Por Felipe Osman
Ramón Mestre autorizó el pasado viernes el aumento del boleto de transporte urbano, que paso a costar $17,22 a partir de ayer. El incremento (del 12 por ciento) fue otorgado a las prestadoras –por primera vez- mediante un decreto del Ejecutivo municipal, haciendo uso de la facultad que el Concejo Deliberante delegó en el intendente a fines de 2017, conjuntamente con la última actualización de la tarifa. La oposición, casi en su totalidad, cuestionó la medida y anunció que recurriría a la Justicia para frenar el aumento.
En realidad, el aumento en sí difícilmente pueda ser cuestionado desde el plano legal, ya que la Municipalidad debe otorgarlo cuando las prestadoras prueben que la variación de los contos supere el 10 por ciento, en virtud de lo dispuesto por el contrato que las vincula con el municipio. Demorar el aumento o no concederlo haría al municipio pasible de una demanda, y probado el incremento de los costos debería indemnizar a las empresas de transporte.
Lo que se buscará impugnar es la delegación de esta facultad, que el Concejo concedió al Ejecutivo en noviembre del año pasado. Según entienden los ediles de la oposición, la facultad que la Carta Orgánica pone en cabeza del Legislativo municipal para fijar las tarifas de los servicios públicos es indelegable.
De hecho, los bloques opositores barajaron la posibilidad de llevar esta delegación a la Justicia desde que la ordenanza 12.726 fue aprobada, pero al consultar a especialistas en derecho constitucional advirtieron que esto sólo sería posible cuando el intendente hiciera uso de esta prerrogativa.
Al cierre de esta edición los ediles no supieron especificar el medio legal con el que impugnarían el decreto, aunque Martín Llarenas, presidente del bloque Fuerza de la Gente (olguismo), indicó que probablemente se haría mediante la interposición de un recurso de amparo, para lograr que la Justicia dispusiera la suspensión del aumento, atacando la constitucionalidad de la delegación.
Si bien casi la totalidad de los bloques opositores respaldan el reclamo ante el Poder Judicial (como la “corrección política” parece indicarlo), fuentes allegadas al Concejo indicaron que las bancadas más avocadas a motorizarlo serían el olguismo y el espacio liderado por Tomás Méndez. Esto no es de extrañar.
Aunque los argumentos legales sostenidos por los concejales parecen ser sólidos, no puede asegurarse (en absoluto) el éxito que una presentación judicial pueda tener en esta materia. Desde el Palacio 6 de Julio, los asesores legales de Mestre seguramente plantearán una defensa firme, ya que la impugnación no sería sorpresiva para el oficialismo.
Sin embargo, el rédito político de -al menos- intentar frenar la suba del boleto si está garantizado. Y tanto Olga Riutort como Tomas Méndez suenan como candidatos para competir por la intendencia cuando Mestre deje bacante el despacho principal del Palacio 6 de Julio.
Aumento
El precio del boleto pasó, desde ayer, de $ 15,38 a 17,22. El aumento, del 12 por ciento, fue defendido por la Municipalidad, que aseguró que es menor a la inflación acumulada desde la última suba de la tarifa, a la que situó en el 13,34 por ciento (desde noviembre de 2017).
El intendente ya había anunciado, en declaraciones a la prensa, que el incremento de la tarifa del transporte urbano había sido solicitado por las prestadoras, y se encontraba bajo estudio del Departamento Ejecutivo.
El principal motivo, según señaló el jefe comunal, sería el congelamiento de los subsidios que el Ejecutivo Nacional gira a Córdoba para asistir a las empresas que tienen a su cargo la prestación del servicio.
