Por Javier Boher
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El universo de las ciencias sociales es amplio y diverso, tratando de abarcar los diversos fenómenos de la vida humana y la interacción de los diversos agentes que rodean al individuo. Pese a que los puristas prefieren dejar bien delimitado el dominio de cada una, la complejidad de la realidad social hace que sea esencial tomar prestados conceptos y perspectivas de áreas diversas.
Entre las influencias que se detectan entre ciencias, es a partir de la década del ‘70 que los presupuestos de racionalidad tan comunes en economía pasan al mundo de la ciencia política y la sociología.
Dentro del enfoque de la elección racional se empieza a trabajar bajo el supuesto de que las acciones persiguen una lógica de maximización de beneficios. Cada actor estaría siempre privilegiando su propio interés, haciendo cálculos de costo y beneficio para tomar decisiones.
Aunque es exagerado plantear que basamos todas nuestras decisiones en ese tipo de cálculos (porque no nos detenemos a pensar en cuánto ganamos por responder “buen día” cuando nos cruzamos con el portero en el trabajo, ni en los beneficios de cepillarnos los dientes cada vez que nos levantamos) hay algo de real en la búsqueda de intereses personales al desempeñarse en la arena de la lucha política.
El conflicto por el ajuste a las universidades ha tocado a uno de los actores privilegiados por la política del gobierno anterior. El reclamo en favor de los docentes y no docentes, de investigadores y alumnos, por el sostenimiento de la educación universitaria pública ha ido cobrando fuerza a medida que pasan los días desde que se desató el conflicto.
Entre las acciones individuales de los que apoyan el reclamo se ha difundido una línea que, lejos de representar una verdadera defensa de la educación pública de calidad, sólo hace hincapié en la posibilidad de obtener un beneficio a un bajo costo posible. Defender la gratuidad de algo sólo porque uno se ha beneficiado de su uso no parece un argumento muy sólido.
La gente se moviliza y reclama para no perder la posibilidad de acceder a un título de grado. Lejos de cuestionar eso, sí es necesario cuestionar el lugar común de que se lo hace por las posibilidades de ascenso y progreso social de los sectores menos favorecidos de la sociedad.
La pobreza que afecta a la mitad de la población menor de 16 años difícilmente se resuelva sólo por permitir el acceso irrestricto a la universidad. Las desigualdades que existen al inicio del recorrido no se revierten abriendo el juego cuando se está a las puertas de la vida adulta.
Todos los trabajadores tienen el derecho de reclamar por una mejora en sus condiciones de trabajo, y particularmente en los salarios percibidos. Pero defender la universidad pública porque en última instancia significa defender el propio medio de vida no tiene que ver con la defensa de la educación, aunque se confundan. Siguiendo la línea de la elección racional, sólo sería perseguir un interés personal, no un bien común.
El uso ineficiente de los recursos por la implementación sistemática de políticas educativas mediocrizantes (en conjunto con políticas socioeconómicas que nunca redujeron la brecha entre ricos y pobres) determina que la tasa de egreso sea demasiado baja para la cobertura universitaria pública.
Es inevitable que a cien años de la reforma que transformó la relación entre el saber y la sociedad muchos crean estar emulando a los que encabezaron dicha gesta. La romantización de aquella lucha, sumado al enamoramiento con la idea de la educación pública (que en la práctica hace agua en los diversos niveles) genera esta épica insoportable de los que -cuando se aplaque la polvareda- se mostrarán tratando de maximizar beneficios, lejos de aquellos para los que la universidad no llega a ser ni siquiera una aspiración.
