Por Felipe Osman
Más de 300 intendentes firmaron ayer el “Acuerdo Federal Provincia-Municipios por el Diálogo y la Convivencia Social”. Detrás del acartonado nombre, la herramienta ofrecida por la Provincia a los municipios cordobeses pone a disposición de los intendentes que la acepten una serie de ventajas. Entre ellas, convierte en “no reintegrables” las trasferencias originadas en el Fondo de Desarrollo Urbano, y crea una serie de instrumentos de financiamiento de los que los jefes comunales podrán servirse.
Como principal contrapartida, la cláusula cuarta exige que a los adherentes “se abstendrán de iniciar procesos administrativos y/o judiciales con base en el régimen de Coparticipación Provincial (…) y, en su caso, a desistir dentro de los sesenta días de suscripto el presente de los procesos judiciales ya iniciados”.
Esta cláusula aparece como diseñada “a medida” para coartar los reclamos iniciados por Ramón Mestre que, además de Oscar Tamis, es el único intendente que ha interpuesto acciones ante la Justicia por los recursos de la coparticipación provincial que, a su entender, han sido injustamente retenidos por la Provincia después de que el Consenso Fiscal de 2017 eliminara la afectación específica para los fondos que surgían del reparto de los excedentes del Fondo del Conurbano Bonaerense.
Entre los intendentes que aceptaron la oferta de la Provincia hay, entre una mayoría de peronistas, un gran número jefes comunales radicales y pertenecientes al Pro.
En la sesión de ayer, el concejal radical Héctor Carranza ofreció un alegato en contra de firmar el acuerdo que propone el gobernador, asegurando que aceptarlo implicaría consentir que la Provincia tome ventaja de “la situación dramática que viven los municipios, obligándolos a renunciar lo que se les debe”.
Desde la oposición, en tanto, el edil Esteban Dómina, presidente de la bancada de Unión por Córdoba, señaló: “Si uno filtra el natural entusiasmo y se queda con la esencia, todo es respetable. Hay otras opiniones, más de 300 intendentes han firmado el nuevo pacto fiscal (…) Si han firmado, es obvio que actúan por los intereses de sus ciudades. Lo que tratamos de exponer -sin echar leña al fuego-, es que hay otras opiniones, seguiremos atentos a la evolución de los acontecimientos, esperemos que sigamos el debate”.
A su vez, Tomás Méndez se preguntó por qué no se ha encontrado una solución definitiva a este conflicto, habida cuenta del diálogo que ha tenido Cambiemos con el gobierno provincial.
Los señalamientos de Dómina parece ir en este sentido: Si una amplia mayoría de los intendentes ha aceptado las condiciones del acuerdo ofrecido por la Provincia, y estos actúan en defensa de los intereses de las ciudades que administran -como es lógico presumir-, entonces, ¿en dónde radica la resistencia de Ramón Mestre a firmar el acuerdo?
Aquí las aguas se dividirán. Desde el oficialismo municipal entienden que muchos de los municipios que firman en acuerdo lo hacen porque, ahogados financieramente por los recursos que la Provincia le retacea, no tienen otra opción.
Sin embargo no debe olvidarse que, a diferencia del resto de los intendentes cordobeses, Ramón Mestre es hasta ahora quien se perfile como el más probable competidor de Juan Schiaretti por la Gobernación en 2019.
Y junto su necesidad de posicionarse electoralmente como el principal detractor del mandatario provincial, surge, desde luego, la de mantener abiertos frentes de conflicto con El Panal.
Renunciar a su acción judicial en contra del Centro Cívico significa para el intendente perder un valioso “motivo de guerra” para confrontar con Schiaretti en tiempos previos a la campaña electoral que se avecina.
Buena parte de la oposición en el Concejo entiende, entonces, que la reticencia de Mestre a acordar con la Provincia se encuentra más directamente relacionada con esta necesidad electoral del jefe comunal, que con la conveniencia de pactar o no hacerlo.
