La Corte definirá la batalla por el agua en Carlos Paz

El decreto de estatización dictado por el intendente Esteban Avilés en el 2016 desató una crisis. Hasta ahora, la Justicia local le dio la razón al mandatario, pero la Máxima Instancia será la encargada de dirimir el conflicto con la cooperativa prestadora.

Por María Viqueira

coopiEl Tribunal Superior de Justicia le dio luz verde al recurso extraordinario presentado por la Cooperativa Integral (Coopi) y el conflicto por la municipalización del servicio de agua potable en Villa Carlos Paz ya llegó a la Corte Suprema, que podría dirimirlo en el transcurso de los próximos meses.
El efecto del decisorio es suspensivo y hasta que la Máxima Instancia se pronuncie la comuna no podrá tomar en control de la provisión.
Tras intentar que se sancionara una ordenanza y que se convocara a un referéndum, el primer día de septiembre del 2016 el intendente Esteban Avilés firmó el decreto de estatización.
El mandatario alegó que no podía seguir esperando, apuntó a las demoras y excusas de los ediles y decidió recuperar el servicio para la Municipalidad.
Avilés sostuvo que desde el 2012 la prestadora estaba en “situación de precariedad”.
En ese sentido, precisó que aunque el contrato de concesión había vencido -fue aprobado en 1998, por 10 años, y dos ordenanzas lo prorrogaron hasta 2009 y 2012- la cooperativa seguía percibiendo irregularmente un cedulón que no estaba autorizado por el estado municipal. “Han cobrado más de 47 millones de pesos desde el 2014”, indicó.
No obstante, si bien el intendente pretendía que la Coopi devolviera bienes y acatara la medida en un plazo de poco más de un mes, se desató una crisis.
A horas del dictado del decreto, los abogados de la entidad promovieron un amparo y pidieron que se anulara la norma, al entender que violentó la Carta Orgánica, ya que por tratarse de un servicio público debió contar con la mayoría especial en el Legislativo y una audiencia pública.
Días después, el fuero en lo Contencioso Administrativo ratificó que el contrato de la Coopi estaba vencido y que la Municipalidad era la titular del servicio.
Paralelamente, declaró la nulidad de los artículos que declaraban la municipalización y aclaró que ese paso debía ser aprobado por el Concejo Deliberante.
“La ausencia de instrumento normativo alguno mediante el cual se hubiere prorrogado el contrato de concesión celebrado oportunamente entre las partes pone en evidencia la circunstancia objetiva –no controvertida- de que el plazo de la concesión –y sus prórrogas- se encuentra extinguido; y, como tal, puede ser declarado”, señaló en su sentencia el camarista Leonardo Massimino.
Asimismo, el juez estableció que el municipio era el único titular del servicio de agua potable y que, en ese carácter, podía prestarlo o, en su caso, delegarle la actividad a un tercero mediante la técnica de la concesión de servicio público.
En tanto, a principios de diciembre del año pasado, por mayoría, el TSJ admitió el recurso promovido por la comuna en contra del fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que avaló parte de los argumentos de la Coopi, estableciendo que la Municipalidad de Carlos Paz podía comenzar a prestar el servicio de agua potable.
Según el tribunal, la municipalización surge de los propios postulados de la Carta Orgánica de la ciudad, en cuanto impone a la administración la responsabilidad de garantizar su gestión, ya sea mediante el sistema de prestación directa o de forma indirecta, a través de cooperativas de usuarios locales.
Paralelamente, indicó que lo resuelto por la Avilés era compatible con las disposiciones y principios vigentes en materia de Derecho Público provincial y municipal.
Además, argumentó que no era aceptable la pretensión de la Coopi dirigida a negarle a la comuna la posibilidad de hacer uso de los cauces procedimentales que el propio ordenamiento jurídico contempla a los fines de garantizar la continuidad de la prestación.
Así, opinó que la Municipalidad debía asumir la prestación efectiva e inmediata del servicio de provisión y que, por ende, el Ejecutivo tendría que readecuar los plazos establecidos en el decreto para concretar la medida.
En disidencia, el vocal Luis Rubio opinó que la Carta Orgánica “preservó la decisión de definir el modo de gestión de los servicios públicos locales” y la ubicó entre las “cuestiones que merecen ser reflexionadas con mayor deliberación y participación ciudadana” mediante el mecanismo de doble lectura y mayorías agravadas en el Legislativo local. “Hasta tanto ello no ocurra, no obstante haberse operado el vencimiento del plazo del contrato, el concesionario debe continuar prestando el servicio y este perdurará hasta tanto el concedente adopte una decisión respecto de la gestión”, manifestó.
Luego de conocerse el decisorio del TSJ, las federaciones que nuclean a las prestadoras de servicios públicos, FECESCOR y FACE Córdoba, emitieron y comunicado y estimaron que el fallo configuraba “la progresión de una situación discordante entre instituciones pilares y sostén de las comunidades”.
Además, expusieron estar “persuadidas” de que no había motivos operativos, técnicos, económicos o institucionales que justificaran la quita del servicio.
Ahora, la Corte tendrá que definir quién tiene razón en la disputa por el agua, pero seguirán abiertos otros frentes de conflicto entre el municipio y la Coopi, por las cloacas y el gas natural.