Por Yanina Passero
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Que la mayor tajada de subsidios nacionales queda en Capital Federal y área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), no es novedad. Que las contribuciones de los vecinos del interior de país terminan beneficiando a la gran urbe pero no a quienes realizan el esfuerzo, tampoco.
La decisión del presidente Mauricio Macri de sincerar las tarifas de servicios como energía eléctrica, gas y transporte quedó cruzada por las reiteradas denuncias de gobernadores e intendentes, independientemente de su color político. Cierto es que porteños y bonaerenses perdieron el blindaje y sufrieron fuertes aumentos en rubros clave. No obstante, la inequidad en la distribución de partidas no reintegrables sigue siendo abismal entre los dos polos y ofrece material fundado a quienes, desde el interior profundo, alertan al poder central de que aún queda mucho por corregir.
Con motivo del aumento del boleto del transporte urbano desde ayer y, antes, el del pasaje interurbano, desde la Provincia y el municipio capitalino ofrecieron datos duros para respaldar que la presión sobre el bolsillo de los usuarios tiene una explicación conocida: la desigualdad en el reparto de subsidios. Y otra menos difundida, de naturaleza política, producto de la aplicación de acciones de gestión que no contemplan necesidades por fuera de la ciudad puerto y un radio 60 kilómetros más allá de sus límites.
1) Subsidios
El intendente Ramón Mestre no pudo sostener el único incremento anual del boleto que caracterizó buena parte de su administración porque este año podría haber dos. El viernes pasado autorizó la suba de la tarifa plana de $15,38 a $17,22. “Esta actualización representa un incremento de un 11,97 %, un porcentaje menor a la inflación medida desde noviembre 2017 a abril 2018, que ascendió al 13,34 %, sin incluirse la medición de mayo del corriente año”, matizaron.
Lo cierto es que el secretario de Servicios municipal, Julio Waisman, no demoró en desempolvar un tradicional reclamo: el congelamiento de los subsidios que no fue acompañado con una contención de la inflación y, por supuesto, la porción más grande de la torta que sigue amortizando los viajes en Capital Federal y AMBA. Definió la proporción en 75%-25%, respectivamente.
En la jurisdicción provincial, el secretario de Transporte, Gabriel Bermúdez, elaboró un informe que refuerza los datos generales ofrecidos por su par en el municipio, pero que alumbran idénticas conclusiones cualitativas.
El análisis se desagrega en subsidios a la oferta -los que el Ministerio de Transporte de la Nación entrega a las empresas- y los subsidios a la demanda, esto es, el beneficio directo que recibe el usuario. El estudio plantea que “el análisis de los datos oficiales de abril de 2018 demuestra la evidente distorsión respecto a las jurisdicciones AMBA, CABA e Interior”.
Considerando la totalidad de subsidios dinerarios a la oferta y a la demanda del mes en análisis, el AMBA y la CABA reciben el 78,91% de los fondos, relegando al resto de la geografía nacional al 21,09% del total de erogaciones.
Pero el informe es más revelador aún cuando pone la mira en los recursos que percibe el pasajero sin intermediarios. Estas transferencias de recursos significaron un monto de $1.638.496.314,00 de los cuales 3,5% corresponden al interior y 96,49% a CABA y AMBA. El dato se recrudece con la siguiente observación: provincia de Buenos Aires está incluida en el sector “Interior” del país.
Cierto es que las Provincias que suscribieron al Pacto Fiscal con el Gobierno nacional aceptaron la eliminación progresiva de subsidios que hoy representan 0.8% del PBI y el año que viene, de ese total, las partes se comprometieron a una reducción del 18,5% más, como ya se ha consignado desde estas páginas. Sin embargo, existe un componente político que no puede soslayarse.
2) Programas y tiempos de aplicación
Provincia y municipio coinciden también en exponer una doble discriminación. A la inequidad en el reparto de fondos suman la expulsión de las jurisdicciones del interior en la definición de acciones de gobierno, también en los tiempos de implementación.
Recientemente, la Municipalidad de Villa Allende comunicó la implementación del pago del transporte urbano con la tarjeta SUBE. Con el convenio, el intendente macrista Eduardo “El Gato” Romero logró sumar su localidad al beneficio de la Tarifa Social Federal que gozan más de 3,8 millones de argentinos en 35 ciudades del país. Esto es, la obtención directa del subsidio que aliviana un 55% el boleto del transporte público a jubilados y pensionados; ex combatientes de la guerra de Malvinas; personal de trabajo doméstico y beneficiarios de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo.
La Nación exige a intendentes y gobernadores que unifiquen el sistema –el reemplazo de la RedBus u otro tipo de forma de pago del servicio- e imponga el uso de la SUBE. La Municipalidad de Córdoba tiene en contrato con la empresa Siemens hasta 2021 y fue Waisman quien recordó que el costo por la rescisión es un gasto que el municipio no puede enfrentar ahora. Sugirió una reunión con municipio, Provincia, Nación y la empresa concesionaria para encontrar una salida.
Pero desde Transporte de la Provincia recuerdan una traba para universalizar el sistema de pago del transporte. De acordarse el desembarco de la SUBE, la cartera de Guillermo Dietrich pretende que los descuentos que perciba el usuario sean los originales. En otras palabras, no estaría dispuesta a correr con los fondos necesarios para el sostenimiento de programas provinciales como el Boleto Educativo Gratuito, Boleto Obrero Social, Boleto Adulto Mayor y Boleto Social Cordobés.
