Luego de batallar durante meses sin éxito para introducir algo de sensatez en la investigación para esclarecer las circunstancias del deceso de Santiago Maldonado, la fiscal del caso, Silvina Ávila, logró una victoria.
Por unanimidad, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia declaró que las escuchas al entorno del joven ordenadas por el primer juez de la pesquisa, Guido Otranto, son válidas.
Así, descartó la razón central en base al cual su sucesor, Gustavo Lleral, pretendía destruir los registros.
En su momento, Lleral consideró que las medidas ordenadas por su colega mientras tramitaba un hábeas corpus eran inconstitucionales porque afectaban el derecho a la intimidad.
Sin embargo, la Alzada fulminó esa apreciación. Estableció que Otranto valoró adecuadamente los principios en juego y que si bien la actividad implicó una restricción al derecho a la privacidad se encaminó a cumplir la obligación del Estado de investigar y dar con el paradero del artesano.
Además, señaló que la decisión fue “urgente y necesaria” porque Otranto estaba ante un escenario complejo, en el que la evaluación del riesgo de la víctima lo habilitaba a poner en jaque un sistema diseñado para otro tipo de supuestos.
En suma, no pasó por alto que se trataba, nada menos, que de una instrucción por presunta desaparición forzada, y concluyó que Lleral hizo una interpretación descontextualizada de los antecedentes del expediente.
Las dudas sobre las verdaderas motivaciones de los familiares, allegados y militantes de la hipótesis de la desaparición forzada de Santiago no son nuevas. Poco después de promover y lograr que Otranto recaratulara las actuaciones como supuesto delito de lesa, Ávila les apuntó y habló de escasa cooperación. Reconoció ese cuadro en un informe que le remitió al Ministerio de Justicia, en el cual indicó que no había razones para afirmar que Maldonado estuviera sin paradero conocido en contra de su voluntad y que carecía de pruebas para incriminar a Gendarmería.
En la misma oportunidad describió un escenario de poca colaboración por parte de los principales interesados en su localización y admitió que no fue fácil recolectar elementos probatorios.
El tenor del documento no generó interés en los sectores que explotaban la penosa situación durante la campaña por las legislativas, pero Otranto tomó cartas en el asunto e intervino los celulares de Sergio Maldonado, Claudia Pilquiman (la madre de Lucas Pilquiman o “Testigo E”), Ariel Garzi (amigo del artesano) y una mujer vinculada a la comunidad mapuche.
A fin de año, Ávila le reclamó a Lleral que nominara el expediente como muerte dudosa, argumentando que no había pruebas para sostener la figura de la desaparición forzada, pero no obtuvo resultados.
En mayo, apeló el fallo que ordenaba destruir las grabaciones y planteó que hubo un plan para entorpecer la búsqueda del joven, subrayando que el material debía resguardarse porque involucra a denunciados por dar testimonios y pistas falsos que podrían ser fundamentales para desentrañar cómo se desarrollaron los acontecimientos.
También criticó al juez y objetó que las grabaciones no estuvieran a su disposición. “No se sabe si la reticencia del magistrado responde a que perdió los discos compactos o a que no quiere que esta parte acceda a la prueba. Cualquiera de esas situaciones demostraría irregularidades de gravedad institucional”, disparó.
La Alzada respaldó el enfoque de la fiscal y legitimó la injerencia estatal en una causa que tenía en vilo al país. Citó doctrina sobre la amplia discrecionalidad de la que gozan los jueces en el marco de la naturaleza excepcional y privilegiada del hábeas corpus y recordó que la Guía Práctica para la búsqueda de Personas elaborada por la Procuraduría de Trata -que diseñó la estrategia de actuación para casos como Maldonado- contempla expresamente la intervención de líneas identificadas como relevantes por los investigadores.
La decisión de la Cámara complica el panorama para Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana, los abogados cordobeses ligados al kirchnerismo que se presentaron en la Patagonia como integrantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), una pertenencia que el organismo a nivel nacional desmintió.
En los registros, Cabaleiro fue grabado conversando con el amigo del Maldonado, Garzi, sobre los pormenores de su testimonio, casi dictándole lo que debía decir. Uno de los puntos críticos se relaciona con el estado del río y demostraría que el entorno de Maldonado sabía que era profundo.
Paralelamente, el material acreditaría que no tuvieron contacto directo con el “Testigo E”, tal como declararon en el informe que enviaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino que otros hablaban por el joven.
Al igual que Matías Santana, el “mapuche de los binoculares”, Pilquinam sostuvo que presenció cómo integrantes de Gendarmería secuestraron a Maldonado.
Santana fue promocionado como “testigo clave”, pero todo indica que con su versión de lo sucedido intentó complicar una investigación que ciertos sectores explotaron hasta el hartazgo con objetivos políticos.
En enero, el Ministerio de Seguridad los denunció por falso testimonio, por el compendio de mentiras que expresaron. También apuntó contra Garzi y la madre del “Testigo E” y expuso que sus versiones fueron condición necesaria para la posterior construcción de un “relato” por parte de “determinados funcionarios judiciales, referentes políticos y miembros de organizaciones de derechos humanos”, quienes no dudaron en calificar un ahogamiento accidental como desaparición forzada.
