Los giros a Trimarco, otra vez en la mira

Por María Viqueria

Al igual que otros referentes del kirchnerismo, una vez que la ex presidenta dejó el poder y sus cuentas y actividades comenzaron a ser cuestionadas, Susana Trimarco se definió como una “perseguida política”.
“Me están persiguiendo, pero las cosas no son mías, son de la gente”, alegó la mujer a quien Cristina Fernández de Kirchner, además de cederle tierras fiscales, le entregó subsidios por más de $ 37 millones para obras que, en su mayoría, no se concretaron.
Lo hizo poco después del cambio de Gobierno, cuando la entidad que encabeza -la Fundación María de los Ángeles- fuera intimada por la agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que procediera a devolver dos terrenos que la anterior Administración le cedió en comodato.
Uno de los predios está en San Miguel de Tucumán y le pertenecía al Ejército. El plan era que allí se erigiera un centro materno infantil, para contener a víctimas trata y de violencia de género y a sus hijos. El otro, ubicado en la localidad de Las Talitas, iba a usarse para levantar viviendas sociales. Ambos proyectos quedaron en la nada.
Pese a su reticencia inicial, hace más de un año la mujer comenzó a re encauzar sus relaciones con el actual Gobierno y aseguró que trabajaba muy bien con “la gente de Mauricio Macri”. Incluso, fue recibida por el mandatario en abril y reclamó más dinero.
Trimarco bajó notablemente su perfil, pero sigue en la mira de la Justicia. En los próximos días el juez Federal de Tucumán Fernando Poviña podría llamarla a declarar en una causa que en la cual se investiga un presunto fraude en perjuicio del Estado nacional.
El magistrado debe pronunciarse sobre el pedido presentado por el fiscal Carlos Brito, quien reclama que la madre de Marita Verón de explicaciones sobre un giro de aproximadamente cinco millones y medio de pesos que recibió los últimos días de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, para empezar a construir una guardería en el predio del ex hospital Militar.
La denuncia que generó la pesquisa fue presentada en marzo por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, tras una auditoría en la que se constataron irregularidades en el manejo de dinero público, como la ausencia de un plan de obra con modo y plazo de ejecución y de la rendición de cuentas de rigor.
Al reclamar que Trimarco sea indagada, el fiscal planteó que la ONG que comanda no dio ninguna explicación del motivo por el cual desde que el Estado le giró $ 5.616.715 en concepto de anticipo, el 4 de diciembre de 2015, no ejecutó trabajos ni detalló el destino del depósito.
La crisis de Trimarco, uno de los personajes “mimados” del kirchnerismo, comenzó cuando recibió la orden de devolverle al Estado casi 120.000 metros cuadrados.
En esa oportunidad, consultados por Alfil, los representantes locales de la entidad de la calle Caseros no quisieron hacer declaraciones.
El rol de la sede cordobesa nunca estuvo claro. Aunque en teoría asesoraba a víctimas del delito de trata de la jurisdicción, no tuvo refugios ni difundió estadísticas ni mantuvo relaciones institucionales con la Secretaría contra la Trata de la Provincia.
Además, dos ex empleadas (una abogada y una psicóloga) promovieron demandas laborales, aseguraron que fueron maltratas y despedidas por Trimarco y expusieron que la fundación no cumplía su misión.
La profesionales dijeron que se “inventaban legajos”, ya que en muchas oportunidades acudían personas con inconvenientes que no tenían nada que ver con la materia merced a la cual la organización recibía fondos y subsidios, como desocupados, desempleados y pacientes psiquiátricos, y aseguraron que desde la dirección les solicitaban “encuadrar la problemática como si se tratase de potenciales víctimas de trata”, para cumplir con los “números mensuales”.
También citaron ante el fuero de Conciliación situaciones “irregulares” en el manejo y en la rendición del uso de dinero público.
En ese entonces, Eugenia Aravena, titular de la sede local de Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), declaró ante medios de prensa que a pesar de su intenso activismo por los derechos de las personas que ejercen la prostitución nunca contactaron a nadie que hubiera tenido relación con la Fundación María de los Ángeles.
Además, opinó que la múltiple financiación que cobraba era injusta y recordó que el colectivo que integra es una organización de base, que presta servicios y que, sin embardo, no recibe dinero para su sede, en donde, incluso, se aloja gente.
En el 2013, el periodista mendocino Christian Sanz llamó la atención sobre el notable ascenso económico de la madre de Marita Verón, que le atribuyó a sus relaciones con la ex presidenta, y con el ex gobernador de Tucumán, José Alperovich.
Según Sanz, Trimarco “presionó al Estado” para sacar rédito personal. También fustigó la sanción de la Ley de Trata, al valorar que la norma es “anti-prostitución y fascista” y despoja de derechos a las meretrices porque “no considera su consentimiento para trabajar por propia voluntad”.
Gustavo Vera, integrante de La Alameda, hizo lo propio y señaló públicamente era “inexplicable” que Trimarco recibiera tanto dinero y firmara convenios permanentemente.