto sucedió en virtud de una cláusula que condicionaba el reajuste inflacionario a la evolución de la recaudación de El Panal.
Y a los ojos de los docentes, fue precisamente esta la cláusula que ocasiono la pérdida del poder adquisitivo en sus salarios, al terminar 2018 con un aumento de 36 por ciento contra una inflación de 47 puntos. Esta pérdida junto a un condicionamiento similar que desde el Centro Cívico esperan renovar son los principales obstáculos para que la UEPC acuerde una pauta salarial con la Provincia y el dictado de clases vuelva a la normalidad.
Sin embargo, la causa eficiente que desató el problema entre la Provincia y los docentes sigue vigente. Más aún, durante el fin de semana se conoció un estudio del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) que muestra una nueva caída de la recaudación –en este caso del Estado Nacional- en el IVA, y por cuarto mes consecutivo.
Aunque alguien podría objetar que se trata en este caso de las finanzas públicas del Estado Nacional y no de la Provincia, tal objeción no llegaría demasiado lejos, ya que los ingresos provinciales están directamente determinados por la recaudación impositiva nacional por medio de la coparticipación. En resumidas cuentas, aunque la nación recauda, buena parte de esos fondos tiene por destino llegar a las cuentas de las provincias.
Pero además, la caída del IVA es un testimonio directo de la caída de la actividad económica. Huelga decir entonces que la recaudación provincial se ve afectada por la recesión que estos índices revelan en forma directa.
Todo esto conduce a una encrucijada. La Provincia pretende –con toda lógica- resguardar las cuentas públicas incluyendo en los acuerdos paritarios con gremios públicos una cláusula que condicione el reajuste inflacionario de los salarios a una evolución favorable de la recaudación provincial.
Los docentes, por su parte, no quieren ser socios en las pérdidas. Y la razón también los asiste. Son, en fin de cuentas, empleados. Y como tales, no tendrían por qué solidarizarse con las desventuras financieras de su empleador. Pero he aquí un problema: su empleador es el Estado.
Por otro lado, resulta difícil encontrar gremios que no hayan perdido contra la inflación durante 2018. Probablemente el único privilegiado haya sido el Suoem que, ajeno a lo que suceda con el resto del mundo, logró una actualización salarial que acompaña mes a mes el aumento de los precios sin importar que la recaudación municipal acompañe a la inflación. Se trata de un gremio público. En el sector privado las perdidas en el salario real fueron, en muchos casos, mayores a las que sufrieron el SEP y la UEPC.
Esto no deslegitima el reclamo docente. Pero si hace muy improbable que la Provincia acepte otorgar a los educadores un sistema de recomposición salarial que no quede condicionado a la evolución de la recaudación impositiva. Los funcionarios de El Panal repiten que su principal responsabilidad es cuidar de las finanzas públicas. Y parece necesario que así sea.
Así las cosas, el acuerdo entre los docentes y la Provincia deberá encontrar un mecanismo de actualización que se acerque un poco más a cumplir las pretensiones de los educadores, pero desde el Centro Cívico no aceptarán una paritaria que exponga las cuentas públicas comprometiendo un reajuste salarial que no sea compatible con la evolución de la recaudación.
Plan de lucha
Los docentes pararán durante esta semana y se espera que, al menos durante la primera jornada, la huelga tenga un acatamiento largamente mayor al de las últimas medidas de fuerza adoptadas por UEPC. Además del paro habrá una gran movilización en Buenos Aires que tendrá su réplica en Córdoba, donde los docentes se concentrarán a partir de las 10 en Salta 160.
