La desaceleración de la inflación pondrá en jaque al objetivo 2019

Como las prestaciones sociales se actualizan automáticamente por Ley de Movilidad, los recortes se concentrarán en pocas partidas: empleo público, subsidios económicos, transferencias a provincias y obra pública.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) endureció la meta fiscal de 2019, llevando el rojo primario del sector público nacional de 2,2% del PBI a 1,3%. Sin embargo, al contabilizar parte de las rentas del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses como ingreso y la posibilidad de elevar el déficit por la salvaguarda social, el esfuerzo fiscal necesario sería algo menor.
Ecolatina plantea que las expectativas de magro crecimiento de la actividad y la ambiciosa desaceleración de la inflación acordada con el FMI, dificultarán el cumplimiento de la meta fiscal en 2019. Además, el Ejecutivo descartó operar sobre los ingresos, por lo que todo el esfuerzo recaerá sobre la reducción del gasto primario.
Como las prestaciones sociales (que representan 60% de las erogaciones primarias del Sector Público Nacional) se actualizan automáticamente por Ley de Movilidad, los recortes se concentrarán en pocas partidas: empleo público, subsidios económicos, transferencias a provincias y obra pública.
El objetivo fiscal de 2019 choca con la ambiciosa reducción de la meta de inflación pautada (10 puntos porcentuales). En primer lugar, cómo la fórmula de movilidad por la que ajustan las prestaciones sociales ajusta por inflación pasada, cuanto más profunda sea la desaceleración del alza de precios, mayor será el incremento real del 60% de las erogaciones primarias, forzando un mayor recorte en los demás rubros del gasto público. Asimismo, una mayor alza de tarifas para reducir subsidios acelera la inflación.
El riesgo de la dinámica propuesta por el Ejecutivo reside en caer en un círculo vicioso de más ajuste y menos actividad, que demande nuevos recortes del gasto por caída de ingresos.” Es que en última instancia, el cumplimiento de la meta fiscal depende del crecimiento: la economía entró en recesión y no sabemos cuándo saldrá”, describe el informe.

Como financiar el rojo
La estrategia acordada con el FMI es tender a que sea el Tesoro el que contraiga deuda para que el Banco Central tenga mayor autonomía en el control del dólar y la inflación por eso las licitaciones de Letras del Tesoro (Letes) con las que Hacienda propone al público cambiar las Lebacs.
Entre 1992 y 2001 la deuda pública del Tesoro pasó desde U$S 63 mil a U$S 144 mil millones, o sea, subió en U$S 81 mil millones; entre 2001 y 2015 saltó desde U$S 144 mil a U$S 254 mil millones y hasta el año pasado pasó a U$S 335 mil millones (un alza U$S 81 mil millones).
Es decir que en el último cuarto de siglo la deuda pública del Tesoro no dejó de subir. En la convertibilidad, cuando el déficit fiscal se financiaba con crédito externo, la deuda más que se duplicó. Después mantuvo su ritmo de crecimiento aun cuando el país estaba en default (con el acceso vedado al crédito internacional) y se apeló profusamente al financiamiento del déficit fiscal con emisión monetaria (lo que restableció la alta inflación en Argentina), describe Idesa.
Con Cambiemos el alza es similar a las dos etapas anteriores. Este endeudamiento sistemático es la consecuencia de los persistentes déficits fiscales. Seguir financiando déficit con deuda tiene mayores costos sociales que un ajuste fiscal ordenado. Un indicio en este sentido surge del Informe de Avance del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para el Presupuesto 2019 que marca que en los primeros cinco meses de este año, los pagos de intereses de deuda ya se convirtieron en el segundo ítem de gasto público por detrás de las jubilaciones.
En intereses se pasó a gastar más que en remuneraciones de empleados públicos. La contrapartida es que la inversión en obras públicas se redujo un 12% en términos nominales, caída que corrigiendo por inflación sería equivalente al 30%. Para Idesa “la aceleración de la inflación y el aletargamiento en la producción demuestran que el gradualismo no evita costos sociales sino que los potencia”.