Decisiones en base a la urgencia que restan credibilidad

Las medidas anunciadas para bajar el gasto impactaron en gobernadores, campo e industria. El problema es que Cambiemos las había venido negando hasta horas atrás y las instrumentó por el apuro en reducir el rojo fiscal.

Por Gabriela Origlia

El Ejecutivo nacional sigue sacando por decreto las medidas que no requieren de una ley, más allá de que estuvieran incluidas en el “menú” de ajuste a conversar con los gobernadores. Ayer fue el turno del Fondo Sojero con un fuerte impacto en los municipios. Ocho medidas tomó el Gobierno en los últimos tres días; algunas las decidió tarde (como las anunciadas el lunes cuando el dólar superó los $30) y las restantes estaban en análisis pero fueron aceleradas. Por supuesto, impactan en el humor de los mandatarios provinciales y también en los del campo y la industria.

Con los anuncios de ayer el Gobierno espera ahorrar $65.000 millones: reducen los reintegros a la exportación (asegura que la baja del impuesto al cheque y a los ingresos brutos, generan el espacio para bajarlas; el impacto es de $5000 millones este año y $29.000 millones en 2019);
menor baja de retenciones a los derivados de la soja (los ingresos adicionales para la Nación por esta medida son de $1500 millones en 2018 y $ 12.000 millones en 2019) y se elimina el fondo federal solidario.

A través de un decreto, se eliminó el fondo a través del cual se transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja. “La reducción de los reintegros a la exportación, que se deduce de recaudación coparticipable, compensa parcialmente la pérdida de ingresos de las provincias. El ahorro fiscal para la Nación es de $8500 millones en 2018 y $ 26.500 millones en 2019″, indicó Hacienda.

La importancia del Fondo –señala un informe de Marcelo Capello, del Ieral- fue cayendo en el tiempo, desde un 0,45% del PIB en 2010, a un 0,16% en 2018. En pesos constantes de 2017, el FOFESO pasó desde un máximo de alrededor $45 mil millones en 2010, a cerca de $17 mil millones en 2018. Esto ocurrió al calor de la caída de los precios internacionales de las commodities, y de la reducción en la alícuota de las retenciones con el actual gobierno. Este año se agrega el impacto negativo sobre la producción de la sequía, compensado en parte por la suba del tipo de cambio desde el segundo trimestre del año.

La crisis de la lira turca impactó más en Argentina que en otros emergentes y, una vez más, obligó a acelerar los tiempos para resolver los problemas que vienen de años y que nunca terminan de zanjarse.

El rojo fiscal. La misión del Fondo Monetario Internacional le insistió al Gobierno que debía apurar los recortes y cumplir lo prometido; lo mismo corre para la inflación. El tipo de cambio más alto ayudará en algunos aspectos (como las exportaciones) pero a los precios les pegó; la herramienta de contención es la recesión. Otra mala noticia.

La urgencia fiscal que determinó las medidas impactó en la credibilidad del Gobierno. ¿Si frena ahora la rebaja de retenciones a los derivados de la soja, por qué no sería el poroto el próximo paso? Esa era la pregunta/respuesta más repetida ayer. El campo se siente “traicionado” y la industria interpreta la decisión como “un manotazo de ahogado”.

Además, resintió la confianza del sector en el ministro Dante Sica. Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), planteó que se trataba de “un misil contra el valor agregado” y dijo que Sica había asegurado “más de una vez que no iba a haber baja de reintegros y que hablaba por todo el Gabinete. Se ve que no los conoce bien aún”.

Es obvio que un ajuste no deja a todos conformes y que todos pierden. El problema detrás de las decisiones es que se dice una cosa, se plantea una instancia de diálogo y se toma la resolución sin esperar ese intercambio. Ejercer el poder es legítimo porque para eso fue elegido Cambiemos, pero sería menos traumático hacerlo sin culpa y avanzar sin disimulos en la dirección elegida.

Sino la percepción es que las decisiones se improvisan, se toman en función de lo que la crisis (propia, turca, de la guerra comercial) marca. Perder credibilidad es tan importante y crucial como no bajar el rojo fiscal.