Por Felipe Osman
Más ajuste para Ciudad Autónoma y provincia de Buenos Aires que para el resto, asignaciones de capital de la Nación a las provincias establecidas en el presupuesto, prohibición al Ejecutivo nacional para hacer transferencias directas a municipios que “puenteen” a los gobiernos locales, créditos de Anses para compensar a los intendentes por la pérdida del Fondo Sojero y pausa a la baja de tributos provinciales planteadas por el Consenso Fiscal. Este mix bien puede resumir la contraoferta que los titulares de las carteras económicas provinciales presentarán hoy a su par nacional, Nicolás Dujovne.
La propuesta que los gobernadores de la oposición (mayoritariamente peronistas), entre quienes ocupa una posición de liderazgo Juan Schiaretti, han diseñado para contribuir a reducir el déficit fiscal del Estado Nacional busca dejar algo en claro: el ‘dueño’ del déficit es Macri, pero quien lo administre en cada jurisdicción local será el mandatario provincial de que se trate.
La oferta implica, para las provincias, resignar 102.000 millones de pesos, que dejarían de recibir del Estado nacional a partir del presupuesto 2019, mediante la supresión total de los subsidios al transporte automotor ($50.000 millones), el Fondo Sojero ($26.000 millones) y los Aportes del Tesoro Nacional ($14.000 millones), y por mantenerse congelados el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y de Emergencia Social ($12.000 millones).
La eliminación de los subsidios al transporte automotor, que implica (casi) la mitad del ahorro planteado por la oferta de los gobernadores, prevé un ajuste largamente más severo para Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires que para el resto de las jurisdicciones, ya que a estas dos van destinados más del 50 por ciento de esos fondos.
Se prevé, además, que la supresión del Fondo Sojero mediante la derogación del decreto 206/2009 (que estando programada para el año próximo se adelantó por la premura del Gobierno nacional en ofrecer respuesta a la corrida cambiaria del lunes de la semana pasada), causará gran impacto –principalmente- en las cuentas de los municipios, ya que la normativa que regía el reparto de este fondo especificaba que las provincias debían coparticipar con los intendentes el 30 por ciento de los recursos que por él recibieran.
Este impacto busca ser compensado al exigir que Anses garantice créditos a los jefes comunales.
Por otro lado, con la propuesta que Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de la Provincia, pondrá hoy sobre el escritorio de Dujovne, los gobernadores peronistas esperan “curarse en salud” limitando (o eliminando) la discrecionalidad con la que el Ejecutivo nacional cuenta para realizar Asignaciones de Capital, cerrando la puerta a un reparto arbitrario de estos recursos que beneficie a las jurisdicciones (provinciales o municipales) controladas por Cambiemos, en detrimento del resto.
En suma, la contraoferta que los ministros de Economía de cada provincia acercaran hoy al Gobierno nacional buscará hacer recaer en Capital Federal y provincia de Buenos Aires –ambas controladas por Cambiemos- la mayor parte del ajuste. Y parece ciertamente lógico que así suceda, habida cuenta de la inmensa concentración de recursos que la Nación destina a subsidiar estas jurisdicciones con fines indisimulablemente electorales.
Pero también pretende limitar el margen de maniobra del que gozará la Casa Rosada para gerenciar el ajuste, estableciendo en el presupuesto el criterio de reparto para las asignaciones de capital, que no será otro que el establecido en la ley de coparticipación. Así, no solo resultará imposible al Ejecutivo nacional hacer un reparto discrecional de recursos, sino que además, su distribución se hará conforme a un criterio redistributivo que beneficie a las provincias más pobres, mayoritariamente controladas por el peronismo.
