Por María del Pilar Viqueira
La feria se extiende en la Justicia cordobesa. La conducción de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj), encabezada por Federico Cortelletti, confirmó que hoy no habrá actividad.
El nuevo paro, anunciado a fines del año pasado cuando se levantó otra medida de fuerza convenientemente “enganchada” con el receso veraniego, el viernes 28 de diciembre, alarga las vacaciones del sector.
El gremio insiste con su pedido de mejoras salariales y con la necesidad de que merme la brecha entre los sueldos de magistrados y empleados.
Puntualmente, alega que la suba que se logró (cuatro incrementos de 10 por ciento) no basta.
Con la campaña electoral en marcha, es previsible que la resistencia a la austeridad de la corpo judicial se profundice, ya que aunque es beneficiaria de una enorme redistribución de recursos desde el resto de la ciudadanía los lamentos son moneda corriente.
En octubre de 2017, la Corte fijó el presupuesto para 2018 en $ 7.201 millones pesos. La cifra implicó un incremento del 23,81 por ciento, pero a lo largo del año pasado expuso sus quejas y argumentó que el dinero no bastaba.
Las exigencias se profundizaron en junio, cuando el tono del sorpresivo reclamo por fondos que hizo el Supremo abrió un conflicto con el Gobierno.
En esa oportunidad, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti le cursaron una nota al jefe de Gabinete Marcos Peña solicitando más dinero y hablaron de una posible “paralización” del servicio por falencias presupuestarias.
A mediados de noviembre, los ministros volvieron a la carga. Para no girar más recursos, Peña apeló al argumento de la austeridad y manifestó que teniendo en cuenta los esfuerzos del Gobierno nacional, de las Administraciones provinciales y de otros estamentos del Estado para bajar gastos, las modificaciones, tal como fueron pedidas, afectarían “fuertemente los recursos del Tesoro”, pero finalmente liberó dinero.
Escenario
El escenario electoral podría ser caldo propicio para que la Agepj se abstraiga cada vez más en su cruzada anti macrista.
Cortelletti olvidó su promesa de no partidizar el gremio y ciñó su publicitado perfil dialoguista a lo relacionado con la gestión de los intereses del sector.
Por lo pronto, reina el descontento por las manifestaciones de alto voltaje ideológico y militante que hizo y hace el grupo que lidera.
Muchos empleados sostienen que la diversidad de pensamiento en las filas de la comisión directiva brilla por su ausencia y que ignora los pedidos tendientes a que circunscriba su energía a la cuestión sindical.
Ni la poca iniciativa de la conducción en su campo concreto de actuación ni la pasividad que le enrostran sus críticos a la hora de organizar asambleas se dan en otros asuntos: la Agepj se activa cuando se trata de objetar al Gobierno y emite opinión sobre casi cualquier asunto si es útil para bajar línea.
Un ejemplo se dio en abril del año pasado, cuando Garavano vino al el acto que hizo el TSJ para poner en marcha el nuevo modelo para el tratamiento de causas por violencia familiar elevadas a juicio y entregó 30 pulseras electrónicas para reforzar la protección a las víctimas.
En esa oportunidad, la atención del sindicato se dirigió a una acción protocolar del ministro y emitió un duro comunicado cuestionando las condolencias que expresó en un obituario por el deceso de Carlos Chasseing, quien fue interventor de facto del gobierno de la provincia entre 1976 y 1979, cuyo hijo se desempeña en la cartera.
La Agepj puso en duda “el real compromiso del Gobierno nacional con la continuidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”. Garavano le restó importancia tanto a esa versión como a los conceptos difundidos por organizaciones de DDHH, que le atribuyeron “un sentir contrario al avance de la democracia”.
El funcionario aclaró que fue una formalidad y lamentó lo que definió como “chicanas fascistas”.
En agosto, cuando la asociación convocó a asambleas por la demora del TSJ para concretar un aumento, Cortelletti aprovechó la ocasión para introducir un segmento anti macrista y alarmista en el comunicado: sugirió que el Poder Judicial no tenía garantizados los fondos necesarios para funcionar y adujo que el hecho de que el ministro de Hacienda hubiera participado de la reunión mensual entre Peña, Garavano y el entonces presidente de la Corte, Lorenzetti, dos días después del incremento salarial, era de “una gravedad institucional inusitada”, dando por probado que durante el encuentro Nicolás Dujovne amenazó con recortes.
El secretario adjunto de la entidad, Adrian Valan, completó el sermón e introdujo otros temas en el marco del reclamo al TSJ: acusó a la actual Administración central de “desfinanciar al Estado con la quita de retenciones”; criticó la “libre flotación del dólar”; opinó sobre el precio de los combustibles; cuestionó los “aumentos astronómicos de tarifas de servicios públicos” y alertó sobre la inflación.
No fue la primera vez que la Agepj opinó sobre sucesos de la vida nacional para reforzar su condición opositora.
A mediados de 2017, a poco de comenzar su segundo mandato, comenzó a percibirse el ensimismamiento del grupo. El primer día de la feria invernal difundió la noticia de que representantes del gremio en Villa María, junto a docentes y militantes k, estaban esperando el arribo de Mauricio Macri para manifestarle sus críticas por el plan económico y la reforma de la Justicia.
En tanto, mientras se intentaba localizar a Santiago Maldonado tuvo alto perfil. Objetó la marcha de la pesquisa que se desarrollaba en el sur, participó de marchas y apuntaló únicamente la hipótesis de la desaparición forzada.
