Córdoba fiscalizará a los contribuyentes en función del riesgo fiscal y la reincidencia

El modelo contó con el asesoramiento de expertos del Banco Interamericano de Desarrollo y determinó  la creación de tres áreas para auditar, análisis, fiscalización y determinación de oficios y multas.

Por Gabriela Origlia

Córdoba adoptó nuevos modelos, más eficientes, para la fiscalización de los contribuyentes. Se basan en dos matrices innovadoras, como son la de riesgo fiscal y la de reincidencia. Además, al aplicar herramientas tecnológicas se amplía el universo alcanzado por el control manual; permitieron pasar de controlar por año a 500 grandes contribuyentes a 50.000.
Los cambios son instrumentados en el ámbito de la Policía Fiscal, dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos. La propuesta de trabajo se enmarca en el modelo de “gestión del cumplimiento” o “minimización del incumplimiento”.
Herber Farfán, secretario de Ingresos Públicos, explicó que la selección de tratamiento y herramientas de fiscalización dependerá del riesgo fiscal diferenciado. Hay fiscalización simplificada, agravada e integral.
En el primer caso, se “invita” al contribuyente a rectificar y no tiene multas; la segunda está alimentada por los casos que no respondieron positivamente e incluye penalización económica y en la integral se avanza sobre una fiscalización global ante el incumplimiento reiterado. Desde la puesta en marcha de este esquema, la recaudación atribuible a Policía Fiscal se incrementó en un 113%, al pasar de $383,3 millones en 2017 a $815,4 millones este año.
El objetivo es que todos los contribuyentes queden bajo la fiscalización simplificada; este año se realizaron 50.000 (25% del universo) y en los primeros meses del nuevo modelo, se registran 400 casos de fiscalizaciones agravadas.
Córdoba adoptó la matriz de “riesgo fiscal” a instancias de la sugerencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); permite categorizar el perfil de los contribuyentes tomando en cuenta las variables que reflejan su conducta respecto a lo pagado, declarado, ajustado y/o fiscalizado.
También se asumió la matriz de reincidencia que apunta a influir en la conducta tributaria del contribuyente mediante el agravamiento de los costos y las sanciones.
La política tributaria que impulsa el Ministerio de Finanzas de Córdoba se encamina a producir el cambio de un doble paradigma: por un lado, promover la “autocorrección de la conducta del contribuyente para evitar el agravamiento de su situación fiscal” y, por otro, afianzar en la sociedad la percepción de que “el cumplimiento de las obligaciones impositivas es negocio, no así la dilación en el tiempo a la espera de moratorias”, según dijo Farfán.
El director de Policía Fiscal, Adolfo Bringas, indicó que el eje de la nueva política está en “la identificación de inconsistencias para que el contribuyente pueda corregir las irregularidades en la que haya incurrido o modificar su conducta; no se prioriza la penalización”.
La matriz de riesgo, según los funcionarios,  “provocará un fuerte impacto institucional porque con esta herramienta se elimina toda sospecha de discrecionalidad en la selección de los casos fiscalizados”. Está integrada por 22 variables que, al resumir el cruce de información, permite establecer el nivel de riesgo “medio y alto” en el que se encuentra un contribuyente.
La de reincidencia expondrá la situación de los “contribuyentes que son evasores contumaces”; el objetivo es demostrar que la “reincidencia en los incumplimientos no es negocio porque se agrava la situación”, agregó. Al final, “lo que se busca es desalentar los caminos cortos y la expectativa de moratorias”.
Para el 2019, Policía Fiscal prevé invertir unos US$100.000 en la incorporación de Inteligencia Artificial para ampliar la capacidad de procesar, cruzar y analizar información del universo de contribuyentes. “Queremos tener mayor contundencia en los análisis e ir más allá, hacia sectores que no están siendo fiscalizados y sectores económicos no tradicionales”, detalló Bringas.
En el marco de este proceso de reformas, Policía Fiscal avanzó este año, también, en su intención de reflejar a la sociedad que los plazos de fiscalización son determinativos: se realizaron 67 embargos preventivos y se iniciaron cinco casos penales.