Conjueces: el Senado sepultó el plan del kircherismo

El Senado le dio luz verde al proyecto que establece un nuevo régimen de subrogancias para magistrados y modifica el mecanismo para designar conjueces.
La iniciativa fue impulsada por el Gobierno con base en el fallo de la Corte que declaró inconstitucional el sistema ideado por el kirchnerismo en el 2015, que disponía que los nombramientos no requerían de acuerdo de la Cámara Alta, como sí ocurre con el resto de los funcionarios judiciales.
Por unanimidad, los senadores sepultaron el plan del anterior Gobierno, convirtiendo en ley el articulado que obtuvo media sanción en Diputados a fines del 2017.
El legislador oficialista Ernesto Martínez celebró la medida y sostuvo que el intento de colocar jueces a dedo fue “una de las máximas infamias” en las que incurrió el Consejo de la Magistratura.
Hace tres años, la Corte declaró nula la lista de conjueces designados por la ex mandataria para integrarla, ya que los diez integrantes no contaban con el acuerdo de los dos tercios de los miembros presentes del Senado, tal como exige la Constitución.
En el marco de la causa “Aparicio”, desactivó el intento de Cristina Fernández de Kirchner para influir en el el reemplazo del renunciante Eugenio Zaffaroni prescindiendo de la Cámara Alta.
En su sentencia, la Máxima Instancia recordó que el nombramiento de los jueces de la Nación de acuerdo con el procedimiento constitucionalmente establecido es uno de los pilares esenciales del sistema de división de poderes. En esa linea, precisó que la Carta Maga exige la participación del Ejecutivo y del Legislativo para lograr un “imprescindible equilibrio político”.
Por ello, destacó que el acuerdo del Senado limita el posible favoritismo presidencial, al impedir el predominio de intereses subalternos.
El Alto Cuerpo concluyó que la cabeza del Ejecutivo no pudo aprobar una nómina de conjueces para reemplazar en situaciones excepcionales a los ministros de la Corte sin aval parlamentario y aclaró que no podía justificarse alegando que la intervención de aquéllos sería excepcional y limitada a pocas causas, ya que en esas situaciones actuarían como miembros de la Corte y su rol no sería distinto al los ministros titulares.
En octubre del 2017, el Ministerio de Justicia de la Nación recibió la orden de enviarle al Senado los nombres de los abogados que deberán reemplazar a los supremos en casos de recusación, excusación, vacancia o licencia, a quienes se acude cuando se niegan a intervenir los presidentes de las Cámaras Federales del país. Con la firma de todos sus miembros, la Corte le requirió a la cartera que comanda Germán Garavano que dispusiera lo necesario para concretar el trámite y recordó que desde el dictado de “Aparicio” el Ejecutivo no arbitró el procedimiento para la constitución del repertorio de letrados.
Un mes después, el Senado recibió la propuesta de nombramiento de los diez conjueces abogados para la Corte.
La lista incluye a la ex jueza de la Suprema Corte de Mendoza, Aida Kemelmajer; a la constitucionalista María Angélica Gelli; al especialista en contratos internacionales Diego Botana y al ex juez del Juicio a las Juntas Ricardo Gil Lavedra.
Cabe recordar que poco menos de un año antes de ese decisorio, en junio del 2014, Fernández de Kirchner designó, entre otros, a Ricardo Nissen y a León Arslanián para desempeñarse, eventualmente, como vocales de la Corte. El nombramiento había sido aprobado por los senadores del kirchnerismo y sus aliados con mayoría simple, en medio de fuertes críticas de la oposición.
Córdoba
El revuelo se extendió a Córdoba, ya que en la misma oportunidad en la cual la ex mandataria colocó a Nissen y al ex ministro de Justicia Arslanián, ambos vinculados a su Administración, designó a los conjueces de la Cámara Federal local y su opción también incluyó a letrados con militancia partidaria: el penalista Ricardo Moreno -dirigente del FpV-; Claudio Orosz -querellante por Hijos en juicios por lesa humanidad y afín al entonces partido gobernante-, y Eugenio Biafore -patrocinante de gremios y simpatizante del kirchnerismo-.
Poco tiempo después de que la Corte “bajara” la nómina en “Aparicio”, la candidatura a diputado nacional de Moreno en la lista del FpV generó controversia, ya que el proselitismo es incompatible con la función judicial.
Daniel Ostroplosky, ex integrante del Consejo de la Magistratura en representación de los abogados del interior del país, argumentó que como Moreno tenía “expectativas ciertas” de ocupar el sillón de juez federal le cabían las previsiones de Reglamento del Poder Judicial de la Nación, que le impedían expresamente hacer campaña. “Ninguna persona puede acceder a la magistratura, sea en carácter de juez titular o conjuez, si tiene actividad política”, opinó el experto. Bajo esa premisa, estimó que Moreno debía ser eliminado del listado.
El penalista alegó que el hecho de que tuviera “simpatías políticas en el marco de la democracia” no le impedía ser magistrado. Sin embargo, pocos meses antes se había negado a desempeñarse en Bell Ville porque ya tenía decidido postularse como diputado nacional.
En tanto, ensayó una defensa confusa, argumentando que en el acto que Daniel Scioli hizo en Córdoba había magistrados y fiscales federales, pese a que “vino a hacer proselitismo”.