Por Felipe Osman
El conflicto que tiene al sindicato lucifuercista y a la Epec por protagonistas parece no avistar rastros de solución posible, al menos, en el corto plazo. Luego de que la empresa denunciara el vetusto Convenio Colectivo de Trabajo (firmado hace más de 40 años) por contener cláusulas obtusas, como el carácter “hereditario” de los puestos para los allegados de los trabajadores, o el otorgamiento -prácticamente indistinto- de una Bonificación Anual por Eficiencia (BAE) a casi todos los empleados, el gremio cuestionó la competencia de la Provincia para entender en su renegociación, y hasta ahora no ha habido resolución.
De hecho, fue el pago de “sólo” el 40 por ciento de la BAE al último de los cuatro grupos en que la empresa divide a los empleados (a los fines de afrontar este gasto, que representa dos salarios anuales por trabajador) lo que determinó el furioso paro total que el sindicato adoptó el viernes. El 60 por ciento restante sería saldado en junio.
Si bien se descuenta que el responsable de la cartera provincial, Omar Sereno, ratificará su competencia, la resolución en tal sentido aún se hace esperar, y las negociaciones que las partes llevan adelante parecen estar empantanadas a tal punto, que un allegado al Ministerio apuntó como un avance el hecho de que, en las últimas audiencias, ambas partes (los representantes de la empresa y los del sindicato) compartan una misma sala durante las tratativas, ya que antes permanecían en habitaciones separadas, y se reunían al finalizar la “negociación” para tomarse una foto.
El juego del sindicato será, desde luego, dilatar el conflicto para llevarlo lo más cerca posible de la campaña electoral, donde la Provincia deberá atender otros frentes, y será más vulnerable a cualquier medida de fuerza dispuesta por el gremio.
Ahora bien, ante tal lejanía entre las posiciones que sostienen las partes de la negociación, aparece como única solución viable -al menos, en el corto plazo- que la situación termine siendo reencarrilada por un acto de autoridad que defina un marco más acotado para las pretensiones de cada facción. Y ante la aparente renuencia del Ministerio de Trabajo por interpretar ese rol, sólo queda esperar que lo asuma la flamante Comisión Técnica de Garantías, delineada por la Ley de Servicios Esenciales, y cuya integración decidió la Legislatura provincial durante los albores del conflicto Epec – Luz y Fuerza.
Si bien este órgano colegiado no está facultado para decidir sobre cuestiones de fondo, si puede definir un escenario de prestaciones mínimas garantizadas por la ley, y las dotaciones de personal indispensables que el sindicato debe poner a disposición de la empresa para asegurarlas. Esto, aún sin poner un punto final al conflicto, lo haría más transitable.
En conversaciones con Alfil, miembros de Comisión dieron algunas precisiones acerca de su actuar en los últimos días. Señalaron que las posiciones de la empresa y el sindicato respecto de las dotaciones mínimas de personal y la modalidad de prestación del servicio durante las protestas no son irreconciliables, sino más bien bastante cercanas en lo que hace a los rubros de generación, transporte y transmisión de energía. El problema surge cuando una medida de acción directa (por ejemplo, un paro) se prolonga en el tiempo, y empieza a darse una afectación seria en otros rubros, como el comercial, la atención al cliente, la compra de insumos o la medición de los consumos de los usuarios.
Si bien estas actividades no presentan una vinculación inmediata con el suministro de energía a los usuarios, su afectación durante espacios prolongados de tiempo necesariamente determinará una deficiencia en el funcionamiento de la empresa que acabará por afectar la provisión del servicio a los vecinos.
Es por ello que la Comisión ha pedido al Ministerio de Trabajo que designe a un equipo para que lleve a cabo un peritaje contable, para así determinar en qué situaciones el sostenimiento de una medida de fuerza por un período prolongado de tiempo en éstas áreas implicaría un impedimento para el mantenimiento del servicio.
Sin embargo, la Provincia no apura un dictamen de la Comisión que, adoptado por el Ministerio de Trabajo mediante una resolución, se torne vinculante. ¿Por qué?
Probablemente por no estar demasiado convencida acerca del control que se pueda llevar del cumplimiento de las disposiciones que surjan del dictamen de la Comisión. Sin este control, las resoluciones del Ministerio adoptando los dictámenes de la Comisión se tornarían ilusorias, y carecerían de poder coactivo como elemento de presión para disciplinar al sindicato.
Asamblea
El sindicato realizó hoy una asamblea en su sede de calle Deán Funes, tras la cual marchó hacia el Correo Central, en Colón y 9 de Julio. Allí, los trabajadores enviaron cartas documento intimando a la empresa a cumplir con los términos del Convenio Colectivo.
Al cierre de esta edición, representantes del gremio y de Epec mantenían una audiencia en el Ministerio de Trabajo provincial, para continuar delineando un esquema de prestaciones mínimas.
