Confirmado: Luz y Fuerza dilata negociación, va a la Justicia

Desde el sindicato advirtieron que realizarían una presentación ante la Justicia y una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo. Si para el gremio resulta clave dilatar la contienda hasta que inicien los primero compases de la campaña electoral, la manera de hacerlo será sacando a la Provincia de su sede administrativa, llevándola al terreno judicial.

Por Felipe Osman

Gabriel Suárez, secretario general del gremio lucifuercista, lideró el pasado jueves la llamada “Marcha de las Velas”, en la que el sindicato buscó ganar la empatía de los vecinos para su reclamo –decididamente corporativo- en contra de los cambios que la Provincia impulsa para moderar los privilegios con los que cuentan los empleados de Epec. Lo hizo mediante una amplísima (y poco pertinente) consigna: “Rechazo al tarifazo y al Fondo Monetario Internacional”.
Durante el acto, Suarez anunció que el gremio llevaría a la Justicia su reclamo, por entender que las leyes sancionadas por la Legislatura durante la última sesión modifican, ilegítimamente, beneficios concedidos por un convenio colectivo, que no pueden ser “recortados” por ley. Advirtió además que el sindicato realizaría una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Si bien el planteo judicial de Suarez no parece estar ayuno de toda razón, pueden merituarse estas declaraciones con una lente política.
El sindicato, yendo a la Justicia, buscará sacar a la Provincia de su “localía”, de la órbita administrativa, y llevarla a un terreno que le es mucho menos propio: el terreno judicial. Allí, los tiempos ya no serán los que marque el Ejecutivo mediante el Ministerio de Trabajo Provincial, sino el pausado –a veces, exasperante- ritmo de los tribunales.
La estrategia no es, en realidad, nada innovadora. El gremio intentará dilatar cuanto sea posible la resolución del conflicto, y llevar la renegociación del arcaico convenio colectivo que regula la actividad hasta los primeros compases de la campaña electoral, cuando la Provincia sea más vulnerable a sus medidas de fuerza y se encuentre comprometida en otros frentes. Sobre todo, en el principal para cualquier administración: conservar el poder.
Sin embargo, este modus operandi que el sindicato de Luz y Fuerza aplica -fiel al manual del gremialismo- no resultará en esta particular coyuntura disfuncional al Ejecutivo provincial.
La renegociación del Convenio Colectivo de Luz y Fuerza es una empresa política de inmensas proporciones. El acuerdo, que data de 1975, lleva 43 años de vigencia y regula la actividad de uno de los gremios más aguerridos de la Provincia, que cuenta –además- con un gran poder de fuego. Interprétese esto último de literalmente o en sentido figurado. De igual manera se llegará a conclusiones acertadas.
Ya sea utilizando morteros como “bazucas” caseras, como en la recordada protesta en la que el gremio participó en 2008, contra la reforma jubilatoria impulsada entonces por Juan Schiaretti; o por contar con el “interruptor” de la cuidad, el poder del sindicato lucifuercista es innegable.
La actual gestión de Schiaretti, por otro lado, atraviesa un momento francamente favorable. A diferencia de las cuentas de la nación, la provincia presenta superávit operativo, y el mandatario provincial se encuentra ejecutando un ambicioso plan de obras -mayoritariamente encarado con recursos propios- que espera funcione como el vector que lo impulse a un nuevo período al frente de El Panal. Y es, tras cartón, un actor clave en la política nacional, ocupando un lugar en la primera fila del peronismo federal, y actuando en varias ocasiones como garante de la gobernabilidad del oficialismo nacional en el Congreso.
¿Necesita entonces ir a fondo en la renegociación del convenio colectivo de un sindicato tan combativo y prepotente como el de Luz y Fuerza?

Leyes
Las leyes provinciales que el sindicato buscará cuestionar en la Justicia son las aprobadas por la Legislatura durante su última sesión, mediante las cuales se recorta el privilegio que los empleados de Epec tienen a la hora de pagar sus boleta de luz, pasando de contar con 200 kilovatios mensuales de energía gratuita y una bonificación del 80 por ciento del consumo excedente, a contar “solo” con 150 kilovatios gratuitos por mes, pagando cualquier excedente con la tarifa plana aplicable a cualquier otro vecino “de a pie”.
La segunda norma elimina las contribuciones patronales al fondo compensador, basándose en un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia que convalidó la constitucionalidad de la metodología del cálculo previsional establecida por la ley 10.333.