Por Yanina Passero
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Las partes lo desconocerán públicamente. Pero transportistas y dirigentes de UTA saben que el lockout patronal y sindical que dejó sin servicio a los pasajeros del interior del país durante 10 noches, marcó su impronta en la negociación que los popes de Cambiemos mantenían con gobernadores e intendentes por el futuro de los subsidios nacionales.
La retención de servicios dispuesta de 22 a 6 de la mañana podía observarse como una medida proteccionista de la rentabilidad empresarial. La sorpresiva salida al conflicto iniciado por el desconocimiento del acta paritaria por parte de FATAP terminó confirmando las sospechas. La cámara resolvió anticipar la pelea con la Nación para revertir su política de subsidio cero desde el 1 de enero. Depusieron armas, casualmente, apenas se enteraron sobre la creación de un fondo compensador para evitar tarifazos.
En Córdoba, los 3.250 millones de pesos que se requerían para tapar el desfasaje de la prestación serán cubiertos por el Tesoro nacional que girará $1.250 millones y por el aporte de $2.000 millones del Gobierno de la Provincia.
Subsanada la “madre de todas las batallas” como definió a la puja por fondos frescos el secretario del Interior de UTA nacional, Jorge Kiener, gremialistas y empresarios ya fijaron su próximo objetivo: la reactualización tarifaria y salarial, según corresponda. El adlátere de Roberto Fernández confirmó a Alfil que ya solicitaron la reapertura de la paritaria y esperan reunirse con los empresarios en los primeros días de noviembre.
La pretensión es anexar un 10% adicional al 25,5% de incremento que acumulan los choferes. Cabe recordar que en febrero se acordó pagar un 15% en tres cuotas: 5,5% a partir del 1 de abril y luego un 5,5% a partir del 1 de septiembre y el 4% restante el 1 de enero. En febrero de 2019 deberían volver a reunirse. Pero llegó la crisis y la devaluación rompieron todos los pronósticos. En julio, los choferes cerraron un 10%, cuya aplicación formó parte del conflicto reciente entre FATAP y UTA, con el agravante que en varios distritos los sueldos no fueron liquidados con la cifra pautada para el mes pasado.
Los dirigidos por Fernández estiman que un 35% hasta diciembre resguardaría el poder de compra de los salarios. Sólo restaría calcular un retroactivo cuando llegue el momento de cerrar la pauta del año electoral. Con el pedido de reapertura salarial es evidente que UTA reclama una contraprestación por su contribución a la causa.
No puede explicarse de otra forma porque no cambió el escenario que supuestamente originó el conflicto de este mes fue producto de la incapacidad de los miembros de FATAP de afrontar sus compromisos salariales culpa del atraso tarifario. En Córdoba, el intendente Ramón Mestre reconoció que estudia un nuevo incremento del pasaje pero evita señalar cuándo lo tratará el Concejo Deliberante.
Desde Fetap recuerdan que la especulación del radical les costó $185 millones en el período noviembre-septiembre. No obstante, será nuevamente la insistencia de UTA la que obligará al titular del Palacio 6 de Julio a afinar números.
El escenario de paritaria casi permanente en el que ha ingresado FATAP y UTA complica las proyecciones del equipo Servicios Públicos de la Municipalidad de Córdoba. Su titular, Pablo Farías, había asegurado a este medio que sin la variable salarial despejada se dificulta la confección de una nueva minuta de costos que promedie la expectativa empresarial y la necesidad de regular el impacto en el bolsillo del usuario. La nueva disputa prolonga la toma de decisión.
