Por Gabriela Origlia
Las sospechas abiertas sobre el sector de la construcción abiertas a partir de la causa de los “cuadernos de las coimas” y los problemas de financiamiento para la inversión en infraestructura fueron los temas centrales de la V Jornada de Infraestructura organizada por la delegación cordobesa de la Cámara Argentina de la Construcción.
En la apertura Marcos Barembaum, presidente de cámara cordobesa, rechazó la posición de quienes quieren “instalar el falso concepto de que obra pública es sinónimo de cuadernos, corrupción y bolsos de dinero. Es sinónimo de desarrollo”. Sus conceptos, seguramente, derivan no sólo del contexto general sino de los problemas que tuvieron en las Jornadas para armar el programa y sumar disertantes.
A los que ya se habían “bajado”, ayer se agregaron -con pocas horas de anticipación- Ricardo Delgado, funcionario del Ministerio del Interior; el intendente Ramón Mestre y el gobernador Juan Schiaretti.
Barembaum describió que el sector está “mencionado y cuestionado” en la causa que investiga Claudio Bonadio y pidió, como vienen haciendo otros ejecutivos, “diferenciar a las personas de las empresas, a las que hay que resguardar. Hay que proteger a los trabajadores, a sus familias”.
Señaló que el sector está en “una profunda revisión de sus normas y formas de hacer las cosas”. La referencia es a los programas de transparencia que “significarán un vallado para que no haya problemas”. Es una ley nacional los que los exige desde este año.
Antes de esa referencia a los cuadernos, apuntó que –más allá de entender que las necesidades fiscales del país- que el sector entiende que es “inadecuado optar por la salida remanida y ya fracasada de cortar la inversión en infraestructura”. La expectativa es que “las restricciones de este año y del próximo sean circunstanciales”.
Los programas de Participación Público Privada (PPP) fueron el tema eje a la hora de hablar de financiamiento; es la vía que encontró el Gobierno para tratar de compensar la inversión pública en obras. Barembaum insistió en que “de ningún modo pueden desplazar y sustituir al Estado”.
También hubo espacio para los reclamos. Subrayó que la situación de las empresas es “sumamente crítica” después de la devaluación. “Hubo un explosivo incremento de los costos y el proceso de reconocimiento es lento y traumático; así se torna imposible seguir las obras”. Pidió un “mecanismo excepcional” para adaptar los contratos. “Medidas extraordinarias para enfrentar situaciones extraordinarias”.
Fernando Lago, director ejecutivo de la cámara a nivel nacional, ratificó que el aspecto financiero es el “cuello de botella” para lograr inversión en infraestructura. “Los PPP no son suficientes ni aquí ni en ningún lugar del mundo, por eso es importante la colaboración de los gobiernos ofreciendo garantías, insertando liquidez, emitiendo acciones y apoyando los programas”.
Planteó que hay recursos disponibles en el mundo y mecanismos en desarrollo para poder aplicarlos, pero advirtió que existe una “aversión al riesgo constructor que no está justificado”. Para sostener su afirmación, mostró un trabajo de Moody’s sobre 25 años de proyectos del que deriva que la tasa de default es de 5,8% y la de recuperación de las iniciativas defaulteadas, superior al 80%.
“Si esta idea se hace carne y convence a los mercados de que la construcción ofrece un riesgo menor o equivalente al de un bono corporativo, es posible atraer inversores institucionales”, dijo. Entre los desafíos, incluyó el de generar un bono vinculado a uno o más proyectos que sea “aceptable por las calificadoras de riesgo para que puedan ser usados por inversores institucionales y, a la vez, crear un mercado secundario para inversores minoristas”.
Lago reiteró que los esquemas de PPP deben potenciarse y mejorarse y señaló que hay que “reducir su tamaño para que lo aprovechen las provincias, para que no se limiten a grandes obras, sino también a las medianas”.
