Por demora en pago de sentencias, el fallo no impactaría en 2019

Anses suele cancelar juicios después de dos años del fallo por lo definido por los jueces no golpea de manera inmediata en las finanzas.

Por Gabriela Origlia

La Corte Suprema de Justicia resolvió, como se esperaba, que las  remuneraciones consideradas para el cálculo de las jubilaciones debían actualizarse por el ISBIC (índice de salarios básicos de la industria y la construcción) sin el límite temporal de la ley de convertibilidad 23.928 que la Anses había fijado en su resolución 140/95.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, votaron a favor de ratificar el índice ISBIC a partir del caso testigo del jubilado Lucio Orlando Blanco. Por su parte, Elena Highton de Nolasco firmó un fallo propio, mientras que el Presidente del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia.
La sentencia tiene impacto directo e inmediato sobre otros 11.766 jubilados cuyos reclamos estaban en condiciones similares a las de Blanco, por cuanto la Anses deberá resolver esos expedientes de acuerdo a los nuevos parámetros. Pero además, sentará jurisprudencia sobre las decenas de miles de juicios que están en trámite en las restantes instancias del Poder Judicial.
El fallo en el juicio previsional “Blanco c/Anses s/ Reajustes” dirime el uso de índices de actualización para la determinación del haber inicial por los períodos comprendidos entre los años 2002 y 2008. El problema surgió porque durante ese tiempo el gobierno de aquella época manejo arbitrariamente los aumentos de los haberes. Salvo quienes cobraban el haber mínimo, el resto tuvo vedado el derecho constitucional a la movilidad previsional.
Hay que recordar que en 2016 el Congreso Nacional aprobó, a propuesta del Poder Ejecutivo, la ley que puso en marcha el plan de reparación histórica de carácter voluntario; el jubilado puede aceptar o no la propuesta del Estado (si lo hace renuncia a un juicio en trámite o a un juicio futuro). Para recalcular los ingresos de los jubilados y hacer las propuestas, la Anses aplicó, a la hora de actualizar el valor histórico de los salarios, el RIPTE. Para la gran mayoría de los casos con haberes mal calculados en su origen, el uso de este índice deriva en un haber mensual inferior con respecto al que resulta de utilizar el Isbic.
A mediados de 2017, la Anses comenzó a presentar recursos a la Justicia, pidiendo que los fallos ordenen hacer el ajuste con el RIPTE, en lugar de continuar con el Isbic. La decisión de la Corte no afectaría a quienes aceptaron la reparación histórica.
Los haberes de quienes ganen juicios deberán calcularse en función del Isbic, que es el mismo índice que se usa ahora y para el pago de las sentencias, el efecto no es inmediato. Para 2019 está presupuestado que habrá $34.538 millones para hacer frente a 40.040 expedientes. Los fallos se pagan con demoras que llegan hasta los dos años desde el momento en que quedan firmes hasta que el jubilado recibe el dinero.
Desde el punto de vista conceptual la Corte Suprema, en otros fallos, estableció que la movilidad tiene que propender a mantener una razonable proporción entre el haber jubilatorio y los salarios (fallos Elliff, Quiroga, Sanchez, Monzó).  Según datos del Ministerio de Hacienda, entre 2002 y 2008 el salario registrado promedio de la economía creció un 179%; el índice RIPTE 171% y el  ISBIC, 359%.
Un análisis de la consultora Idesa indica que los datos demuestran que el RIPTE es el que cumple con el criterio que la misma Corte impuso; el índice e construye a partir de los salarios efectivamente pagados por las empresas, mientras que el ISBIC toma las remuneraciones que se negocian en los convenios colectivos de trabajo. Legalmente los salarios de convenio operan como mínimos por actividad, que en la mayoría de las empresas son complementados con adicionales.
“La causa de la crisis económica actual es la propensión estructural del Estado a gastar por encima de sus posibilidades. Para superar esta deficiencia es imprescindible ordenar el sistema previsional que, por lejos, es el principal factor de desestabilización fiscal. El principal error del actual gobierno fue haber eludido este tema y es el principal desafío pendiente para el próximo”, señala el reporte de la consultora.