Una prueba y error que tensionó el diálogo con los gobernadores

Menos de una semana duró el cambio en las asignaciones familiares; la Nación lo frenó por 30 días en búsqueda de reencausar el vínculo con dirigentes de sus propias filas que salieron a cuestionarlo.

Por Gabriela Origlia

Una vez más el Gobierno apostó al “prueba y error” pero –en el medio- complicó el diálogo con los gobernadores de cara al ajuste y al presupuesto 2019. El tema fueron las asignaciones familiares y el decreto por el que se introdujeron cambios que incluyeron la eliminación de diferenciales para zonas desfavorables (Patagonia y algunos puntos del norte). Duró menos de una semana.
Cuando los patagónicos –encabezados por los radicales de Cambiemos- avanzaron con un proyecto de ley para voltear el decreto, se resolvió suspender su aplicación por 30 días. La medida estaba en las alternativas que los ministerios de Hacienda e Interior presentaron a los referentes de las provincias y, en las reuniones, se había adelantado el rechazo. El recorte implica un ahorro de unos $5000 millones para el Tesoro pero golpea el poder adquisitivo de los beneficiarios que, en muchos casos, ven reducir las asignaciones a mitad.
El combo –dijeron los ministros provinciales- era menos transferencias para planes sociales y, además, ajuste del ingreso de los beneficiarios. La luz era roja. Como la decisión podía salir por decreto (muchas otras requieren de leyes que deben pasar por el Congreso donde Cambiemos no tiene mayoría), salió. El ruido político y la tensión generadas la frenó.
En los próximos días –con el escándalo de “los cuadernos de las coimas” de fondo- seguirán los encuentros. Entre los gobernadores esta vez no hay posición unificada; un segmento prefiere romper y que el año que viene se aplique la continuación del presupuesto actual. Otros se inclinan por acordar porque entienden que si no perderán, por ejemplo, algunas posibilidades de tomar deuda de organismos internacionales para financiar obra pública.
La impresión que tiene ese grupo es que sin acuerdo el Gobierno seguirá aplicando el ajuste que ya inició en el primer semestre. “Eso no se frena pero además, lo que podamos sacar, se cae. No es negocio”, repiten los “dialoguistas”.
Desde la Casa Rosada la estrategia sigue siendo la negociación individual. Es cierto que cada jurisdicción tiene cuestiones puntuales a tratar (por caso, Santa Fe la deuda histórica que viene reclamando por la financiación a Anses o Córdoba lo que le debe Epec a Cammesa), pero hay temas que son comunes a todo el interior.
El gobernador Juan Schiaretti logró establecer una coincidencia base: la discusión por subsidios debe abarcar a todo el transporte y no sólo a los colectivos. Hasta ahora, el planteo nacional es que Buenos Aires y Caba deberán hacerse cargo de $11.000 millones anuales; la cifra –dicen en Córdoba- deja afuera las transferencias nacionales a la demanda (tarjeta Sube) y a los ferrocarriles.
El traspaso de Edenor y Edesur, las eléctricas, ya está resuelto al igual que el de la tarifa social del agua. De la Justicia porteña, que se sostiene con fondos del presupuesto nacional, no se habló. Aun los más críticos del andamiaje de subsidios admiten que es muy complejo resolver todo de un año para el otro.
En cambio, no hay acuerdo entre los mandatarios sobre la decisión de la Nación de eliminar el Fondo Sojero (constituido con el 30% de la recaudación por retenciones y asignados específicamente a obra pública). Son unos $25.000 millones al año y, obviamente, irá cayendo con la rebaja del impuesto. Los distritos más chicos pelean por su permanencia y los más grandes entienden que es un punto negociable.
Una situación parecida se da con el Fondo de Incentivo Docente (unos $20.000 millones). La estrategia del Gobierno este año fue congelarlo y, de esa manera, la inflación se encarga de licuarlo. El esquema se repetiría en 2019.
Veinte son los votos que necesita el oficialismo para sacar el presupuesto; confían en que los van a conseguir. Más allá de lo económico-financiero lo que está en discusión es una señala para la institucionalidad. No es lo mismo prolongar la vigencia de un presupuesto que conseguir uno nuevo diseñado en función de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.