Por Felipe Osman
El pasado miércoles por la tarde, el centro de la ciudad quedó paralizado por una marcha a la que convocó el sindicato de Luz y Fuerza. La consigna bajo la cual se llamaba a protestar era –nominalmente- el rechazo al Nuevo Marco Regulatorio para el Sector Eléctrico que impulsa el Ejecutivo provincial, en el cual Gabriel Suárez lee la apertura a una privatización –parcial o total- de Epec.
Sin embargo, la magnitud de la movilización y el papel central que en las alocuciones finales tuvieron las críticas al manejo de la política económica macrista dejaron claro que el nuevo marco regulatorio no era sino un motivo secundario de la concentración, en la que participaron referentes de algunos de los principales gremios de Córdoba. Entre otros, el Surrbac, comandado por el clan Saillen, el Suoem, actualmente bajo la “regencia” de Beatriz Biolato, y las 62 organizaciones, lideradas por Sergio Fittipaldi (Soelsac). Esta proximidad de Gabriel Suárez con el páter familias de los recolectores, sumada a los recientes acercamientos entre los clanes Saillen y Moyano, empiezan configurar un eje de claro sesgo K en el gremialismo de Córdoba, cuyo principal aglutinante sería –en teoría- la oposición al oficialismo nacional. Pero subyacen otros factores, particulares para cada gremialista, que ponen en duda si estos primeros síntomas de polarización en el sindicalismo responden, realmente, a un rechazo a la política económica del oficialismo nacional, o si este es, en alguna medida, un buen pretexto para trazar algunas alianzas tácticas, coyunturales, y por lo tanto, más frágiles. Suárez sostiene, desde hace meses, un serio conflicto con el Gobierno de la Provincia, y su posición no es ventajosa para la renegociación del convenio colectivo lucifuercista, que se reanudará mañana, bajo la autoridad del Ministerio de Trabajo de la Nación. Saillen, por otro lado, se encuentra asediado por causas judiciales, al igual que Hugo Moyano. De ahí la repentina amistad entre estos últimos. La CGT Rodríguez Peña parece empezar a levantar cabeza después de haber trastabillado con la actuación de su líder en el “conflicto UTA”. La CGT Chacabuco, por otro lado, aparece relegada a un segundo plano, y sin que José “Pepe” Pihen logre protagonismo necesario para unir a su central a los gremios más poderosos. Esta polarización del sindicalismo conlleva algunos riesgos para Unión por Córdoba. Si el movimiento obrero es la columna vertebral del movimiento justicialista, cómo solía decir el propio Juan Domingo Perón, al peronismo cordobés no le convendrá que su columna vertebral “sufra” una desviación kirchnerista. Y si el elemento de cohesión en un acercamiento de varios de los gremios más poderosos de la provincia es un rechazo a las políticas económicas macristas, es muy probable que esto suceda. Se plantean, entonces, una serie de interrogantes. En primer lugar, ¿cómo reaccionará el Centro Cívico ante estos primeros síntomas de polarización, de claro sesgo kirchnerista, en el gremialismo cordobés? Suárez puede ser un elemento central en este nuevo armado, y el conflicto entre la Provincia y el sindicato Luz y Fuerza continua abierto. ¿Puede esta naciente cohesión de gremios K incidir en las negociaciones que la Provincia mantiene con el gremio lucifuercista? Unión por Córdoba lanzó, incluso desde antes de las elecciones legislativas de 2017, una suerte de “plan de reclutamiento” de cuadros K, y busca hacerse con una porción del electorado habitualmente kirchnerista. ¿Con que eficacia podría hacerlo sin cooptar también, al menos, a una parte sus referentes gremiales?
