El mes que viene 1,2 millones de jubilados y pensionados de la Anses (los que no accedieron al beneficio por moratoria) registrarán una mejora de 8,37% de sus haberes y no del 6,68%, que es el porcentaje establecido según la normativa de movilidad trimestral. La diferencia la explica la aplicación de la garantía de 82% del salario mínimo, vital y móvil.
Un trabajo de los economistas Marcelo Capello y Gerardo García Oro señala que la experiencia de 2018/2019 confirma que la actual regla de movilidad evita el fenómeno pro-cíclico de la anterior, por lo que, desde el punto de vista del fisco, el impacto sobre el déficit de la Anses será mayor. A fin del año próximo, los haberes jubilatorios habrán mejorado un 30% en términos reales respecto de enero de 2009, con cinco puntos porcentuales explicados por la nueva fórmula
El gasto en jubilaciones y pensiones alcanzó el 9,3 % del PIB en 2017 y habrá de seguir subiendo en relación al valor agregado de la economía. Dentro de ese total, las partidas correspondientes a moratorias previsionales suman 3,4% del PIB. En caso que a este segmento de beneficiarios se les hubiera aplicado el criterio de la Pensión Universal del Adulto Mayor, habría un ahorro para el fisco equivalente a 0,8 % del Producto.
El resultado financiero de la Anses, que fue positivo en 41,8 mil millones de pesos en el primer semestre de 2017, pasó a terreno negativo este año (déficit de 2,6 mil millones). “De allí que resulte imperioso evaluar las condiciones de sustentabilidad del sistema en el mediano y largo plazo moratorias”, señalan los economistas.
El reporte da cuenta de los efectos de las moratorias en las cuentas de Anses que requiere –para cumplir lo asumido- de “un esfuerzo fiscal significativo y creciente”. A modo de ejemplo, considerando estrictamente las partidas destinadas a la previsión social (pago de jubilaciones y pensiones), el esfuerzo comprometido para 2017 comprendía al pago de 3,2 millones de prestaciones contributivas y 3,6 millones de beneficios otorgados por moratoria, cuyo haber promedio resultó en $14.718 y $7.627 respectivamente en dicho periodo.
Esto implicó una masa de haberes brutos liquidados de casi $977.000 millones, 9,3% del PBI. En este conjunto, los beneficios por moratorias previsionales requirieron de $359.000 millones, es decir 3,4% del PBI, un esfuerzo semejante a la dimensión del déficit fiscal observado para 2017, del 3,9% del PBI.
En el caso de que el haber computado para los beneficiarios de la moratoria previsional hubiera sido definido bajo el criterio de la reciente Pensión Universal del Adulto Mayor (destinada a personas en edad jubilatoria sin aportes suficientes para acceder al régimen contributivo) – que estipula un haber inicial equivalente al 80% de la jubilación mínima, este resultado implicaría un ahorro de $97.500 millones este año (0,8% del PBI).
En función de la dinámica de ingresos y gastos de la Anses durante los primeros semestres de cada año, la del corriente año presenta un resultado financiero negativo cercano a los $2.600 millones a valores corrientes, motivado en el debilitamiento de los recursos derivados al organismo previsional para el financiamiento de las prestaciones del régimen.
Por un lado, impactó negativamente la devolución del 15% de masa bruta coparticipable a provincias que comenzó en setiembre de 2015 con un programa gradual; otra decisión (esta positiva) fue derivar a Anses el 100% del impuesto al cheque para compensar la eliminación de la detracción del 20% de Ganancias.
El gasto en materia previsional se expandiría (en valores corrientes) a $1.200 millones en 2018 y $1.600 millones en 2019. De manera que puede esperarse que continúe acentuándose la participación del gasto en seguridad social en términos del PBI, atento a la contracción del volumen de producción global de la economía y el creciente gasto en términos reales del sistema, lo cual refleja la “imperiosa necesidad de continuar evaluando y monitoreando las condiciones de sustentabilidad a largo plazo”.
