Variando el repertorio de razones, Ricardo Jaime insiste para que la Justicia le otorgue el beneficio del arresto domiciliario, sin éxito.
La semana pasada, a dos años del dictado de su prisión preventiva en el marco de la causa por defraudación en la compra de chatarra ferroviaria a España y Portugal, su defensa volvió a reclamar que llegue al debate en libertad, con una tobillera electrónica.
La fiscal Gabriela Baigún -quien el mes pasado dictaminó a favor de la excarcelación de Carlos Zannini, procesado como encubridor de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA- se pronunció en contra de la solicitud del cordobés y recordó que tiene condenas previas, a diferencia de su compañero de militancia en las filas del kirchnerismo.
El Tribunal Oral Federal Número 6 resolvió que Jaime deberá seguir preso en Ezeiza y descartó los argumentos de su abogado, Andrés Marutián.
El letrado sostuvo que su asistido es sometido a vejámenes, que se aflige por los traslados y que sufre porque está lejos de su familia. También arguyó que el interno y estudiante de derecho está incómodo en su celda y que no puede revisar la documentación para los juicios que deberá afrontar.
Los jueces Julio Panelo y José Martínez rechazaron la petición y recordaron que los padecimientos que describió Marutián afectan a todos los presos.
En ese sentido, aclararon que no configuran tratos vejatorios, sino que son circunstancias comunes a todas las personas privadas de la libertad y que se vinculan a los problemas de infraestructura del Servicio Penitenciario.
Por eso, descartaron modos discriminatorios respecto de Jaime y resaltaron que las alegaciones de su representante no configuran argumentos válidos para flexibilizar sus condiciones de encierro.
Además, precisaron que no se probó ningún tipo de afección de salud que torne desaconsejable la permanencia de Jaime en el medio carcelario.
El Tribunal prorrogó por un año el encierro cautelar del ex secretario de Transporte, que quedó detenido el 2 de abril del 2016, por orden del juez federal Julián Ercolini, y será juzgado junto al ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, entre otros encartados.
En su momento, su defensa recurrió su privación de libertad, pero la Casación rechazó la objeción y remarcó que Ercolini analizó correctamente el riesgo procesal.
Además de las condenas previas, el Máximo Tribunal en lo Penal tomó en cuenta que los hechos de corrupción investigados hacían presumir que tiene relaciones residuales que podrían posibilitarle vías de transporte para eludir la acción de la Justicia.
Jaime cerró el 2016 diciendo que la pesquisa en su contra por la renovación irregular de los contratos de concesión de las terminales de ómnibus de Retiro y de Mar del Plata era una “persecución política”, aunque su situación judicial era compleja desde mucho antes de que Mauricio Macri llegara a la presidencia.
En ese contexto, se inscribió para estudiar la carrera de Derecho a distancia, aunque ya reclamaba la domiciliaria, era renuente a recibir atención médica y se negaba a alimentarse correctamente.
En septiembre del año pasado, en la previa del juicio por la Tragedia Ferroviaria de Once en contra de su compañero procesal en otras causas por corrupción, De Vido, reiteró su solicitud para acogerse al beneficio, un planteo que generó indignación ente los familiares de las víctimas.
En esa oportunidad, su abogado adujo que sufre de hipertensión arterial. Baigún se opuso a la concesión del instituto. Entre otras razones, sostuvo que no se configura el requisito etario ( Jaime está lejos de cumplir los 70 años que contempla la ley) y que puede tratar su cuadro de salud dentro del penal, ya que no padece una enfermedad incurable en período terminal o una patología que no pueda ser atendida por los galenos del establecimiento.
El caso del hombre que según aseguró ante la Justicia su ex asesor, Manuel Vázquez, “no hacía nada sin una orden directa” de Néstor Kirchner podría definirse como ciclotimia carcelaria. Cabe recordar que promediando el 2017, dando señales de que sus planes incluían un encierro prolongado, le solicitó al Servicio Penitenciario disponer en su celda de una bicicleta fija, de una notebook y de una heladera con freezer para guardar la comida que le provee su familia porque dejó de ingerir el menú que se cocina en el penal.
Como la administración sólo permitió el ingreso de la bici, su letrado presentó un habeas corpus cuestionando las condiciones de encierro.
Condenas
En septiembre del 2013, Jaime fue condenado por el Tribunal Oral Federal Número 2 de Córdoba a la pena de seis meses de prisión en suspenso, por intentar robarse pruebas durante un allanamiento en su domicilio, en el 2010, una medida que se concretó en en marco de las actuaciones por enriquecimiento ilícito que lo llevarán nuevamente al banquillo de los acusados; esta vez, junto a familiares, sindicados como sus presuntos testaferros.
Todos quedaron bajo la mira judicial por las onerosas compras que hizo la heredera del ex funcionario entre el 2005 y el 2007, mientras su padre era un asiduo asistente a los actos del kirchnerismo y se hablaba de él como un “recaudador serial de dinero”.
Luego, fue sentenciado a un año y medio de cárcel en un juicio abreviado en el cual reconoció haber recibido dádivas por parte de los empresarios a los que debía controlar.
En diciembre del 2015 recibió cinco años de prisión por administración fraudulenta en el juicio por Once y el tribunal le impuso la sanción única de seis años, unificando las dos condenas anteriores.
