El pater familias del clan Moyano, Hugo, estuvo ayer en Córdoba para declarar en el marco de una causa judicial en la cual se lo investiga por el presunto delito de lavado de dinero.
El proceso tuvo origen en un dictamen de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Porcelac), que alertada por la Unidad de Información Financiera (UIF) a cerca de una “operación sospechosa” en la compra-venta de terrenos en La Falda, emitió un dictamen y giró las actuaciones a la Fiscalía Federal nº 2 de Córdoba, a cargo de Gustavo Vidal Lascano.
Junto al líder de Camioneros, aparecen imputados Pablo Villegas (también integrante del gremio) y Carlos Mesías, Rubén Jorge Cappuccio y Enrique Mariñasky, quienes habrían tenido parte en una cadena de operaciones inmobiliarias destinada a lavar activos.
La investigación -o, al menos, lo que de ella hasta ahora se conoce- indica que el sindicato de Camioneros adquirió, en la Falda, 5 lotes por un precio de 6.000.000 de pesos a finales de 2013. Meses antes, los mismos terrenos habían sido adquiridos por Carlos Mesías por 500.000 pesos. Menos del 10 por ciento de lo pagado por el sindicato.
Antes de ser comprados por Mesías, los inmuebles pertenecieron a la compañía Kaino S.A., de la cual Cappuccio es fundador y socio mayoritario, y Mariñasky, representante.
Las sospechas de la fiscalía radican, desde luego, en la extraordinaria diferencia entre el precio que Mesías pagó por los terrenos y el que, menos de dos meses después, el gremio desembolsó por ellos.
El abogado Daniel Llermanos, a cargo de la defensa del gremialista, señaló que la operación inmobiliaria sobre la cual gira la causa fue realizada de acuerdo con la normativa legal y el régimen estatutario del Sindicato, y que se pagó por los lotes el precio que se estimó adecuado, teniendo en cuenta el valor de mercado y el interés del comprador. Además, remarca que el precio fue saldado con fondos de la cuenta del Banco Provincia de titularidad del Sindicato, y por el valor exacto declarado en la escritura traslativa de dominio. Todos estos extremos rechazan de plano –a entender del letrado- cualquier hipótesis de imputación penal.
La defensa alega que el emplazamiento del predio, que colinda con otra propiedad del gremio, hacía necesaria la compra, y que, en tales circunstancias, el precio pagado por él no era exorbitante. Por el contrario, entendieron que su adquisición resultó muy beneficiosa para el sindicato.
Moyano además dijo al juez que el Intendente de la Falda, Eduardo Emilio (UCR) expresó su satisfacción, ya que la compra mejoraba la “seguridad y estética” del lugar.
Finalmente, dijo estar convencido de que la causa se inició “por motivos políticos” y, en respuesta a las afirmaciones de la PROCELAC, dijo rechazar categóricamente que la conducta pueda calificarse como “desvío de fondos” o “reciclado de ganancias ilícitas”, alegando que se trata de “calumnias injustificadas” en su contra, y advirtiendo sobre la posibilidad despegar acciones legales por daños y perjuicios causados por la falsa imputación en el futuro.
Concluida la presentación del gremialista, Llermanos declaró que en la misma Moyano explicó claramente su rol en la operación, y que esperan su sobreseimiento en pocos días. “Quedó demostrado que no se pagó ni un peso de más”, concluyó.
