Una discusión honesta para un presupuesto sincero

Visto desde la perspectiva institucional, Cambiemos ha hecho un aporte. El oficialismo pretende que esta ley refleje prioridades políticas razonablemente acordadas con una parte de la oposición, y que sean efectivamente cumplidas.

Por Pablo Esteban Dávila

Es común escuchar que la ley de presupuesto es la “ley de leyes”. Podría suponerse que es así. Allí se calculan los recursos anuales de los que dispondrá el Estado y cómo se los gastará, o si habrá déficit y de donde saldrá la plata para cubrirlo. El presupuesto define ganadores y perdedores en la distribución del gasto público, su asignación territorial y las prioridades del gobierno. Es, en rigor, el programa político diseñado por el presidente y su gabinete para el próximo año.
Sin embargo, y amén de su importancia nominal, el debate sobre el presupuesto suele ser motivo de bostezo. No es una metáfora: en la mayoría de los períodos legislativos, su tratamiento conlleva un ritual que se extiende hasta avanzadas horas de la madrugada, con parlamentarios luchando contra el sueño y otros rendidos anteMorfeo, inclinados en sus bancas sin pretensiones de solemnidad.
Hay explicaciones estructurales para que esto sea así. Amén de su simpleza conceptual, la esencia política del presupuesto se ha ido desdibujando al compás del avance del parloteo burocrático, la jerigonza de economistas pretendidamente sofisticados y de la pereza de los propios legisladores, reacios a leer por detrás de los números. Todo el mundo afirma su importancia, pero casi nadie sabe que esconden sus cientos de páginas. Lejos de las pasiones, los presupuestos del Estado argentino han pasado sin pena ni gloria por decenas de trámites parlamentarios, fuera del escrutinio social.
Esto hasta ahora. La tumultuosa sesión de Diputados y la violencia (aunque bastante acotada) en las inmediaciones del Congreso Nacional sugieren que, esta vez, el presupuesto sí tiene un componente decididamente político, lo suficientemente poderoso como para que la opinión pública se interese en él.
En rigor, hacía mucho que un gobierno no era tan explícito con lo que pretendíade una ley semejante. Y, en este sentido, debe reconocerse que Mauricio Macri ha sido particularmente sincero en sus intenciones desde, por lo menos, mediados de año. Nadie puede aducir haber sido engañado por su contenido.
El presupuesto 2019 es una radiografía de la crisis por la que atraviesa el país. Debe satisfacer al FMI, distribuir menos recursos que el año anterior y contener a gobernadores a quienes se les han mezquinado fondos nacionales. Refleja negociaciones con la oposición peronista, prevé una mayor presión fiscal y una necesidad apremiante de contener a los sectores más vulnerables mediante un gasto récord en asistencia social. Es la plataforma conceptual con la que el presidente pretende enfrentar su último año de gobierno y, con algo de suerte, competir por su reelección.
Esto es claro como el agua, y está bien que así sea. No siempre el presupuesto fue un reflejo de las intenciones de los gobernantes. En los años ’80 se votaba ya bien entrado el año, por lo que ya no podía decirse nada que no se supiera; en los ’90, la estabilidad macroeconómica le quitaba mayor dramatismo y, durante el decenio kirchnerista, la única discusión sobre el tema giraba en torno a los “superpoderes”, esto es, la facultad del Ejecutivo para disponer libremente de los mayores ingresos que generaba la inflación y que, pícaramente, se infraestimaban en el cálculo de recursos.
Con estos antecedentes, y visto desde la perspectiva institucional, Cambiemos ha hecho un aporte. El oficialismo pretende que esta ley refleje prioridades políticas razonablemente acordadas con una parte de la oposición, y que sean efectivamente cumplidas. También, que el FMI tenga a mano una vara que exprese, objetivamente, la voluntad del gobierno de cumplir con el organismo y de enmendarse de los pecados del gasto público por los que tuvo que recurrir a su auxilio.
También la oposición no dialoguista ha sumado su parte, aunque muchos no lo vean así. Más allá de las diatribas y las amenazas de pugilato -en ciertas ocasiones, inevitables en cualquier cuerpo legislativo- los opositores al presupuesto macrista han identificado correctamente que se trata de un ajuste y han tratado de generar ideas contrarias y supuestamente alternativas. La imagen de Cristine Lagarde tocada con la banda presidencial,impresa sobre cartón y sentada en una de las bancas del recinto, es parte de un cotillón lícito y que evoca una visión de país sobre la que, en resumidas cuentas,el electorado habrá de decidir dentro de un año.
¿Y las refriegas fuera del Congreso? Desde el punto de vista numérico, decididamente patéticas; desde el político, insignificantes. La prensa porteña se lamenta de los destrozos en la plaza, equivalentes a 10 millones de pesos. Lástima que nada dijeran del bloqueo ilegal a la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, protagonizado por la misma categoría de personajes, y que le costara a la provincia de Córdoba miles de millones en empleos y oportunidades perdidas.
La batalla, como corresponde, se vivió dentro de Diputados, con todas las mañas y la pasión que debe aplicarse a asuntos tan importantes. El miércoles a la noche, el presupuesto fue, tal vez por primera vez desde la recuperación de la democracia, la ley de leyes. Obtuvo media sanción un proyecto sin cartas bajo la manga, negociado pacientemente por el ministro Rogelio Frigerio y que no promete otra cosa que no sea dientes apretados.
¿Qué pasará en el Senado? Aunque aquí los números oficialistas son decididamente peores que en la Cámara Baja es altamente probable que, una vez más, prime el concepto de institucionalidad. El peronismo, ni aún en la época de Fernando de la Rúa, ha negado jamás un presupuesto al gobierno del cual es oposición. Hacer lo contrario, por otra parte, supondría condenar al presidente a la parálisis o a gobernar por decreto, lo cual supondría una especie de cogobierno extorsivo, un extremo altamente desgastante para una fuerza que pretende regresar al poder tan pronto pueda.
Además, no puede soslayarse el hecho que los senadores representan a las provincias y que, aunque con limitaciones, sus gobernadores fueron consultados sobre la forma más digerible de llevar a cabo reduccionesdel gasto ante la gravedad de la situación macroeconómica. Si es verdadero diseño institucional que caracteriza al Senado como una instancia conservadora, concebida para sofrenar los impulsos adolescentes de la Cámara Baja, será este el momento para comprobar si se trata sólo de una ficción constitucional o si así funciona en la realidad. Con la discusión del aborto, el mecanismo probó trabajar conforme al diseño…¿lo hará también con estehonesto presupuesto del ajuste?