Por Yanina Passero
ypassero@diarioalfil.com.ar
Durante la gestión de Rubén Martí, la empresa del Grupo Roggio –Cliba- ganó en 1998 la última licitación pública para la tercerización de la recolección de residuos sólidos. La historia que siguió la escribieron los contratos precarios y las empresas/entes estatales que parcharon una realidad indisimulable: el servicio de urbana municipal integra la lista de fracasos o promesas inconclusas de los intendentes que siguieron al visionario radical.
Sigue un repaso abreviado. El titular del Frente Cívico, Luis Juez, prorrogó a puro decreto la concesión a Cliba llevando el gasto de $3.5 millones a $16.5 millones mensuales desde 2003 a 2007. Su sucesor, Daniel Giacomino, estrenó la Crese un día después que Cliba abandonara la plaza el 31 de enero de 2009. No puede olvidarse el fallido acuerdo comercial con una firma internacional –Innviron- para el tratamiento de los residuos fue una de las “perlitas de la gestión” del farmacéutico.
El intendente Ramón Mestre también tiene su novela con la prestación. Desarmó la Crese tras definirla, junto con la Tamse, como un “agujero negro” para los recursos municipales. Cedió de manera precaria el servicio a Cotreco y Lusa –esta última ligada a Ersa, grupo correntino que lidera Juan Carlos Romero- mientras iniciaba el que sería el primer llamado a licitación pública de su gestión.
Mucha agua corrió debajo del puente. Los pliegos suizos elaborados por la primera secretaria de Ambiente del radical, Gabriela Faustinelli, plantearon un servicio imposible de pagar para un municipio que dedica para pagar sueldos seis pesos de diez que recauda. En los albores de su segundo mandato, con el impulso de la revalidación de su título en las urnas, reconoció su fracaso.
Dio por caída la convocatoria y revisó decisiones. El barrido manual volvió a manos del Estado, ahora a través del ESOP, un ente autárquico creado, antes de la resistencia del Suoem, para “agilizar gestión”. En noviembre del año pasado, el organismo asumía una nueva responsabilidad, la explotación del enterramiento de Piedras Blancas, confinando a la criatura de Giacomino al control de los centros de reciclado.
Cuando las actuales concesionarias comenzaron a amenazar con trasladar a barandillas judiciales la resolución final de la segunda compulsa pública y el Surrbac hacía su aporte al trazar un panorama sombrío si Vega-Caputo desembarcaba en el distrito, todo parecería indicar que Mestre se enfrentaba con su propia “tormenta perfecta”. Para colmo, a meses de iniciar una campaña provincial, si es que resultase ungido como el candidato a gobernador de Cambiemos.
Los nubarrones desaparecieron. Mestre anunció ayer el cierre de un ciclo de fracasos de dos décadas: adjudicó a Lusa la recolección de la zona norte; a Tosa-Cotreco, la zona sur de la ciudad; y a Vega-Caputo, la del microcentro de la ciudad.
Como era de esperarse, el Intendente ponderó “la garantía de transparencia y control para la ciudadanía” por el carácter nacional e internacional del proceso licitatorio y el cumplimiento de los requisitos solicitados por el Concejo Deliberante.
A su vez, dedicó un párrafo a la nueva prestadora que, como se sabe, es una firma que tiene como referente al amigo del presidente Mauricio Macri, Nicolás Caputo. “Otro gran avance es la mayor competencia que se generó con la participación de tres empresas que se interesaron en brindar el servicio”, destacó Mestre.
Prometió un mejor servicio: “Se sumarán contenedores en sectores de la zona 2, correspondiente al centro y la recolección diferenciada llegará a todos los barrios de la ciudad para brindar un mejor servicio y dar respuestas”. Para el final, Mestre se mostró victorioso en la pelea por bajar el costo. Indicó que obtuvieron una rebaja de $375 millones con respecto al presupuesto oficial fijado en $14 mil millones. ¿Fin de la historia? No.
Costo abierto
El representante de los cordobeses pudo saborear la victoria, pero el gasto en el rubro no es un capítulo cerrado. Cabe recordar que las ofertas ganadoras corresponden a valores de octubre de 2017. Por lo tanto, los $29 millones mensuales que pidió Vega-Caputo; los $63 millones requeridos por Tosa-Cotreco y los $62 millones calculados por Lusa sufrirán una variación significativa el día que tomen la posta de manera legal y por los próximos ocho años, con dos más de gracia.
Al 1 de octubre, la fecha de debut programada, fuentes empresarias afirmaban anoche que el precio debería moverse al menos 20 puntos. Afirman que ya corre un 12% de aumento salarial para los recolectores y en breve quedará cerrada la nueva paritaria con el gremio que comanda Mauricio Saillen. La proyección se realiza con una visión optimista de la evolución del contexto económico general.
Surrbac ¿conforme?
“Miembros de Vega-Caputo no se comunicaron con nosotros”, deslizaba anoche una alta fuente del gremio de los recolectores, quien no dudó en demostrar su malestar. Cabe recordar que la compañía había calculado sus costos con el convenio de Camioneros, poniendo en alerta a Saillen. Incomodó al gremio de los recolectores la posibilidad de que su enemigo público, Hugo Moyano, pisara su bastión de la mano de la empresa de “Nicky” Caputo. Lo cierto es que desde el municipio llevaron tranquilidad al dirigente al asegurar que el único convenio vigente es el del Surrbac, como indicaban los pliegos licitatorios. Habría paz.
