Por Javier Boher
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Las dinámicas parlamentarias en los sistemas presidencialistas suelen ser las que le terminan de marcar la cancha a los gobiernos. En minoría desde 2015, Cambiemos supo negociar con los distintos bloques para obtener más victorias que derrotas.
Con algunas espadas legislativas de peso logró abrirse paso por la maraña de lealtades cruzadas que históricamente sostuvieron la gobernabilidad peronista, aunque desde diciembre no logra calmar las aguas en un congreso que quedó revuelto.
Aunque las diversas vertientes del justicialismo mantienen su distancia respecto a la estrategia a seguir, todo indicaría que han encontrado un primer consenso básico: si no logran explotar las debilidades del gobierno, 2019 no sólo puede traer una derrota, sino una catástrofe.
En un escenario que se anticipa con una división por tercios, sin una candidatura unificada la única esperanza radicaría en debilitar al gobierno. Ante un eventual ballotage, un candidato alternativo podría aprovechar el malestar acumulado contra el ajuste que empieza a asomar por el horizonte.
Pero esas son las elucubraciones que movilizan a los senadores por estos días. Las declaraciones del senador chubutense Alfredo Luenzo respecto a que “no es una ley muy buena” y las del rionegrino Miguel Ángel Pichetto sosteniendo que “es un mensaje político del congreso” reafirman la suposición de que desde un primer momento buscaron el veto presidencial.
La intransigencia del experimentado jefe del interbloque Argentina Federal es más que un capricho, al exhibir que detrás del proyecto de tarifas se están poniendo a prueba sobre su capacidad de sostener pactos que allanen el camino para la reconstrucción.
Además de lo que se explicita como un mensaje del congreso, la maniobra involucra también a las organizaciones de la sociedad civil que se refugian bajo el mismo paraguas ideológico. Forzar el veto macrista es visto por algunos experimentados dirigentes como el shock del desfibrilador para revivir a un sindicalismo peronista que se encuentra sumergido en un estado de profunda inconsciencia.
Cuando hace poco menos de un mes Elisa Carrió y Alfredo Cornejo criticaron la política tarifaria del gobierno seguramente no imaginaron el envión que representaron para que el tema se instale en los medios. La sucesión de eventos que vino después terminó de darle la centralidad de un evento crítico para la gobernabilidad futura, que le quitó el poder de agenda al presidente y lo depositó en manos de un ecléctico grupo de legisladores opositores.
La mala gestión política puso al macrismo contra las cuerdas: tratar de voltear el proyecto en las cámaras sin tener una mayoría que lo asegurara fue una pérdida de tiempo. Si hubiesen trabajado en el sentido inverso (agilizando los trámites) podrían haberlo vetado en una mejor posición ante la opinión pública.
Pocas veces en lo que va de la gestión de Cambiemos el peronismo encontró una oportunidad como la que se le presenta, en la que el gobierno no tiene poder de agenda y se enfrenta a un complicado panorama económico.
Si el proyecto anti-tarifas es la piedra basal de un acuerdo o sólo una ilusión dependerá de que los dirigentes opositores puedan dejar de lado las veleidades para innovar en cuanto a nombres y estrategias en el camino a 2019, para evitar que -como hasta ahora- se siga alejando.
