Existen diferencias marcadas en los niveles de inversión pública entre provincias y regiones. Por caso, en la región Pampeana, Córdoba y La Pampa son las jurisdicciones con mayor inversión real directa (IRD) en los dos últimos años (4,0% y 4,5% del Producto Bruto Geográfico (PBG) en 2017, y 4,4% y 3,2% el año pasado, respectivamente), mientras en el otro extremo se ubica la provincia de Buenos Aires con una IRD de alrededor de 1% del PBG.
La Ciudad de Buenos Aires muestra un alto nivel cuando se mide en términos per cápita, pero no luce tan elevada cuando se lo hace en porcentaje del PBG. Los mayores niveles se dan en Santiago del Estero y Formosa (alrededor de 13% del PBG) o en San Juan y San Luis en Cuyo, Chaco y Misiones en NEA, y Catamarca.
Un trabajo del Ieral, de los economistas Marcelo Capello y Lucía Iglesias, indica que en 2017 las provincias financiaron su gasto de capital, en promedio, en un 37% con ahorro corriente, un 35% con endeudamiento, un 18% con transferencias discrecionales desde Nación, un 7% con el Fondo Federal Solidario y un 3% con recursos propios de capital.
Hay casos como La Pampa, en el que el 97% de su gasto de capital se sostuvo con ahorro corriente, hasta otro extremo como Santa Cruz, que se endeudó para pagar el déficit corriente, y por ende también para financiar su gasto de capital. Entre las provincias más pobladas, la que financió en 2017 mayor proporción de su gasto de capital con ahorro corriente fue Córdoba (65%), seguida por CABA (56%), Santa Fe (48%), Buenos Aires (37%) y Mendoza (18%).
Considerando al Sector Público Nacional, la IRD pasó de un 1,1% del PIB en 2015 a un 0,6% el año pasado y para el corriente se presupuestó un monto equivalente a 0,7% del Producto. Tomando también los recursos de capital transferidos a provincias (se convertirá en inversión provincial o transferencias a los municipios para que estos inviertan), el guarismo asciende a 2,5% del PBI en 2015, decreciendo hasta 1,1% del Producto en el presupuesto de este año.
Esto es, la IRD y las transferencias de capital que ejecuta la Nación muestran una caída de 1,4% del PIB en 4 años, en un contexto de ajuste fiscal, para alcanzar el déficit primario cero en el período corriente.
A nivel provincial, las transferencias de capital (generalmente se convierten en inversión de los municipios) se mantuvieron en torno a 0,2 – 0,4% del PBI en todo el periodo considerado, mientras que la IRD lo hizo entre 0,8 y 1,8% del PBI.
La IRD alcanzó su máximo en 2017 (1,8%) y en el cierre del ejercicio anual 2018 se espera un nivel cercano al observado en el 2015 (1,6%). Para el año que recién cerró se espera una reducción equivalente a un punto del PBI en las transferencias de capital, explicado principalmente a la eliminación del Fondo Federal Solidario desde septiembre, y a que, cumpliendo con el acuerdo con el FMI, la Nación reducirá los recursos de capital transferidos a las provincias.
En suma, el 2018 –cuando se difundan los datos oficiales- mostrará un nivel de IRD más transferencias de capital por alrededor de 1,9% del PBI, guarismo inferior al observado en los años 2015 y 2017.
La fuente de financiamiento más genuina de la inversión pública es el ahorro corriente, aunque hasta cierto punto se justifica también el uso del endeudamiento, entre 2003 y 2011, el primero a nivel nacional fue superior al de las provincias, tendencia que se revirtió entre 2014 y el año pasado.
Incluso en ese período hubo ahorro corriente negativo a nivel nacional; en 2018 se redujo el desahorro corriente de la Nación (pasa de -3,4% en 2017 a -1,2% en 2018), mientras el de las provincias resulta equivalente a 1,8% del PIB en 2018.
