Por Yanina Passero
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Las dos gestiones del intendente Ramón Mestre estarán cruzadas por el sistema de transporte urbano. No era su plan. El costo político por la reorganización de un servicio masivo e indispensable ya fue pagado pocos meses después que el radical se instalara en el Palacio 6 de Julio.
El llamado a licitación, la privatización de la estatal Tamse, la quita de la concesión a Ciudad de Córdoba forjaron la bienvenida clásica de UTA a los mandatarios de turno: una saga de paros. La incorporación de más de 600 unidades cero kilómetro y la ampliación de las rutas fueron el premio al usuario por la paciencia y por soportar el sinceramiento del precio del boleto que acompañó el proceso.
En medio de su segundo mandato, sin habérselo propuesto antes, Mestre tuvo un golpe de suerte. La anarquía en el gremio de los choferes, pese a la intervención de la central nacional, amenazó con sabotear el sistema y, con él, el que debía ser un hito de la gestión mestrista. El también titular de la UCR lograba desarmar la UTA imponiendo despidos masivos -que no se sostuvieron en el tiempo- y un esquema de emergencia que desarmó la huelga de nueve días de junio de 2017. Desde aquel momento a la fecha, el servicio se presta con normalidad. El transporte ya no debía ser sinónimo de problemas.
Si la creciente inflación configuraba un escenario complicado para el sostenimiento del servicio, el reciente anuncio del ministro de Economía de la Nación, Nicolás Dujovne, le imprimió mayor dramatismo. El funcionario macrista dijo en términos generales que los subsidios nacionales al transporte iban a ser “traspasados” a las Provincias y municipios. Las imprecisiones generaron alerta en el distrito y, desde ese momento, empresarios y funcionarios viajaron a Buenos Aires para obtener información útil.
El secretario de Transporte de la Provincia, Gabriel Bermúdez, confirmó ayer los temores. La cartera que depende de Guillermo Dietrich no entregará a las transportistas partidas no reintegrables, conforme al plan de ajuste encarado por la Nación con el objetivo de reducir el gasto y llegar al déficit cero en 2019.
La medida comenzará a regir desde el 1 de enero y significarán un desfinanciamiento de $2600 millones para el sistema urbano e interurbano. Si bien no hay detalles sobre el cupo de gasoil subsidiado, el sinceramiento de la tarifa asoma como el camino inevitable. Desde Fetap afirman que, a la fecha, la porción de la torta de subsidios representa unos $12. Reconocen que la cifra es variable conforme al valor del combustible en el surtidor. Desde la Provincia, moderan el cálculo y refieren a un 30% del valor del pasaje.
El gobernador Juan Schiaretti reforzará sus programas de boletos gratuitos, gran parte de ellos utilizados por vecinos de la ciudad. Sin embargo, será el intendente Mestre quien deberá tomar una decisión de alto impacto para los más de 750 mil pasajeros que utilizan el transporte urbano cada día. El contexto para trasladar la quita de subsidios a la tarifa no es el ideal porque es probable que la resolución lo encuentre terciando en la interna de Cambiemos para resultar elegido su candidato a gobernador.
Mestre cerrará su gestión asumiendo un gran desafío por el impacto de la crisis en el servicio. De todas maneras, desde el Ejecutivo prefieren que baje la espuma para oficializar el plan de escape a la presión que la inflación y la quita de recursos nacionales realizará sobre la tarifa. El secretario de Modernización de la Municipalidad, Marcelo Cossar, lamentó que se busque instalar un incremento del precio del boleto y afirmó que no está en agenda.
