Compartir los costos, ¿también el poder?

El peronismo, para el presidente, son los gobernadores de la Liga. Más allá de ellos existe una terra incógnita que, asume, sólo reconoce el liderazgo de Cristina Fernández.

Por Pablo Esteban Dávila

Mauricio Macri sabe que llegó el momento de ajustar. Que el gradualismo que postulaba no podrá ser extendido durante todo su mandato. Que el contexto externo ya no ayuda. Que el FMI le requerirá precisamente esto para extenderle los cheques que necesita la economía. Y, al final del camino, que continuará necesitando al peronismo para poder gobernar.
El peronismo, para el presidente, son los gobernadores de la Liga. Más allá de ellos existe una terra incógnita que, asume, sólo reconoce el liderazgo de Cristina Fernández. Los gobernadores temen lo mismo que él: que la crisis se extienda y termine devorando sus administraciones. Cuando se trata del poder, todos son conservadores.
La necesidad de aliviar los graves problemas que pesan sobre la economía nacional exige a la Casa Rosada acordar los grandes lineamientos de política con los mandatarios provinciales. Hasta el año pasado lo había podido hacer con relativo éxito, aunque al precio de ceder fondos (u obras públicas) a los gobernadores dialoguistas sin obtener, a cambio, mucho más que palmadas en el hombro. Ahora no puede recurrir al canje de plata por acuerdos por la simple razón de que ya no queda más que repartir.
¿Cómo llevar adelante, por lo tanto, alguna iniciativa viable de negociación para garantizar la gobernabilidad del país? Macri imagina que la discusión por el presupuesto 2019 será la llave. Al fin y al cabo un institucionalista, confía en que a través de la ley de leyes podrá estructurarse, de la forma menos dramática posible, los ajustes que requiere el FMI. El hecho de que el presupuesto nacional haya sido, las más de las veces, papel pintado, no lo desanima. Si, alguna vez, un presidente logra que se cumpla rigurosamente será un hecho revolucionario, de la clase de epopeyas que al presidente le gustaría dejar como legado.
La idea no es mala y, en ciertos sentidos, resulta encomiable. El presupuesto, votado por el Congreso, sería la materialización operativa de los grandes acuerdos negociados con las provincias. Todo muy lindo. Pero esta volición puede quedar como una historia de Corín Tellado si, desde la otra vereda, Macri no logra la receptividad necesaria.
Es obvio que los gobernadores, más allá de su necesidad genérica de estabilidad, necesitan algo más que apelaciones a la responsabilidad personal para estampar su firma en un presupuesto que escape al destino de mera formalidad. Lo que el gobierno quiere pedirles es, lisa y llanamente, complicidad en el ajuste que se necesita para terminar con la inflación. ¿Por qué habrían de hacerlo? Después de todo, siempre podrá argumentarse que el presidente se metió solito en este berenjenal.
En rigor, existe una zanahoria en el bolsillo macrista: compartir el poder, no sólo los costos. No se trata, técnicamente, de cogobierno, sino del compromiso de garantizar a las jurisdicciones provinciales los fondos e inversiones posibles, más allá de las buenas intenciones. Si el dinero es poder, el presidente está dispuesto a dárselo. Nadie en su sano juicio rehuiría semejante propuesta sin pensarlo antes, especialmente en un año electoral.
Claro que, a cambio, los gobernadores deberán avalar recortes. Históricamente (y la administración cambiemita no escapa de tal fatalidad) los presupuestos decían una cosa y la realidad determinaba algo totalmente diferente. El resultado es que todos los interesados se enteraban de los ajustes cuando ya era tarde para negociar cualquier marcha atrás. Es la teoría del faitaccompli o de los hechos consumados. No vale la pena discutir tanto en el Congreso cuando, al final, el Poder Ejecutivo tiene las herramientas suficientes como para derogar, de facto, los compromisos presupuestarios votados con tanto ardor.
Esto es lo que ocurriría en un año como el próximo de no mediar el contexto de poder que estructura y, a la vez, condiciona al gobierno de Macri. Ni Néstor ni Cristina necesitaron explicar nunca qué hacía el Ministerio de Economía con las cuentas públicas. Tampoco tuvieron un Congreso que estuviera en condiciones de exigirles que lo hicieran. No es la actual situación.
Si los gobernadores de la Liga pudieran llevarse compromisos financieros reales a cambio de acordar un diseño de gasto público sustentable podrán proclamar, sin que les falte razón, que han ganado algo. Terminarían sus mandatos en paz y buscar la reelección sin moros en la cosa. Macri también llevaría agua para su molino, y quizá lo hiciese por partida doble. Por un lado, mostraría a los inversores que la Argentina es un país previsible aun dentro de una crisis de magnitud y duración inciertas y, por el otro, colaboraría a que el peronismo no kirchnerista se fortaleciera frente a la expresidenta, siempre al acecho.
El interés de contener a Cristina que, previsiblemente, se fortalece en proporción inversa a las vicisitudes que vive el oficialismo, es autodefensa en estado puro. Hasta ahora, la estrategia de mantenerla viva para lucrar con la grieta que atraviesa a la sociedad argentina había sido funcional a los intereses de Cambiemos, pero con la actual coyuntura no se sabe. Una cosa era atemorizar con su regreso desde el gradualismo y otra muy distinta es hacerlo bajo el padrinazgo de Cristine Lagarde y sus revisores de cuentas.
Todo este combo sugiere que, en las próximas semanas, el ala política del gobierno adquirirá mayor preponderancia. Con Nicolás Dujovne atareado en las cuentas públicas y la influencia de Marcos Peña en un punto de inflexión, los que habían sido alejados de la mesa chica ganarán en predicamento. Las opiniones e ideas de María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Rogelio Frigerio, Ernesto Sanz y Emilio Monzó, entre otros, se colarán en la agenda presidencial con el ímpetu de las crecidas de los ríos serranos.
Esto no es ciclotimia, sino puro y duro requerimiento de la política establecida por Macri. Atraer a los gobernadores con el cebo de recursos garantidos a cambio de colaboración en las tareas sucias necesita de muñeca. La concepción schimitiana del dúo Durán Barba – Marcos Peña no es funcional con tal necesidad. Huelga decir que ninguno desea ingresar, por mero placer, en el tome y daca que propone la Casa Rosada, por más institucional que resulte. Para convencerlos se requiere de gente que hable un mismo idioma, del tipo que ha sido despreciado por amañado, fenicio o, simplemente, camandulero por parte de la dirigencia new age del PRO. Puede que se esté a las puertas de una reconfiguración del mapa de poder interno del macrismo.
Lo paradójico del asunto es que, si la actual maniobra presidencial llega a buen puerto, podría cumplirse el vaticinio -dicho en fallido off the record- por Monzó, sobre que el de Cambiemos es un gobierno de transición hasta tanto el peronismo termine de reorganizarse. Es un hecho que una liga de gobernadores que compartiese efectivamente el poder bajo la forma de efectivas asignaciones financieras podría postular, de entre sus filas, un candidato alternativo que amenazara el proyecto reeleccionista que, en sordina, alienta Macri. Un escenario cuyo decorado incluyese a un presidente golpeado por la economía y las restricciones y a un candidato del peronismo racional avalado por sólidos gobiernos locales podría tener un final abierto, con Cristina congelada en su treinta por ciento electoral. No es un delirio suponer tal cosa, ahora que el triunfo legislativo del oficialismo parece haberse diluido sin remedio y que la cancha se muestra abierta al contragolpe.