Por Yanina Passero
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El artículo 111 del Presupuesto nacional se encuentra entre ceja y ceja de cada uno de los actores que están bregando por la continuidad de los subsidios al transporte masivo de pasajeros en el interior. Las partidas se reducirán drásticamente –en el mejor de los casos- para urbes como Córdoba y Rosario, pero la Nación no hará cambios en el impuesto que aplica los combustibles, precisamente, para auxiliar un servicio masivo. La contradicción alimenta el conflicto que se resume en un paro que cumplió nueve días.
Pese a los esfuerzos de corregir inequidades entre Buenos Aires y el resto del país, el presidente Mauricio Macri destinará más de 24.000 millones para sostener la prestación en Capital Federal y AMBA. Y mientras el borrador del instrumento que se debate en la Cámara de Diputados no sufra cambios, mandatarios provinciales y municipales, empresarios y sindicalistas seguirán acumulando presión. Las acciones del último binomio son las más dolorosas para los usuarios porque, según trascendió, las medidas de fuerza nocturna seguirán hasta mañana.
FATAP y UTA volverán a conciliar en la cartera laboral este jueves, aunque el éxito o fracaso de la negociación estará atado a las señales positivas para la pulseada que se esconde detrás de la pulseada por la paritaria 2018, es decir, los subsidios para el 2019.
Las transportistas desconocieron la pauta salarial acordada en febrero y reactualizada después de la devaluación, en julio. Mientras el paro discurría, ratificaron la postura, prometieron suspensiones y reducciones del servicio. Repartieron culpas con el poder concedente por permitir el atraso tarifario con una inflación prometida para fin de año en orden de los 40 puntos.
El intendente Ramón Mestre recogió el guante e instruyó a sus funcionarios para que realicen los cálculos integrales y propongan alternativas para moderar el impacto en el bolsillo de los pasajeros ante una inminente suba del pasaje. Pero las presiones continúan.
Otra vez, algunos empresarios en off the record aprovechan el escenario para reinstalar un viejo reclamo. Apelan a la conveniencia de reinstalar el debate en torno al “costo Córdoba” del sistema de transporte local, producto de las siete horas, en lugar de ocho, que trabajan los choferes. Desde la UTA los cortan en seco: prometen artillería pesada si de la intención pasan a la acción.
Ahora bien, en febrero pasado el gremio que comanda Fernández habilitó la revisión de los convenios de manera poco clara.
“Las partes en función de la evolución tecnológica que ha tenido la actividad del transporte público y los avances sociales alcanzados en las relaciones laborales, han considerado necesario revisar y adecuar a nuevas realidades el actual convenio colectivo de trabajo”, reza el apartado quinto, titulado “Revisión convencional” del acta de la escala de haberes que ahora está en discusión.
Es probable que sea un elemento pirotécnico para sembrar terror. Desde el municipio, esperan precisiones de la variable salarial para cerrar el próximo aumento. En paralelo, ensayan alternativas para contener tarifas el año que viene.
Una de las propuestas que se analizan en la Secretaria de Servicios Públicos de la Municipalidad es un programa de exenciones impositivas a las transportistas como Comercio e Industria y el pago de patente. El funcionario a cargo, Pablo Farías, extendió la propuesta a la Provincia para potenciar los efectos.
