Incertidumbre en precios dificulta debut del nuevo servicio

La crisis económica y los cimbronazos cambiarios han generado graves distorsiones en el sistema de precios, que dificultarían a las nuevas prestadoras adquirir los insumos necesarios para comenzar con la prestación del servicio en la fecha pactada.

Por Felipe Osman

Los contratos por el nuevo servicio de recolección de residuos han sido firmados y aprobados en una sesión especial del Concejo Deliberante el lunes de la semana pasada, poniendo punto final al extenso y accidentado proceso licitatorio por la recolección de residuos.
Bajo tales consideraciones, nada debería obstar para que el nuevo esquema de recolección, que mantiene la división de la ciudad en tres sectores pero atribuyendo ahora cada una de ellas a una prestadora diferente, arranque en la fecha pactada: el 1 de diciembre de este año.
Sin embargo, factores exógenos a la licitación suman escollos en el camino para que este plazo sea cumplido.
En primer lugar, el pliego de condiciones generales que regulará la prestación del servicio durante los 8 años dura el flamante contrato de concesión (extensible por otros 2 a voluntad del municipio) prevé que cada prestadora deberá iniciar la ejecución de las prestaciones acordadas con una flota compuesta en un 65 por ciento por camiones 0 kilometro, pudiendo valerse de unidades modelo 2016 y 2017 para el porcentaje restante.
Esto significa que Tosa-Cotreco deberá comprar, para recolectar en la zona norte de la ciudad, 48 camiones 0 kilómetro. Es decir, 48 chasis y 48 cajas compactadoras. Lusa, en tanto, necesitaría hacerse de otros 50 camiones para trabajar en la zona sur. Y Solvi, de 16 unidades 0 kilometro debidamente equipadas para operar en el centro de la ciudad.
Pero además de estos bienes, necesarios para llevar adelante la recolección de residuos, el municipio ha pactado con las empresas la realización de otros servicios, como la limpieza de restos de poda y la recolección de escombros. Para llevar adelante esas tareas es necesario, para cada una de las prestadoras, munirse de otros bienes, como camiones Roll-off, camiones de caja descubierta, y compactadores.
El problema principal, según relatan fuentes allegadas a las prestadoras y de gran experiencia y conocimiento técnico en estas cuestiones, es que en cualquier otro contexto los contratos firmados y avalados por el Concejo Deliberante serían un respaldo suficiente para conseguir la financiación necesaria para afrontar la inversión que el readecuamiento de la flota necesita para encarar la prestación en la fecha convenida.
Pero dado el adverso e inestable contexto económico, los proveedores de estos bienes –aun contando con el stock necesario para satisfacer la demanda- no cuentan con un sistema de precios confiable para tasar el valor de los equipamientos.
Trascartón, otros inconvenientes se suman a los previamente relatados.
La extenuante dilación del trámite licitatorio sumada a la inestabilidad económica y al crecimiento cada vez más acelerado de los índices de inflación han dejado completamente desactualizadas las previsiones de inversiones a realizar por las empresas al momento de elaborar sus ofertas. Representantes de las compañías señalan que las proyecciones de inversión para la prestación del servicio reflejadas en la licitación fueron elaboradas en base a precios de hace un año y medio, ¿y ahora?
A fin de cuentas, la demora en superar la primera instancia de la licitación, es decir, en aprobar las propuestas técnicas (primer sobre) –fase que estuvo, además, signada por una verdadera batalla de impugnaciones entre las competidoras-, termino “derogando” a la oferta económica (segundo sobre). Así, el precio del servicio terminará decidiéndose en alguna oficina ajena a la vista de los vecinos, y justificándose por una fórmula inescrutable para el ciudadano de a pie.
En estos momentos las adjudicatarias se encuentran haciendo números. Necesitan readecuar los cálculos de costos para presentar una redeterminación de precios conforme al sistema preestablecido en el pliego de condiciones generales.
Y un elemento esencial en esas matemáticas será el costoso convenio colectivo del Surrbac, que en agosto ha otorgado un nuevo aumento a sus trabajadores.
Finalmente, cabe recordar una última objeción que las empresas, cuando no los propios vecinos, podrían hacer a la Administración. ¿Vale la pena hacer debutar un nuevo esquema de recolección el 1 de Diciembre?
El último mes del año es, por lejos, el momento de mayor generación de residuos. Habida cuenta de ello, probablemente sería más propio sostener el actual sistema de recolección, al menos, hasta enero de 2019, y hacer debutar el nuevo sistema en febrero, después de las fiestas y antes del inicio del próximo ciclo lectivo, cuando menor es la generación de residuos y, por lo tanto, menos molestias causaría cualquier desajuste en su ejecución, que podría ser recalibrado antes de que el año próximo arranque con todo su ímpetu y, consiguientemente, con mayores demandas para el servicio de recolección.