Por María del Pilar Viqueira
Tras el fracaso del tratamiento de la iniciativa “anti Uber” en el Concejo Deliberante, la semana pasada, los taxistas se manifestaron en contra de la posibilidad de que los cordobeses accedan a las nuevas tecnologías disponibles en materia de transporte, como las que ofrecen la empresa norteamericana, Cabify y otras compañias.
Durante la jornada de ayer organizaron una nueva protesta. Esta vez, la medida no solo complicó la circulación vehicular, sino que también incluyó hechos de violencia y agresiones en contra de las personas que no se plegaron a la marcha y optaron por trabajar.
Así, por desafiar la iniciativa gremial, algunos choferes volvieron a sus casas con daños considerables en sus rodados.
Los organizadores de la marcha se despegaron de lo sucedido y exigieron que el Ejecutivo municipal fije posición. Con ese fin, se reunieron con el secretario de Tránsito, Pablo Farías, quien se pronunció en contra de las “aplicaciones ilegales”.
Cuando Uber desembarcó en el país, el abril de 2016, el secretario de Servicios Públicos, Julio Waisman, rechazó de plano la utilización del sistema dentro de la jurisdicción.
En mayo de este año, mientras otras ciudades analizaban regular y permitir el uso de aplicaciones -Mendoza lo hizo en julio-, el posicionamiento “anti Uber” y afines se mantenía y el Concejo Deliberante se dispuso a analizar proyectos de ordenanza que, con distintas modalidades, buscaban impedir que operaran.
La iniciativa de Juntos por Córdoba excluía a la compañía norteamericana del elenco de posibles prestadores del servicio de transporte de pasajeros.
Cuando la propuesta del edil Gustavo Fonseca tomó estado parlamentario, en abril, Uber tomó cartas en el asunto y le envió correos electrónicos a sus potenciales usuarios; es decir, a los más de 100 mil cordobeses que se registraron para usar su servicio.
En la misiva, los alentó a no permitir que limiten su libertad de elección. “Al revés de lo que está sucediendo en todas las grandes ciudades del mundo, en Córdoba el Concejo Deliberante está considerando excluir la tecnología en el transporte en lugar de regularla e incorporarla”, expresó.
Paralelamente, estimó que Córdoba reclama la presencia de aplicaciones de transporte y manifestó querer “ser parte de la solución a los problemas de movilidad” aumentando las opciones y generando oportunidades económicas para miles de ciudadanos.
Días después, ante la posibilidad de que la plataforma se activara, los taxistas protestaron en la terminal de ómnibus y en el aeropuerto.
Sin embargo, las opiniones de los concejales no eran ni son uniformes. Meses atrás, cuando comenzó la discusión, Nadia Fernández (Unión por Córdoba) cuestionó la prohibición. Estimó que el éxito de empresas como Uber se debe a la pésima calidad del servicio que prestan taxis y remises y planteó que las iniciativas “anti” eran para “cuidar a una corporación”.
El jueves pasado, las diferencias de criterio quedaron en evidencia. Juntos por Córdoba no logró los votos para aprobar el nuevo marco regulatorio de taxis y remises que rechaza el uso de aplicaciones y el articulado volvió a comisión.
La clase política parece haber comenzado a registrar el nivel de aceptación con el que cuentan Uber y formatos similares y las implicancias del inevitable avance tecnológico y sus consecuencias en la sociedad.
Mientras se desenvolvía la manifestación de los taxistas, el intendente Ramón Mestre sostuvo que su administración siempre estuvo a favor incorporar aplicaciones “para mejorar la vida de los usuarios”.
En esa linea, aclaró que no se trata de ser pro o contra Uber, sino de “entender que hay innovación y tecnología que va avanzando día a día”.
Sobre la ordenanza, planteó que hay que hacerle modificaciones “necesarias”.
