Por Gabriela Origlia
A la recesión en la que ingresó el país por errores propios y por el impacto sobre los emergentes de los problemas turcos se sumó el escándalo de “los cuadernos de las coimas” que, más allá de la voluntad y las palabras del Gobierno, golpeará la obra pública el motor en el que confiaba la Casa Rosada para sostener la economía. Es impensable que bancos internacionales financien a empresas sospechadas para participar del esquema de Participación Público Privada en el que se cifraban las esperanzas para 2019.
Fuentes oficiales insisten que, hasta que no se expida la Justicia, las compañías sospechadas –con empresarios que “confesaron” y/o se “arrepintieron”- podrán seguir a cargo de las obras y de los servicios públicos que tienen asignados e incluso participar de nuevas licitaciones.
No se trata de una cuestión jurídica sino de voluntad política ya que aplicando el Derecho Administrativo, el Estado puede rescindir un contrato por dolo o fraude y puede revocar la concesión de servicios públicos y hacerse cargo del control. El punto es, dicen los expertos, tratar de provocar el menor daño posible al “interés público” y a los trabajadores de las empresas.
A esta altura ningún especialista se anima a plantear que la contracción de la actividad económica durará menos de dos trimestres. La actualización de los salarios lejos de la inflación y las tasas altas son el peor combo. Según la Unión Industrial, el sector cayó 8,4% en junio en forma interanual y acumuló en el primer semestre un crecimiento del 0,4%. Para la segunda mitad del año proyectó retrocesos de entre 2% y 3%.
En la pelea del Gobierno contra el déficit, la suba de los intereses de la deuda se “come” el achique del rojo primario. El déficit primario se redujo 35% pero el financiero, que incluye el pago de intereses, se incrementó un 90,6% y llegó a $ 62.380 millones en julio. El pago de intereses más que se cuatriplicó cuando alcanzó los $ 48.100 millones en julio (una suba de 352%).
Fue consecuencia, “por un lado, de haber pagado en julio -dado que fue inhábil el 30 de junio- la suma de $ 22.800 millones de intereses que el año pasado se habían abonado en junio y, por el otro, al pago de $ 7800 millones correspondientes al primer cupón de intereses de la colocación de deuda realizada en enero de este año”, señala un comunicado de Hacienda.
En ese contexto, las metas que el Gobierno –con exceso de optimismo- anunció al asumir, empiezan a correrse. El presidente Mauricio Macri ya admitió que la de inflación se cumplirá recién en 2020 y reconoció que la pobreza aumentará como consecuencia de la devaluación.
Según cálculos preliminares de la Universidad Católica Argentina (UCA), hay alrededor de 1,5 millones de personas que están en riesgo de caer nuevamente en la pobreza. El tercer trimestre de 2017, el último medido por la UCA, un millón dejó de ser pobre; el valor estaba en 28,7% de la población (11,5 millones de personas), mientras que la indigencia castigaba a unas 2,6 millones de personas. La pobreza estructural es del 25%.
Entre la perspectiva de indicadores negativos, temores políticos y gestiones en los mercados internacionales, la Rosada sigue negociando con los gobernadores pero la eliminación del Fondo Sojero tensó el vínculo. La reunión del último viernes –de la que participaron los “más duros”- fue para resolver que irán al Congreso para dar vuelta el decreto. “Si cambian las reglas de juego, que se hagan cargo de las consecuencias”, dicen en los alrededores del tucumano Juan Manzur.
Esta semana volverán los contactos entre los gobernadores y los legisladores del Peronismo Federal; también habrá diálogo con la CGT. El impacto de la medida, en lo que queda de este año, es de $8500 millones y el que viene suma unos $25.000 millones. Además de afectar a las provincias llega a un eslabón más abajo, los municipios.
