“Sororidad”a la cordobesa en el Senado

Los tres senadores por Córdoba unificaron postura en la cámara alta respecto al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Votarían a favor si se producen modificaciones. Si la postura tiene apoyo, la iniciativa volvería a la Cámara de Diputados.

Por Salvador Santos

La sororidad es un término novedoso que define la relación de hermandad y solidaridad entre las mujeres en referencia a los cambios sociales que impulsan. Carlos Caserio, Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez parecen haber fundado una sororidad cordobesa que trasciende el género y las pertenencias partidarias.
El tratamiento del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo produjo alineamientos inéditos en el esquema político argentino. El grupo de diputadas (bautizadas como “Las Sororas”), pertenecientes a diversos espacios políticos, que impulsó y finalmente consiguió la media sanción de la iniciativa en la Cámara de Diputados fue una novedad importante en un contexto donde los alineamientos partidarios venían siendo el principal factor ordenador de las discusiones.
La foto que inmortalizó a representantes de todos los bloques aplaudiendo a colegas que habitualmente son adversarios encarnados quedará en los anales de la crónica parlamentaria. Seguramente, no habrá muchas oportunidades más de observar a la bancada del FIT vivando discursos de diputadas como la radical Brenda Austin y la macrista Silvia Lospenatto.
En el Senado, esa transversalidad basada en consensos políticos supra partidarios parece repetirse aunque con otros componentes. Una suerte de Moncloa cordobesa reunió, como casi nunca, a los dos senadores de Cambiemos con el que responde a Unión por Córdoba.
El extraño “bloque cordobés” vio la luz cuando la representante del PRO, Laura Rodríguez Machado, coincidio con el planteo que, días antes, había expresado el peronista Carlos Caserio. La postura consensuada implica anunciar el voto favorable al proyecto de legalización con algunas modificaciones. El juecista Ernesto Martínez se sumó al grupo completando el terceto que representa a Córdoba en el Senado.
“No podemos estar entre pañuelos verdes y celestes”, afirmó Rodríguez Machado en referencia a los colores que identifican a los activistas pro y anti legalización respectivamente. Al mismo tiempo, instó a encontrar “un término medio” que acerque a las posiciones.
Los planteos del grupo fueron expuestos por Carlos Caserio, vicepresidente del bloque Argentina Federal que reúne al peronismo no kirchnerista. “La ley hay que discutirla a fondo. Estoy a favor de votar una ley que despenalice el aborto porque las mujeres tienen que salir de una situación de indignidad y también estoy de acuerdo que se legalice eso en el Ministerio de Salud”, dijo el cordobés días atrás.
Al mismo tiempo, propuso una serie de cambios en el texto que logró mayoría en la cámara baja. “Para que ese voto sea positivo, el proyecto debe modificarse”, adelantó. Con esta posición, se alejó del titular de su bancada, Miguel Ángel Pichetto, que se mostró partidario de aprobar rápido el proyecto tal cual está.
En primer lugar, Caserio puso su mirada sobre los costos que implicaría la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Según el senador, las provincias requerirán apoyo del Estado nacional en cuanto los costos de los servicios de salud.
También planteó diferencias en lo relativo a la objeción de conciencia, mecanismo que tendrán los médicos que no quieran practicar los abortos legales. “Tenemos que encontrar un sistema método para que los profesionales decidan de modo coherente si no van a realizar la tarea. Tienen derechos, pero no me parece hacer una lista para perseguirlos”, advirtió.
Martínez fue un poco más allá en este punto. “Estamos en contra que no se admita la objeción de conciencia institucional, yo no puedo pedirle a una institución médica de una universidad de un culto religioso que practique aborto, cuando está por fuera de su ideario, es un exceso legislativo que no vamos a convalidar”, sostuvo el juecista.
La macrista Laura Rodríguez Machado suscribió a las críticas de sus colegas y adelantó que los tres trabajan en conjunto. “Estamos trabajando en un despacho que modificaría algunas cuestiones tales como la objeción de conciencia colectiva; vamos a buscar que el Presupuesto nacional dé financiación a las provincias”, aseguró la senadora del PRO.
La posición cordobesa generó críticas de algunos sectores que consideran que se trata de una maniobra dilatoria. Otros referentes pro legalización consideran que la mayoría de las modificaciones propuestas por el trío pueden resolverse por vía de la reglamentación sin necesidad de volver a la cámara de origen.
Lo cierto es que el extraño acuerdo cordobés podría extender el debate y forzar a los diputados a volver a tratarlo. Por lo pronto, el tema generó un acuerdo inter partidario poco frecuente en la política.