Los problemas de Aerolíneas siguen y el debate se profundiza

Según datos del Ministerio de Hacienda , entre 2008 y 2017, a precios actuales Aerolíneas recibió del Tesoro nacional $150 mil millones; la inversión en la Asignación Universal por Hijo ascendió a $526 mil millones.

Ayer Aerolíneas Argentinas canceló todos sus vuelos como respuesta a las medidas de fuerza de los gremios que reaccionaron a las suspensiones dispuestas por la empresa. Aunque el objetivo era alcanzar el “déficit cero” y dejar de depender de los aportes del Estado, la devaluación cambió todo y este año recibirá US$200 millones de subsidios.
Los subsidios estatales para la línea aérea, medidos en dólares, crecieron hasta 2011 y luego comenzaron a caer. De los US$670 millones asignados en 2009 se llegó a un máximo de US$841 millones dos años después. Su privatización a inicios de los ’90 estuvo motivada por su déficit que demandaba crecientes recursos públicos para subsidiar el desequilibrio. Bajo la gestión privada no mejoró su desempeño. En el 2008, ante una situación terminal, prácticamente por unanimidad y aclamación, tanto el oficialismo como la oposición (muchos de estos últimos hoy son oficialismo en Cambiemos) decidieron la re-estatización. Una derivación de esta decisión es que se retornó a la vieja práctica de usar fondos públicos para cubrir los desequilibrios de Aerolíneas Argentinas.
Para evaluar la equidad de estos subsidios es relevante compararlos con otra iniciativa que también goza de amplio consenso entre las fuerzas políticas, como es la Asignación Universal por Hijo (AUH). Según datos del Ministerio de Hacienda –reflejados por un informe de Idesa-, entre 2008 y 2017, a precios actuales Aerolíneas recibió del Tesoro nacional $150 mil millones; la inversión en la AUH ascendió a $526 mil millones. Es decir que el Estado gastó en Aerolíneas Argentinas el equivalente a un tercio de lo que invirtió en la AUH.
“Estos datos alcanzan para dar una idea del enorme daño social que provocó la decisión de utilizar fondos públicos para subsidiar Aerolíneas -describe el reporte-. Si el Estado no se hubiese hecho cargo de sus desequilibrios, se podría haber aumentado en un 30% el monto de la AUH durante toda la década en la que este programa asistencial vino operando”.
Y agrega que para preservar los intereses de los empleados de la empresa se usaron recursos que podrían haber tenido un impacto social mucho mayor de haberse destinado a reforzar el principal programa destinado a asistir a la infancia pobre. Idesa indica que en defensa de la línea aérea de bandera se usan variados argumentos, incluso “razones patrióticas. Pero el alto valor simbólico y el cariño por Aerolíneas Argentinas no justifican usar fondos públicos para sostener su funcionamiento”.
Para la consultora lo que corresponde es que la empresa incorpore en sus tarifas todos los costos que requiere su operación, incluyendo los derivados de las beneficiosas reglas laborales que disfrutan sus empleados (como las licencias por días de cumpleaños y los pasajes gratis para los familiares): “Si los argentinos realmente tienen un especial sentimiento patriótico por Aerolíneas Argentinas lo demostrarán pagando la mayor tarifa. Si la valoración no es tan intensa como para soportar tarifas mayores, deberán los empleados esmerarse por ofrecer mejores servicios o eliminar algunos de los privilegios que disfrutan”.
Un planteo más racional trata de justificar los subsidios por el lado de garantizar la cobertura de rutas no rentables. Si este fuera el caso, es decir que existe una razón estratégica para mantener vuelos a destinos donde no es posible cubrir los costos con tarifa, corresponde estipular un subsidio explícito para esos trayectos. Estos fondos no deberían ser direccionados automáticamente a Aerolíneas Argentinas sino a las empresas públicas o privadas que estén dispuestas a cubrir esos tramos al menor costo posible.
“Los esfuerzos del Estado en materia de transporte aéreo tienen que estar concentrados en garantizar transparencia en el mercado, infraestructura y seguridad. Que haya una línea de bandera pública, no tiene que depender de los subsidios del Estado, sino de la decisión de sus empleados y los usuarios”.