Apertura de sesiones: de la agenda feminista a la seguridad

Aunque este año también es electoral, Cambiemos ya no tiene margen para procrastinar y habrá anuncios en materia de legislación penal juvenil.

Por María del Pilar Viqueira

Con un centenar de normas, la iniciativa se enfoca en el plano preventivo.

Pasado mañana, Mauricio Macri abrirá el 137° período de sesiones ordinarias del Congreso y el nuevo Régimen Penal Juvenil, un asunto que volvió a la hoja de ruta política en el tramo final del receso de verano, enmarcado en diversos anuncios sobre seguridad, figurará en su discurso.
El debate por la situación de los menores en conflicto con la ley criminal se reavivó en enero de 2017, tras el crimen de Brian Aguinaco, de 14 años, en el barrio porteño de Flores, a manos de un par, de 15.
En aquel entonces, pese a los reclamos del Frente Renovador para que se convocara a extraordinarias y se abordara inmediatamente una reforma, el ministro de Justicia Germán Garavano anunció la conformación de una comisión multidisciplinaria. El grupo trabajó varios meses sobre la normativa vigente y el oficialismo logró que la discusión parlamentaria se postergara, evitando que un tema tan sensible se superpusiera con la campaña legislativa.
El objetivo era que la propuesta de modificación se emitiera en 2018, pero el tenor de la iniciativa se conoció hace pocos días.
Aunque este año también es electoral, Cambiemos ya no tiene margen para procrastinar. Así, la “agenda feminista” que planteó Macri en su alocución del 1 de marzo de 2018 será sustituida por otra, con anuncios en materia de legislación penal.
La semana pasada, con Garavano y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como caras visibles, el Gobierno difundió su anteproyecto de ley, que contiene un centenar de artículos y baja de la edad de imputabilidad de 16 a 15 años para delitos graves, como robo con armas de fuego y homicidio.
Garavano adelantó que se trata de una ley “eminentemente preventiva” y Bullrich dijo que prevé “un sistema de contención”, para que “que haya menos delincuentes y no más presos”.
Entre otras previsiones, establece que la cárcel será el último recurso y por el plazo más breve posible.
Por su parte, Juan José Benitez, subsecretario de Justicia y Política Criminal de la cartera de Justicia, recordó que el sistema actual, implementado a través de un decreto de la dictadura, le otorga una enorme discrecionalidad a los jueces sobre “la libertad y el destino de los menores” y que es poco eficaz en la reinserción.
El plan recibió críticas, por defecto o por exceso.
El Frente Renovador figura en el primer grupo. Alienta la mano dura: en el texto que promueve fija la edad de imputabilidad a los 14 años y cuestiona al oficialismo por plantear un régimen que “trata a los menores con algodón para que no se paspen”.
En el otro extremo, el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina sostuvo que la iniciativa del Gobierno conlleva una “inocultable tensión” entre la decisión política estatal dirigida a bajar la edad de imputabilidad y el reconocimiento pleno de derechos y garantías de los menores, sujetos privilegiados.
Pese a los cuestionamientos, Bullrich defiende el proyecto. Entiende que “le va a dar una solución” a quienes se inician a corta edad en actividades ilícitas, para que no emprendan “una carrera delictual que genere víctimas”, y confirmó que la Administración que integra “ya tomó una decisión respecto al problema”.
En cuanto a la reforma del Código Penal, si bien el articulado llegará al Congreso, su tratamiento podría demorarse por otras prioridades.
Si ese escenario no se da y hay debate, será histórico, ya que entre los cambios figura la virtual despenalización del consumo y del autocultivo de marihuana en cantidades compatibles con el uso personal.
Al elaborar su propuesta, la comisión de expertos designada por Macri tomó en cuenta los lineamientos que fijó la Corte en el precedente “Arriola”, del 2009.
Cabe recordar que luego de que el Máximo Tribunal se pronunciara, el kirchnerismo aseguró que iba a proponer una “reforma seria” de la Ley de Estupefacientes, pero como en tantos otros temas se limitó a usufructuar la consigna.
Luego de varios pasos en falso, en 2014 Cristina Fernández de Kirchner intentó capitalizar la repercusión que logró en el mundo José “Pepe” Mujica e instruyó a sus emisarios para que impulsaran el debate por la despenalización para uso terapéutico. Tampoco pasó nada.
Si bien en “Arriola” la Corte instó al Judicial a respetar el artículo 19 de la Constitución Nacional, que garantiza la privacidad de los ciudadanos, mientras la ex mandataria ensayaba su última puesta en escena alabando el “modelo uruguayo” la jurisprudencia era caótica.
Ante ese panorama, al hablar en la apertura de la VI Conferencia de Jueces Federales, Ricardo Lorenzetti instó a las autoridades a enfocarse en la solución de los “problemas reales” y no en los bretes del poder.
Con relación a los anuncios del kirchnerismo, que aseguró que estaba trabajando en iniciativas para no criminalizar a los usuarios de drogas, y a los dichos del entonces titular de la Sedronar, Juan Carlos Molina, quien planteó la necesidad de habilitar el “consumo de todo”, Lorenzetti recordó que cinco años antes la Corte ya había fijado pautas claras sobre la problemática.
Además, subrayó que si bien el decisorio reforzó la protección de la libertad individual, exhortó a los poderes del Estado a combatir el narcotráfico. “Todavía estamos esperando políticas claras, coordinadas y concretas para que esto suceda”, expresó. “Los mensajes a la población deben ser claros”, disparó también.
Ahora, la modificación normativa que sugieren los especialistas que seleccionó el primer mandatario plasmó lo que estableció la Corte, pero no solo en relación a los usuarios, sino también sobre el tráfico: prevé penas más duras para la comercialización de drogas en todos los casos que involucren a menores y agrega como nuevo tipo penal la “organización internacional dedicada al narcotráfico”.