La conducción del sindicato de Luz y Fuerza y los representantes de Epec se reunieron ayer, por enésima vez, ante autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación. Concluida la audiencia, el resultado fue idéntico al de las tantas que la precedieron: nulo. Los caciques del gremio y los mandatarios de la estatal no achicaron posiciones y se pasó a un nuevo cuarto intermedio. Y esta quietud ha empezado a reportar beneficios a Epec. En principio, porque paga a sus empleados un reajuste salarial del 10 por ciento. Muy por debajo de la inflación. Pero además, porque el sindicato de Luz y Fuerza da muestras de haber perdido buena parte de su base de sustentación. Sus asambleas y movilizaciones reúnen a cada vez menos afiliados, e incluso después de que la empresa “decretara” un aumento irrisorio por fuera de la mesa de negociación paritaria, la reacción del gremio fue prácticamente nula. Trascartón, el gremio suma problemas financieros, y su actual conducción empieza a ser cuestionada por la oposición dentro del gremio, a unos cuantos meses de la elección de nuevas autoridades. En este contexto, Epec y la Provincia no parecen necesitar más que dar al gremio el tiempo necesario para que éste continúe debilitándose, sumiéndose en sus propios problemas. Y la Ley de Servicios Esenciales tuvo mucho que ver en todo este proceso. Cuando el conflicto entre la compañía y el sindicato comenzó su escalada y éste decidió ir al paro sólo lo pudo hacer dentro de los espacios que la legislación provincial le permitió, es decir, sin perjudicar directamente al servicio y respetando las guardias mínimas que el ministro de Trabajo, Omar Sereno, fijó al tornar vinculante un dictamen de la Comisión Técnica de Garantías prevista por la ley en cuestión. El extenso conflicto, que aún continúa, pasó por muchas otras etapas con movimientos de ambas partes que desembocaron en la situación actual, pero la aplicación de la Ley de Servicios Esenciales fue estratégica -para la Provincia- para socavar el “poder de fuego” del gremio. Este es el uso que El Panal da a la Ley de Servicios Esenciales. Por el paro “de trasnoche” que el transporte aún sostiene en la ciudad, e incluso antes, durante el paro general del 25 de junio pasado, las principales espadas de Cambiemos en la Legislatura provincial salieron a cuestionar a Unión por Córdoba por no activar los mecanismos para garantizar las prestaciones básicas de los servicios esenciales. “Nos hicieron aprobar leyes para que haya un régimen de garantías de servicios esenciales, con la reglamentación de la ley y la creación de una comisión de notables, pero ayer no hicieron nada”, denunció Orlando Arduh, legislador radical, tras el último paro general. Javier Bee Sellares, por su parte, apuntó la semana pasada que “no hay voluntad del Gobierno provincial para aplicarla”. Arduh, además, comparó la situación en la provincia de Mendoza con la que se da en Córdoba. El radical explicó que en los pagos de Alfredo Cornejo (Cambiemos) existe una norma similar a la Ley de Servicios Esenciales cordobesa, que se aplica cada vez que una medida de fuerza pone en jaque algún servicio público de primera necesidad. Sin importar si la medida es Nacional o Provincial, siempre que exista afectación a un servicio que se preste en Mendoza, la ley se activa para garantizarlos. Ahora bien, la decisión de cuando –y cuando no- apelar a la Ley de Servicios Esenciales es política, no meramente administrativa. Unión por Córdoba, que –como el peronismo siempre lo ha hecho- cultiva una relación cercana con el gremialismo, no utiliza indiscriminadamente esta ley, sino sólo cuando resulta necesario para controlar un reclamo desbocado por parte de un sindicato habituado a excederse que, además, puede generar graves problemas a los cordobeses. Es, a fin de cuentas, una diferencia de criterio.
