Por Gabriela Origlia
Mientras que el oficialismo sigue empujando que mañana se firme el dictamen de comisión en Diputados para el presupuesto 2019, hay varios debates pendientes con las provincias. Ayer hubo una nueva reunión con ministros de Finanzas, Emilio Monzó y legisladores del peronismo en la que se reactualizó la discusión por los subsidios al transporte ya que el acuerdo era que se eliminaban todas las transferencias nacionales, pero en el proyecto aparecen montos destinados a Ciudad de Buenos Aires y Área Metropolitana. La posición de los gobernadores es “o para todos o para nadie”.
Si el recorte en ese rubro fuera menor al esperado, los recursos podrían salir de la suba de Bienes Personales. La adenda al pacto fiscal que firmaron 18 gobernadores y que ya ingresó al Congreso en forma de proyecto de ley anticipa el envío de una iniciativa para incrementar el gravamen. También ordena que se eliminen las exenciones de Ganancias.
El proyecto, sobre Bienes Personales, establecería que los que declaren entre 2 y 5 millones de pesos pagarían una tasa de 0,25%; de 5 a 10 millones tributarían 0,50, y a partir de los 20 millones, la tasa sería de 0,75%. El 57,36% del impuesto se coparticipa. Los cambios podrían implicar una recaudación adicional del impuesto en 2019, que oficialmente se estima en $30.000 millones, cuestión que tiene implicancias tanto en el fisco nacional como provinciales.
Un informe de la consultora Iaraf plantea que hay diferentes posibilidades de modificar Bienes Personales, un impuesto que es coparticipable, y que podría cambiarse por distintas vías. Una modificación que resultaría apropiada es la derivada del incremento en el mínimo exento que fue ajustado para 2016, luego de casi una década de congelamiento, llevándolo a $800.000 y fijando una senda de crecimiento que lo aumentaba a $1.050.000 para el ejercicio 2018 y siguientes.
Evidentemente, estos valores tenían implícita una tasa de inflación decreciente, algo que no se ha verificado, ya que el acumulado de inflación para 2016, 2017 y este año seguramente estará en torno al 120%. Para el Iaraf la adecuación del mínimo propuesta es consistente con esta nueva realidad inflacionaria, y evitará que muchasfamilias vuelvan a quedar alcanzadas por el tributo como sucedía hasta el 2015.
Por otra parte, se incluiría en el impuesto a las propiedades rurales que se arrienden para su explotación por terceros. Esta modificación aparece como lógica toda vez que al momento de derogarse el impuesto a la Ganancia mínima presunta, que alcanzaba a esos bienes, los mismos habían quedado fuera de toda imposición al patrimonio, generando una desigualdad con respecto a los inmuebles urbanos alquilados, que sí deben tributar el impuesto a los bienes personales.
El otro cambio es que se abandona la alícuota plana del 0,25% anual, que era la que se había determinado para los años 2018 y siguientes, y se vuelve al esquema anterior de alícuotas progresivas, estableciendo el 0,5% para activos gravados que superen los $5.000.000 y el 0,75% para los que superen los $20.000.000.
Respecto a este incremento, implica una ruptura de las condiciones planteadas en el marco del “blanqueo de capitales”, ya que cuando se aprobó se redujo la alícuota de este impuesto para hacerlo más atractivo. Esto significa que, más allá de consideraciones referidas a equidad, “un nuevo golpe a la seguridad jurídico-tributaria del país ii. Tampoco se distingue entre bienes “blanqueados o no”, razón por la cual tributarán lo mismo todos los contribuyentes”.
El Iaraf indica que un impuesto al patrimonio suele afectar negativamente a variables como el ahorro y la inversión. El aumento de un impuesto como bienes personales podría conllevar este efecto, aunque seguramente en las condiciones actuales no es la principal variable para la determinación de estas decisiones.
